MÉXICO, D.F., (apro).- Defensores de derechos humanos y académicos inconformes con el mecanismo para elegir al próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que interpondrán cuatro amparos ante la justicia federal porque consideran que el proceso que se desahoga en el Senado es violatorio de los derechos humanos y no cumple con los estándares internacionales. En conferencia de prensa, Luis Muñoz, abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), resaltó que a partir de la reforma constitucional de 2011 se volvió obligatorio para las instituciones apegarse a lineamientos internacionales para la designación de los representantes de los organismos públicos de derechos humanos, entre ellos la consulta efectiva de la sociedad civil, y eso no ha ocurrido hasta el momento. Muñoz recordó que en 2013 la ODI recurrió a un amparo contra el proceso de selección de la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, “recurso del que se solicitó la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. Al repetirse el esquema de “simulación” de consulta en el mecanismo de selección del ombudsman nacional, la ODI y académicos decidieron impugnarlo a través de recursos de amparo. La objeción al procedimiento de selección del titular de la CNDH radica en que la misma convocatoria describe “un proceso de participación simulada que permitirá la designación discrecional de quien presida dicho órgano”, por lo que “no cumple con los mínimos estándares internacionales de participación efectiva”. La activista Mónica Tapia recordó que de acuerdo con los convenios internacionales firmados por México, las consultas ciudadanas deben realizarse “desde el diseño de la convocatoria” y dar lugar a “un proceso blindado contra los intereses políticos”. Las consultas ciudadanas, agregó, tendrían que incidir en la designación del titular de la CNDH y no reducirse a presentar cartas de apoyo a una candidatura. Tapia alertó que en momentos de una “severa crisis de derechos humanos, de violencia e inseguridad”, es indispensable que quienes encabecen los organismos públicos de derechos humanos cuenten con el respaldo ciudadano y autoridad moral para emitir recomendaciones que permitan sancionar a quienes no los respetan. Utilizando el lenguaje del futbol, el profesor de Estudios Sociales del Colegio de México (Colmex), Manuel Gil Antón, aclaró que los promoventes de los amparos no se pronuncian “por ningún equipo, afirmamos que el árbitro está vendido”, y por eso se busca “una comisión de arbitraje que llame la atención y ponga orden”. Explicó que la inconformidad sobre la forma en que se lleva a cabo el proceso de selección, por parte de las comisiones senatoriales de Justicia y Derechos Humanos, es una “simulación” en la que gana quien “hace valer sus relaciones políticas, sus conocidos, no sus conocimientos”. El académico firmante de los amparos sostuvo que en el procedimiento para designar al relevo de Raúl Plascencia Villanueva, o bien reelegirlo, no se hace efectiva la consulta ciudadana y, lo que es peor, “el autoritarismo nos lo disfrazan de consulta”. Luis Zambrano, profesor del Instituto de Biología de la UNAM, acotó que lo que pretenden los firmantes es dejar precedente jurídico sobre la participación ciudadana en la designación del ombudsman, pese a decisiones cuestionables de la SCJN. El académico reconoció que si bien la semana pasada la mayoría de los ministros de la SCJN votó contra las consultas ciudadanas en reforma energética, “no hay otro camino dentro del país más que recurrir al Poder Judicial de la Federación para incidir en las transformaciones sociales. Nuestra confianza radica en las instituciones no en las personas”, concluyó.