MÉXICO, D.F., (apro).- Después de dos años de investigación en su contra, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a un magistrado, un juez y cinco secretarios para que se les inicie proceso administrativo por su presunta responsabilidad al dar amparos para la importación de autos usados, que por su antigüedad ya no podían circular en México. Encargado de la vigilancia, administración y disciplina de los jueces y magistrados federales, el CJF ordenó la suspensión e iniciar el proceso administrativo, luego de dos años de investigación contra los funcionarios judiciales. Los sancionados son el juez José Neals André Nalda, actual titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y el magistrado Juan Manuel Serratos García, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Ambos fueron investigados por su papel para favorecer en 15 juicios de amparo a empresas dedicadas a la importación de autos usados, cuando se desempeñaron, sucesivamente, como titulares del Juzgado Tercero de Distrito en Baja California, con sede en Mexicali. André Nalda es acusado de “haber incurrido en notoria ineptitud o descuido” y “falta de profesionalismo”, debido a que habría celebrado audiencias incidentales en siete juicios de amparo entre 2010 y 2012, sin que todas las autoridades señaladas como responsables hayan sido notificadas. Además, en cuatro de esos juicios de amparo estableció que habrían perdido vigencia las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitidas hasta la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. En dos amparos más de 2011 también habría celebrado audiencias constitucionales cuando estaban pendientes de resolución diversos recursos de queja, mientras que en otros tres recursos habría obstaculizado la admisión de demandas de amparo. Y más: en otro juicio habría dictado sentencia sin resolver los actos reclamados por los administradores de las aduanas de Reynosa y Colombia, Tamaulipas. El magistrado Serratos García también está bajo proceso administrativo por su “notoria ineptitud o descuido” y “falta de profesionalismo”, ya que en un juicio habría admitido a trámite diversas ampliaciones de demanda, aun cuando quien las promovió no estaba legitimado para hacerlo, además de que habría dictado acuerdos para reconocer a personas que no formaban parte del juicio. En otro juicio habría pasado por encima de los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo abrogada, al admitir diversas ampliaciones de las demandas de amparo en ese y otro juicio de garantías. También están suspendidos y bajo proceso administrativo los secretarios Carlos Cataño González, ahora sin adscripción en el CJF; Patricia Ávalos Cornejo; Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, y Armando Ochoa Loza, quienes en diversos momentos fungieron como secretarios en funciones de juez en el Juzgado Tercero de Distrito de Baja California, y también actuaron a favor de las empresas en el trámite y resolución de distintos amparos. En la misma situación está Martín Leopoldo Salcido García, quien fue secretario del Juzgado Primero de Distrito en Baja California, con residencia en Mexicali. El CJF explicó que desde que se iniciaron las investigaciones pasaron dos años debido a “la complejidad” en la revisión de una importante cantidad de amparos y de criterios en los mismos.