MÉXICO, D.F. (apro).- La próxima semana llegará al país un grupo de expertos internacionales elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes revisarán las investigaciones llevadas a cabo para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Además, el equipo emitirá recomendaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, según se desprende de un acuerdo pactado este día entre los padres de las víctimas, el Estado mexicano y el relator de la CIDH para México, James Cavallaro. Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín Pro Juárez (Centro ProDH), que dio seguimiento a las negociaciones y representó a los padres de familia en la concreción del acuerdo, afirmó en entrevista con Apro que el “esquema de asistencia técnica” del grupo se enfocará en tres ejes principales y que su estancia en México se prolongará por varios meses. Primero, el grupo revisará las indagatorias que lleva a cabo el Estado mexicano según los criterios y “la experiencia que hay a nivel latinoamericano en materia de búsqueda de desaparecidos”, aclaró Aguirre. Entre otros, verificará que las autoridades planifican de manera adecuada la búsqueda de los estudiantes y se asegurará de que la investigación sigue vigente, ya que hasta la fecha los estudiantes siguen desaparecidos. Además, el grupo monitoreará la investigación penal de los hechos, asegurándose que las autoridades están utilizando todos sus recursos disponibles para llevar a cabo su misión de sancionar a los responsables de la desaparición forzada de los 43 jóvenes. Por ejemplo, examinarán si el Estado mexicano agota todas las líneas de investigación sobre los vínculos entre la delincuencia organizada y el aparato estatal de Guerrero, o si las autoridades apoyan de manera adecuada al equipo independiente de forenses argentinos encargado de identificar los restos humanos encontrados en Iguala. Asimismo, indagará si el gobierno emplea de forma adecuada la figura de la desaparición forzada –que implica la desaparición de personas por parte de integrantes del Estado–, o si utiliza todos los recursos tecnológicos a su alcance para llevar a cabo las investigaciones. Y se asegurará de que el Estado cumple con la atención a las víctimas, así como a familiares de los desaparecidos, añadió Aguirre. A raíz de las observaciones que realice el grupo, los expertos emitirán recomendaciones al gobierno mexicano, tal como quedó plasmado en las medidas cautelares que solicitó la CIDH el pasado 3 de octubre al gobierno de Peña Nieto. Cooperación con ONU El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México ante el organismo internacional, Juan Manuel Gómez Robledo, sostuvieron una reunión hoy en Ginebra, Suiza, a raíz de la cual acordaron intensificar la cooperación en el caso de los desaparecidos de Iguala. Lo anterior quedará plasmado en un acuerdo que “será firmado en los meses próximos”, según un comunicado de ONU-DH. El organismo internacional también sostiene que el gobierno mexicano aceptó que su Oficina para los Derechos Humanos en México coopere con instituciones a nivel estatal. Apro preguntó a la Cancillería en qué consistía el acuerdo, y la respuesta de Comunicación Social fue que aún no tenían más precisiones. Según Proceso 1984, el gobierno mexicano se ha negado desde 2011 a reconocer la competencia del Comité de las Naciones Unidas para la Desaparición Forzada, lo que impide a este grupo de 10 expertos internacionales abordar un caso a petición de familiares. El Comité tiene como mandato el de cooperar con el gobierno para facilitar la búsqueda y la localización de una persona desaparecida por integrantes del Estado. México firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en marzo de 2008 y la publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011. El artículo 31 de esta convención deja a la discreción del Estado firmante el derecho de reconocer la competencia del Comité de comunicarse con las víctimas de desaparición forzada. El pasado 24 de octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se alarmó por las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa y recordó al gobierno mexicano que, al no reconocer la competencia del Comité, seguía obstaculizando su acceso al país.