MÉXICO, D.F., (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza calificó como “un hecho excepcional” el acuerdo al que llegó el gobierno mexicano para investigar el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Confirmó que un grupo de expertos internacionales evaluarán las investigaciones de las autoridades mexicanas y que éstos buscarán “generar aportes para que México desarrolle las capacidades institucionales para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas”. En entrevista con Carlos Loret de Mola, refirió que en sus 55 años de existencia, la CIDH ha tenido tres casos de asistencia de esa naturaleza. "El caso de Ayotzinapa obedece a la solicitud que emitió el Estado mexicano, los representantes de estudiantes, así como los padres defamilia", comentó Álvarez Icaza. Por una parte, dijo, los padres de familia solicitaron a la Comisión nombrar un grupo de expertos independientes que generé una serie de investigaciones y recomendaciones al Estado mexicano. Así, "la CIDH decidió nombrar un grupo de expertos independientes para que México desarrolle las capacidades institucionales y así enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas", dijo el ombudsman internacional. Las desapariciones, abundó, es un tema grave y confió que con el grupo independiente se puedan avanzar en las investigaciones en el caso de Ayotzinapa. Y para no generar conflictos en materia de investigaciones, señaló que el grupo de expertos independiente será el que reporte al Estado y a la CIDH. "No será la Comisión propiamente la que intervenga en la investigación", afirmó Álvarez Icaza. La próxima semana, precisó, se oficializará el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano y a partir de ahí se definirá la ruta de trabajo a seguir y se conformará el grupo de expertos. "Después del proceso de legalización y oficialización (del acuerdo), se armará una ruta de trabajo y se dará a conocer quiénes integran el grupo y cuándo empiezan las labores". Por su parte, Emilio Rabasa, embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), comentó que el grupo de expertos estará formado por entre ocho y 10 personas y operará durante seis meses, prorrogables. Los expertos, abundó, profundizarán la indagatoria en tres aspectos: nuevos planes de búsqueda, análisis de las líneas de investigación y un plan de víctimas. “Nunca se había celebrado un acuerdo que reuniera voluntades de tres partes, no nada más es el gobierno mexicano, es todo el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los representantes de los peticionarios o de las víctimas”, destacó Rabasa. En entrevista con Radio Fórmula, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidió en que la asistencia de la CIDH debe perseguir dos objetivos: uno circunscrito a la investigación del caso Ayotzinapa y otra a al diagnóstico nacional sobre desaparición forzada. "No podemos regatear la disposición del estado mexicano para aceptar la asistencia técnica, pero por otra parte la disposición de la CIDH", dijo. El acuerdo entre los padres de las víctimas, el Estado mexicano y el relator de la CIDH para México, James Cavallaro, fue signado el miércoles pasado.