Lima (apro).- Se hacen llamar sindicatos y están reconocidos como tales por el gobierno de Perú, pero en realidad son bandas de extorsionadores que en los últimos años han convertido el próspero sector de la construcción de este país en un sangriento campo de batalla. Asesinatos con el sello del sicariato, tiroteos en salas de baile, ajustes de cuentas con metralletas uzi, enfrentamientos multitudinarios con palos, piedras y armas de fuego en plena calle por el control de alguna obra… El incipiente crimen organizado de esta nación andina ha encontrado en el ladrillo su más preciado botín y desde el anterior gobierno han aprovechado una polémica legislación laboral para camuflarse como organizaciones gremiales. Hay cientos de estos pseudo sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo. El que se les enfrenta se arriesga a las represalias de estos grupos, que no dudan en utilizar a sicarios para quitarse de en medio a todo aquél que se interponga en su camino. La cifra de víctimas mortales no para de crecer como consecuencia de las prácticas mafiosas de estos grupos y de sus luchas de poder en un país en el que el sicariato y la delincuencia organizada son algo relativamente nuevo. A pesar de que Perú se ha convertido en el mayor productor de hoja de coca del mundo, no han surgido en el país, al menos de momento, grandes grupos del narcotráfico como en México o Colombia, capaces de diversificar sus actividades para abarcar más escalones en la cadena del narcotráfico de modo que puedan transformarse en cárteles. Lo que sí está desarrollando Perú es una generación de extorsionadores que actúan en infinidad de ámbitos, desde el pequeño comercio a la usurpación de tierras. Pero donde más están despuntando es en la construcción, rubro que se ha convertido en el puntal de estas organizaciones gangsteriles en todo el país. La incapacidad del Estado para controlarlos se refleja en el hecho de que hasta ahora no han tenido ningún problema en registrarse como sindicatos. De acuerdo a la normativa vigente en los últimos años, bastaba con que “12 personas se junten y se puedan inscribir en el Ministerio de Trabajo. Generalmente son delincuentes que se unen, arman su sindicato y se inscriben. Así de fácil”, lamenta Germán Loyaga, portavoz de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). “Luego van y reclaman obras y presionan a los empresarios. Eso genera enfrentamientos con los verdaderos trabajadores”, añade el representante empresarial. El pasado 7 de noviembre el ministerio de Trabajo anunció la anulación del registro automático de sindicatos, y a partir de ahora está condicionado a una evaluación previa en la que esa cartera tiene siete días para responder afirmativa o negativamente en coordinación con el Ministerio de Interior. Además, obligará a las empresas a informar con nombre y apellidos de todos los trabajadores en nómina en una obra. Está por verse la efectividad de esta medida, pero las mafias de la construcción no parecen dispuestas a ceder. En tres días siguientes al anuncio, tres obreros de la construcción y un dirigente sindical fueron asesinados a balazos en distintos puntos del país por sicarios al servicio de esos grupos. Prácticamente no pasa una semana sin que la crónica roja registre un homicidio o intento de asesinato a manos de sicarios, una agresión, la desarticulación de una banda o un choque a tiros entre grupos rivales con el trasfondo de la extorsión en la construcción. Muchas veces las víctimas son miembros de estas organizaciones “gremiales” que resuelven a balazos sus disputas de poder. Pero en no pocas ocasiones toman represalias contra obreros, dirigentes sindicales, ingenieros o empresarios que se les oponen. El “pacto” de Alan Luis Villanueva, secretario de organización del ramo de la construcción de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor del país, explica que el fenómeno de la extorsión en la construcción “empieza a surgir justo de la mano del crecimiento del sector, más o menos en el año 2001”. Sin embargo, agrega, el surgimiento de los pseudo sindicatos, que ha agravado el problema, viene del gobierno anterior”, el de Alan García (2006-2011), al que Villanueva acusa de facilitar la agremiación sindical de grupos de matones para debilitar precisamente a su organización. “García llega a la presidencia ofreciendo muchas cosas al pueblo, pero una vez que el gobierno vira a la derecha, se olvida de sus promesas electorales, y la CGTP comienza a exigir esas promesas en las calles”, recuerda. El entonces mandatario “no tuvo mejor idea que hacer un pacto con la delincuencia: a través del ministerio de Trabajo se legalizó a esta delincuencia porque se le empezó a dar reconocimiento de sindicatos, sin ser sindicatos, para dividir a la federación de construcción civil, porque es la que sostiene a la CGTP”, denuncia. “En un momento seguramente los tuvieron controlados, pero posteriormente esta delincuencia los ha desbordado, se les ha ido de las manos”. Desde el mandato de García, el boom de la construcción se intensificó. El consumo de cemento pasó de 5.6 millones de toneladas en 2006 a 10.1 millones en 2012. El número de trabajadores empleados en el rubro, que a principios de siglo rondaba los 45 mil empleados, ha crecido hasta algo más de 400 mil. En los últimos ocho años el Ministerio de Trabajo ha registrado más de 600 nuevos sindicatos. Muchos de ellos, grupos criminales disfrazados. Estos falsos gremios tienen varias modalidades de ingresos. Por un lado, obligan a pequeños y medianos empresarios del ramo en todo el país a contratar sus servicios de “seguridad” por un porcentaje de la obra que, según cálculos de la policía, puede llegar hasta 5% del presupuesto. Una vez recibido el pago, marcan su territorio poniendo a sus matones a vigilarla. Son los denominados ‘chalecos’, ya que visten este tipo de prendas, y se encargan de impedir la intrusión de otros grupos rivales. Las constructoras ya tienen previsto este tipo de gasto, que incluyen en la cotización al cliente dentro de un rubro denominado “paz social”. Es decir, evitar que les hagan imposible seguir adelante con el proyecto con base en amenazas, boicoteos, bloqueos en las entradas, agresiones a los trabajadores y a los responsables… El ingeniero civil español Santiago García (que usa un nombre ficticio para este reportaje por motivos de seguridad) llegó hace unos años a trabajar a Perú. Su primer proyecto fue la construcción de una hamburguesería en Lima. Ya estaba avisado de que el grupo que controlaba la zona le iría a pedir una “cuota” y, en efecto, no tardaron en presentarse los representantes de un “sindicato” a cobrar. Como era una obra de pequeña envergadura logró resolver el trámite con 100 nuevos soles (apenas unos 40 dólares) y unas gaseosas. A cambio, el “líder sindical” le firmó un documento en el que le garantizaba la “paz social”. En la firma, junto a su nombre, no tuvo reparos en poner su apodo: Popeye. No obstante, relata que después trabajó en la construcción de un gran centro comercial en un barrio de clase alta de la capital peruana. “Estaba en una zona de confluencia entre dos áreas de sendos ‘sindicatos’ que pelearon entre sí por el proyecto y al inicio nos pusieron en la entrada tanquetas de policía. Teníamos que llegar en taxi hasta dentro de la obra. Hubo un muerto por arma de fuego y se arregló”. Estos grupos mafiosos, señala, tienen a informantes dentro de las administraciones municipales que les avisan cuando hay una obra. Por su parte, las empresas constructoras grandes, continúa, tienen gente especializada para este tipo de negociación, que se puede poner complicada. En Callao, un municipio pegado a Lima, donde está el puerto capitalino, “se negocia con las pistolas encima de la mesa”, apunta. Otra fuente de ingresos es la imposición de un cupo de trabajadores en cada obra. Suele ser entre 5% y 10% del total y tienen que dar una parte de su salario al pseudo sindicato que les consiguió el trabajo. “Como están respaldados por estas mafias, el nivel de exigencia hacia ellos es casi nulo. Les damos trabajos fáciles y rápidos, como pintura o limpieza”, afirma García. “Intentamos que hagan algo y que se vayan cuanto antes porque son manzanas podridas”, agrega. Para estas bandas, los auténticos sindicatos representan un obstáculo y a menudo los han infiltrado. Cuando no han podido, se han enfrentado a ellos con resultados trágicos. Amenazas y palizas a los líderes gremiales son habituales. Y cuando eso no es suficiente, no han dudado en recurrir al sicariato. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil de la CGTP ya ha visto morir a 10 dirigentes en distintos puntos del país a manos de estos falsos gremios. Hace un año, el 21 de octubre de 2013, Aníbal Ruiz, dirigente durante 14 años de esta organización en Barranca, un boyante balneario a unos 165 kilómetros al norte de Lima, salía de una reunión en la sede del sindicato con un compañero cuando fue interceptado en plena calle por dos hombres que le dispararon en tres ocasiones, una de ellas en la cabeza. “Él siempre se enfrentaba cara a cara a estos delincuentes en las obras a las que él iba”, dice su hija Valia Ruiz. “Durante los 14 años que estuvo como dirigente recibió amenazas para que dejase el cargo. Le llamaban al celular, le hacían escuchar tiros, le llamaban de la cárcel, pero él no se amedrentaba ante esto. Siguió luchando y lamentablemente le costó su vida”. Hubo cuatro detenidos por este crimen como autores materiales. Sin embargo, Valia reclama saber quiénes fueron los autores intelectuales: “Yo pienso que son algunos compañeros que han estado alrededor de él, que han querido su cargo para aprovecharse de éste y extorsionar a las empresas. Algún compañero cerca de él dentro del mismo sindicato tuvo que haberlo traicionado”, asegura. La Policía Nacional del Perú formó en 2010 una unidad especial para combatir este tipo de crímenes: la División de Protección de Obras Civiles (Divproc), pero ésta se concentró en el área capitalina de Lima y Callao, donde comenzó el problema. Hasta julio pasado no se creó una a nivel nacional, pese a que hace años el problema se ha extendido al resto del país. “Esto se está convirtiendo en un problema de nivel nacional. La violencia en obra abierta va migrando a otros lugares, e incluso a otros sectores en los que hay auge”, indica Loyaga, quien lamenta que esta situación “genera que muchos empresarios detengan sus inversiones”. Es un problema, es un freno al crecimiento económico de Perú, “porque en un país convulsionado por esta violencia a veces hay que meditar mucho para poder invertir”, advierte. Por ello, Capeco ha contribuido desde sus inicios a la labor de la Divproc con apoyo logístico (escritorios, computadoras, reparación de vehículos…) Sin embargo, señala su portavoz, “el problema no está en la policía, sino en el sistema de justicia”. “Cuando la policía detiene a una de estas bandas con armamento, mientras los atestados son elevados al Ministerio Público o al Poder Judicial, estos sujetos son liberados”, denuncia su portavoz. “Esto genera que los empresarios no denuncien, porque si ese sujeto es liberado va a tomar represalias. Esto explica que no haya muchas denuncias de extorsiones en muchos casos”. Según datos de la Divproc, hasta el año pasado había detenido a más de 8 mil personas relacionadas con la extorsión en la construcción, pero sólo se presentó una acusación formal contra 82 de ellos, ya que las víctimas no ratificaron sus denuncias. Y es que el poder de intimidación de estas organizaciones es muy fuerte. “Es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean más drásticos con estos tipos”, reclama Loyaga. Por su parte, Villanueva critica la falta de labores de inteligencia para afrontar estas mafias: “La inteligencia es clave para que agarren no a los operativos, sino los cabecillas”. Sin embargo, comenta, “los gobiernos lamentablemente no han tomado decisiones drásticas, no ha habido una política de Estado para enfrentar esta criminalidad, de tal manera que ha ido creciendo”.