Para la ONU, el peor caso de desapariciones

El jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU vino a México y se pronunció sobre el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo tiene claro: Al menos en los últimos cuatro años, en todo el planeta no ha habido un caso con las características del perpetrado en Iguala. Entre las posibles explicaciones está el hecho de que la impunidad tiene un “patrón crónico” en el país y que el gobierno mexicano no atendió 33 recomendaciones que esa instancia hizo en 2011.

En los años recientes ningún país ha tenido una desaparición forzada de la magnitud de la ocurrida en Iguala. Y ya desde 2011 la ONU había advertido al gobierno mexicano que en los “miles y miles” de estos casos que hay en México existe el “patrón crónico de la impunidad”.

Así sintetizó Ariel Dulitzky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU (GTDF-ONU), la mirada que este organismo internacional tiene sobre lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando seis personas fueron asesinadas, una veintena heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados y desaparecidos por policías municipales.

Esos hechos obligaron a Dulitzky a visitar México la semana pasada. Aquí hizo una lista de deficiencias del gobierno federal: Las mismas que detectó en 2011 cuando visitó el país durante 13 días para constatar las denuncias que había en ese tiempo.

“La única diferencia de lo sucedido en Iguala con las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia y las de años recientes es la magnitud, el número de desaparecidos. En mis cuatro años de encargado del Grupo de Trabajo no he recibido ningún caso así de ningún país”, sostiene Dulitzky en entrevista con Proceso.

“Mi presencia aquí refleja la importancia que la comunidad internacional le está dando a los hechos de Iguala”, dice. Y explica que todas las desapariciones sucedidas desde los setenta comparten ciertas características: “Aparente implicación del crimen organizado, dificultades de coordinación entre autoridades federales y locales, falta de reacción inmediata, insuficiencia en la legislación y desconfianza de los familiares en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, las policías y las fuerzas armadas”. Así, denuncia la “impunidad crónica que contribuye a la perpetuación de las desapariciones forzadas”.

Enumera otros errores del gobierno: carece de políticas públicas para combatir las desapariciones, de coordinación horizontal y vertical entre los niveles de gobierno y de un sistema nacional de búsqueda, además de que ni siquiera ha delineado un marco legal adecuado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

Sobre las dudas que generó la última versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los jóvenes secuestrados fueron calcinados, Dulitzky explica: “Eso (la incredulidad) es porque hay una situación de desconfianza que trasciende este caso y que está todavía sin resolver. (…) El Estado no estaba preparado para esto”.

“¡Nos engañaron!”

Minutos después de la entrevista con este semanario, Dulitzky se reunió con diputados de la Comisión Especial que indaga el caso Iguala en la Cámara de Diputados. Ahí escuchó loas al Ejército, institución que, según sobrevivientes del ataque, no los ayudó.

Como informó más tarde Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), durante la reunión el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, justificó el actuar del Ejército durante la noche de los ataques: “¡Nos engañó! El secretario de Seguridad Pública de Iguala nos mintió. Nos dijo que no habían secuestrado a nadie, que ellos no iban custodiando los camiones de los estudiantes ni tampoco habían detenido a nadie. ¡Nos mintió, nos engañaron!”.

El deslinde del secretario sólo lo convalidaron los representantes de PVEM y PRI. Los de PT, PRD y MC cuestionaron la poca verosimilitud de la afirmación del militar. Panal y PAN guardaron silencio.

Ante los diputados de la comisión especial, Dulitzky aclaró que el GTDF-ONU no hace investigaciones ni pretende sustituir a las autoridades, pero que tanto su grupo como “el relator sobre la tortura, el relator de independencia judicial, el titular de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos hemos señalado que uno de los principales problemas que tiene la administración de justicia en México es que se apoya en declaraciones testimoniales.

“En general, muchas de las declaraciones testimoniales son obtenidas bajo coacción o tortura, éste es un problema, y no estoy diciendo y no quiero que así lo interpreten, que en este caso la haya habido. Lo que yo digo es que todos los organismos internacionales de derechos humanos han señalado que el principal instrumento de investigación penal en México es la declaración testimonial o la confesión. Y esto crea graves problemas de confiabilidad en la justicia, por eso es tan importante la participación de los peritos argentinos.

“Creemos que muchos casos son consecuencia de encubrimiento de uso excesivo de la fuerza, de modo que hay que regular el uso de la fuerza.”

En esa junta detalló que, aunque la dimensión del caso Iguala (“es gravísimo”) lo trajo de nueva cuenta a México (en 2011 visitó Guerrero, Chihuahua, Coahuila y el Distrito Federal), se debe entender que la desaparición forzada de los 43 estudiantes “es un caso entre miles y miles de casos”.

Dulitzky rechaza que el caso de Iguala sea un crimen de Estado. “Se trata de una desaparición forzada, que es diferente a cualquier otro crimen porque no es cometida por error, negligencia o exceso. Es una política, es un acto planificado. Uno no secuestra, mantiene oculta a la persona y niega su privación de libertad. Y no hace un montaje para mantener en secreto esta práctica”.

Recuerda que, producto de la visita en 2011, el GTDF-ONU hizo 33 recomendaciones al gobierno de México. El descubrimiento de fosas clandestinas en Iguala, dijo, “demuestra que las conclusiones a que llegamos, las recomendaciones y la falta de cumplimiento de ellas, siguen vigentes”.

Durante el encuentro con los legisladores aseguró que si se hubieran aceptado, algunas de las propuestas “hubiesen permitido al Estado estar mejor preparado para responder a un incidente como éste”.

Lo que es imprescindible para México, enlista, es reconocer la dimensión del problema, construir una base de datos genéticos, crear una ley general sobre desapariciones forzadas, tipificar el delito a escala federal –donde se explicite que este crimen ocurre cuando participan autoridades o cuando intervienen grupos civiles con aquiescencia de las autoridades– y fundar un Instituto Nacional de Ciencia Forense, entre otras recomendaciones.

Según la averiguación previa en torno al caso, no hay acusaciones de desaparición forzada: “Si la observan, las consignaciones no son sobre desaparición forzada, de modo que quienes sean condenados, si es que alguien es condenado por los hechos de Iguala, no van a recibir condena por desapariciones forzadas. Y esto es porque hay una limitante en el marco legislativo actual y una diferencia entre cómo se regula el secuestro y cómo una desaparición forzada.

“No hay capacidad de análisis de inteligencia por parte de la procuraduría en un gran número de casos, ni recursos suficientes. (…) En materia de justicia vemos que carecen de la capacidad y capacitación necesaria para tratar fenómenos tan complejos, donde se cruza el crimen organizado, la corrupción y el accionar de las fuerzas de seguridad.”

Todo lo anterior, sintetizó, muestra que el Estado no tiene voluntad o si la tiene, no posee la capacidad de investigar, juzgar y sancionar los casos de desaparición.

Para enfrentar el problema se requieren decisión y voluntad política, sostuvo, no sólo leyes. “No puede ser que México sepa mejor cuánta cantidad de petróleo exporta que cuánta cantidad de personas están en desaparición forzada. Es una cuestión de prioridad, de cómo establece estadísticas un país.

“Iguala tiene que ser la oportunidad para igualar a todas las víctimas de derechos humanos, y el caso de la Normal tiene que ser para normalizar la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.”

Las dudas

El mismo jueves 13 en que habló con la Comisión Especial, Dulitzky se reunió con normalistas sobrevivientes y familiares de desaparecidos, el procurador Murillo Karam y el titular de la Sedena. En la junta con Cienfuegos hizo varias revelaciones, según el diputado integrante de la comisión Mejía Berdeja, quien estuvo presente.

La primera es que la noche del enfrentamiento el Ejército tenía a uno de sus integrantes en el centro de control C4, y que éste le reportaba al comandante del 21 Batallón de Infantería, destacamentado a tres kilómetros de donde ocurrieron los hechos. El militar en el C4 escuchó cuando se dijo que hubo un primer enfrentamiento en la central de autobuses, que los jóvenes iban custodiados por policías y que habían detenido a algunos. Incluso oyó que había habido balaceras.

“El comandante del batallón se comunicó con el director de seguridad de Iguala y éste le dijo que no era cierto, que no había nada: ‘No estamos custodiando, no hay detenidos’. ¡Nos mintieron. Nos engañaron!”, soltó el general Cienfuegos.

Luego les expresó que, ante ello, el comandante se comunicó “con la Secretaría de Seguridad del estado y ahí afirmaron que no tenían información”. En ese momento, dicho mando pensó que algo andaba mal, recuerda Mejía que relató el general. “Eso fue a las 21:55 horas”.

A las 22:20 horas llegó el reporte de que en la carretera Iguala-Chilpancingo había un autobús abandonado. Los soldados acudieron y lo encontraron vacío, pero hallaron restos de granadas de humo detonadas. Suponen que así los atacantes obligaron a los jóvenes a bajar.

Exactamente a medianoche los militares recibieron una llamada anónima en la que les reportaron que había gente herida en el hospital. En ese momento fue desplegada la Fuerza de Reacción.

En el hospital vieron a algunos jóvenes normalistas, entre ellos a un herido en la pierna. Les preguntaron los nombres y, sin agredirlos –según dijo el secretario en la reunión–, se fueron sin dejarles una guardia. A las 00:30 del 27 de septiembre remolcaron el autobús. Regresaron al hospital seis elementos de tropa y un oficial, pero el personal sanitario les dijo que los muchachos ya se habían ido.

Más tarde, a las 2:45 de la madrugada, apuntó el general, uno de los jóvenes que estuvo en la clínica fue entrevistado por Milenio y Cadena 3 y relató lo sucedido. Mejía se pregunta: “Nos mostraron el video y se ve que estaba lloviendo tupido, era la misma hora en que se supone que estaban quemando a los muchachos, ¿cómo le hicieron para mantener la hoguera si llovía?”

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