Pese a las dudas, a Peña Nieto “le urge” cerrar el caso

BERLÍN.- El gobierno mexicano desplegó la estrategia de cerrar lo más pronto posible el caso Ayotzinapa sin una investigación profunda. Pretende así desactivar el movimiento social generado por la desaparición de los 43 normalistas. Pero ello sólo siembra más dudas entre los padres de los estudiantes y genera una reacción contraria, pues las inconsistencias de las investigaciones alientan la posibilidad de que los jóvenes sigan vivos.

Tal es el análisis de Abel Barrera Hernández, fundador de Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de la Montaña y parte del equipo que representa legalmente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Barrera viajó a esta ciudad invitado por la sección alemana de Amnistía Internacional (AI) con el propósito de reunirse con la sociedad civil y con representantes del Parlamento y el gobierno alemanes.

En entrevista con Proceso, Barrera señala los problemas que como parte coadyuvante del caso les ha tocado enfrentar, enlista la serie de irregularidades que desde su punto de vista ha tenido la investigación y advierte sobre la intención del gobierno de aislar el caso y reducir su responsabilidad sólo a la autoridad municipal.

“El hecho de ser coadyuvantes en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos nos ha generado una fricción fuerte con las autoridades federales porque hay desconfianza hacia nuestro trabajo. Temen que al acceder a los expedientes filtremos información delicada y que no puede manejarse tan libremente fuera del espacio de investigación. Nosotros en cambio lo vemos como un pretexto para impedir que se cumpla esa garantía a la coadyuvancia a la que tienen derecho las víctimas”, dice.

Luego de la conferencia de prensa donde el procurador Jesús Murillo Karam presentó los avances en las investigaciones en el caso de los 43 desaparecidos, los padres de familia, se supo, manifestaron su desacuerdo en cuanto a que la información y los videos fueran dados a conocer.

Barrera –galardonado en 2011 con el Premio de Derechos Humanos de AI– explica que más allá del aspecto humano, el motivo por el cual se pidió la reserva de la información tiene que ver con la percepción y su efecto irreversible de presentar sólo una línea de investigación como una verdad absoluta.

“No se puede presentar a los medios de comunicación y a la opinión pública una línea de investigación como algo resuelto, porque aunque se aclare que sólo es una línea, el efecto es otro: Es una forma simulada para decir que este caso casi está cerrado, cuando no es así.

“Los padres le comentaron incluso al procurador la coincidencia de que al día siguiente de su conferencia, el presidente Peña Nieto se iba de viaje. Se trató de un claro cierre del caso con los resultado presentados para que los medios de comunicación los reprodujeran mientras el presidente volaba y poder presentarse en escenarios internacionales diciendo que se está avanzando en el caso”, señala.

Según Barrera, también preocupa que la investigación se restrinja a partir de ahora a la sola declaración de los tres presuntos autores materiales, sin indagar a la autoridad.

“Una fuente fundamental de información son también los policías que detuvieron a los estudiantes. Sólo se sabe que los entregaron y con ello se robustece la línea de investigación hacia el grupo criminal Guerreros Unidos, pero se deja de lado aquella que conduce a toda la red de complicidades entre las policías municipales de Iguala y Cocula y los funcionarios públicos de esos municipios.

“Por otro lado también se tiene la actuación misma del Ejército, que no intervino. Iguala cuenta con un batallón y fuerzas especiales que se supone están para combatir al narcotráfico. Estamos entonces frente a un posible caso de omisión que tiene que ser investigado; cómo es posible que en un evento en el que hubo uso de armas y se perpetró un delito grave de desaparición, nadie hizo nada. Cosa aparte son las innumerables fosas clandestinas encontradas de las que ya tampoco nadie habla”, argumenta.

Irregularidades

Enumera al menos cuatro irregularidades dentro del proceso y que a su modo de ver le restan credibilidad a la investigación:

Primero la prisa por arrojar resultados preliminares que reducen la línea de investigación a un sólo grupo armado; partir sólo de las declaraciones de tres presuntos autores materiales –cuando se ha mencionado la posible participación hasta de 15– sin corroborar sus dichos con una investigación; la falta de trabajo de inteligencia y del uso de tecnología para la búsqueda de los jóvenes; y las tácticas dilatorias para no informar a los padres, toda vez que, asegura, los expedientes de la causa fueron turnados a un juez en Matamoros, Tamaulipas.

“Todo esto deja una incógnita mayor en la sociedad. No podemos negar que hay desconfianza a priori en el órgano investigador de México porque en otros casos no se ha concluido con detenciones claras contra los responsables. El mejor ejemplo de ello es el crimen de Arturo Cardona, líder de la Unidad Popular.”

En tanto la encargada de México y América Latina de Amnistía Internacional Alemania, Maja Liebing, coincide con Barrera en cuanto a que la responsabilidad de los sucesos de Ayotzinapa debe ser asumida plenamente por el gobierno mexicano.

En entrevista señala que en reuniones con la embajadora mexicana en Berlín, Patricia Espinosa Cantellano, el discurso se mantiene inmutable y apunta al gobierno municipal como único responsable.

“Por desgracia ellos tienen otra interpretación de la situación en México. El gobierno federal no niega que hay grandes problemas e incluso reconoce la responsabilidad de la policía local, pero como gobierno central se mantiene alejado de cualquier tipo de responsabilidad. Incluso nos señalan que nuestra campaña está mal enfocada porque nos dirigimos al gobierno federal (…) Definitivamente no asumen su responsabilidad y creemos que ese debería ser el primer paso para poder cambiar algo”, enfatiza.

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