Desde Salinas, gobiernos son “responsables de crímenes de lesa humanidad”: TPP

MÉXICO, D.F. (apro).- A raíz de tres años de trabajo, lapso en que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en México, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) culpó de crímenes de lesa humanidad a todos los gobiernos, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la administración de Enrique Peña Nieto.

El organismo publicó hoy su sentencia que abarca a varias empresas transnacionales, países terceros –sobre todo Estados Unidos, Canadá y Alemania–, así como a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros, por su responsabilidad directa e indirecta, en la situación que priva en México.

Si bien se apoya en la legislación mexicana y los convenios internacionales que firmó el país, la sentencia revierte un carácter simbólico, ya que el TPP no cuenta con el poder de traducirla en práctica punitiva.

Por lo anterior, el Tribunal urgió al fiscal de la Corte Penal Internacional a abrir una investigación sobre la situación de México desde el primero de enero de 2006, fecha en la que el país entró oficialmente bajo la jurisdicción del órgano internacional.

En las 96 páginas que conforman el texto de la sentencia, el TPP resumió sus observaciones respecto a las cerca de “500 violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, agravios e impactos masivos que afectan a una gran parte de la población”.

Según aquellas, las poblaciones más vulnerables –mujeres, indígenas, personas de escasos recursos, migrantes y jóvenes– padecen de la mayor parte de estas violaciones.

Impunidad, el sello

El TPP enlistó algunos crímenes de lesa humanidad cometidos en México desde la administración de Salinas: Asesinato, exterminio, esclavitud, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura, violación sexual y persecución política en total impunidad.

La instancia manifestó su alarma ante la violencia “sistematizada” que desborda actualmente el país y destacó su preocupación sobre sus impactos en las generaciones futuras.

Asimismo, la sentencia planteó la falta de resultados de la justicia mexicana para resolver la “inmensa mayoría” de las demandas de las víctimas y los sobrevivientes en México. Deploró que, sólo 6.2% de los delitos cometidos en México en 2013 hayan sido esclarecidos.

“El TPP ha tenido acceso a las estadísticas oficiales, proporcionadas por distintos gobiernos que hablan de 50 mil personas muertas o que señalan un día 20 mil personas desaparecidas, otro 16 mil y otro 8 mil, usando los números como una forma de legitimar políticas y no tener conocimiento de las dimensiones y los impactos de un problema”, aquejó.

Según el TPP, las autoridades de los gobiernos que se sucedieron desde Salinas permitieron estos delitos, incluso, los favorecieron mediante “el desmantelamiento de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas constitucionales” y a través de un esquema de “violencia institucional” que les permitió “imponer políticas económicas”.

Así, el Tribunal responsabilizó a las distintas administraciones del “desvío de poder” del Estado, que consiste en el desuso de las capacidades económicas, políticas y jurídicas de México, no para el bienestar de la población, sino a favor de intereses personales y privados.

Según los jueces, los gobiernos de México han abusado de métodos represivos, difamación pública y deslegitimación de las demandas sociales para socavar la libertad de expresión y las críticas hacia las políticas gubernamentales.

La sentencia sostuvo: “En México hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles de masacres (…) son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado”.

TLCAN, parte del problema

El Tribunal Permanente de los Pueblos afirmó que “el Estado se (convirtió) en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas” desde la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1 de enero de 1994.

A partir de la entrada en vigor de este tratado –que marcó la implantación de México en una economía neoliberal–, los gobiernos y poderes fácticos se esforzaron por privatizar “espacios y servicios públicos con graves consecuencias para la salud o la integridad”, resumió el TPP.

Entre las condenas más virulentas que hizo al Estado mexicano y a las empresas nacionales y transnacionales, destacó su responsabilidad en la catástrofe ambiental que sufre el país. Según los jueces, en los últimos 20 años México ha perdido 34.68% de sus bosques y 70% de sus ríos están contaminados.

El TPP planteó que en sus políticas del agua y conflictos ambientales, el gobierno no da prioridad al consumo humano ni a la soberanía alimentaria, sino que “da preferencia a la minería, a la petroquímica, los proyectos industriales y los agroindustriales”.

Y no sólo eso: 80% de los residuos industriales no reciben tratamiento adecuado mientras que, según la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental (Profepa), en los primeros 632 días de la administración de Enrique Peña Nieto han ocurrido mil 124 emergencias ambientales en México.

De acuerdo con el TPP, los sucesivos gobiernos han fomentado la degradación ambiental a través de una “violencia estructural desatada en contra de la naturaleza y los núcleos de población indígena, agraria y urbano-popular”, los cuales fueron “aniquilados, desplazados u obligados a habitar ambientes deteriorados”.

Lo anterior, “con el propósito de hacer efectivos los despojos masivos de territorios que las empresas privadas requieren para el aprovechamiento irracional que hacen de los recursos naturales del país”, precisó.

Por último, denunció las “frecuentes formas de persecución a los defensores ambientales con detenciones arbitrarias e incluso asesinatos”.

 

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