MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente interino del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, propuso hoy crear una comisión legislativa investigadora para esclarecer si existe conflicto de interés y otros presuntos delitos en el caso de la mansión propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. En un mensaje a la opinión pública, emitido la tarde de este viernes, Anaya afirmó que, a dos años de gobierno de Peña, el país atraviesa por una profunda debilidad en materia de combate a la corrupción, y alertó sobre “una crisis de legitimidad de todo el sistema político si no se actúa de manera clara y contundente” al respecto. Expuso que las informaciones periodísticas sobre la mansión de Angélica Rivera, esposa de Peña, han despertado numerosos cuestionamientos en la opinión pública, y “si bien la decisión de explicar el procedimiento de adquisición del inmueble y de publicar íntegramente la declaración patrimonial del presidente es correcta, el hecho evidente es que aún persisten dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses”. El PAN, agregó, “considera que se requieren acciones más contundentes que disipen cualquier duda sobre posibles violaciones a las leyes mexicanas, en especial la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y la Ley de Obras Públicas”. Por ello, Anaya pidió al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo, promover la creación de una comisión especial, responsable de investigar el caso. También solicitó al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, Jorge Luis Preciado, “poner el máximo cuidado, la máxima atención y la máxima diligencia” en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que tendrá lugar en los próximos días, cuyo titular deberá contar con la solvencia moral y la capacidad técnica para estar a la altura de los retos y desafíos que México enfrenta. “Ambos órganos, la comisión especial y la fiscalía, deberán abocarse, de inmediato, a disipar los cuestionamientos que persisten en la opinión pública, señaladamente los siguientes: ¿Cuál fue el motivo y, en su caso, la consecuencia legal de que el presidente no haya incluido en su declaración patrimonial los bienes de su cónyuge? ¿Cuál es el fundamento legal de la decisión del presidente de revocar el fallo de la licitación del tren rápido México-Querétaro, reponiendo el procedimiento desde el inicio? ¿A cuánto asciende la indemnización que el gobierno de la República deberá cubrir a los ganadores de la licitación? ¿Existe un conflicto de intereses en torno al contratista y a la vez dueño de la casa?” Puntualizó Anaya: “La conveniencia de que tales cuestionamientos sean aclarados justifica plenamente la necesidad de que este tema se procese de manera imparcial y transparente; sin juicios anticipados y sin encubrimiento”.