Guatemala: Autoconsulta ante megaproyectos

Huehuetenango/Ciudad de Guatemala (apro).- Desde hace siete años la empresa minera Marlin, propiedad de la corporación canadiense Goldcorp, es señalada por recurrir a mentiras para establecer sus proyectos, e incluso por realizar actos de corrupción.

El más reciente escándalo en el que se vio envuelta la empresa surgió a raíz de un recibo en el que su filial Montana Exploradora de Guatemala SA de CV pagó 21 mil 490 quetzales a la Policía Nacional Civil (PCP) del país centroamericano.

El recibo, del que Apro obtuvo una copia, está firmado en San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos, donde se ubica la minera a cielo abierto. El concepto es por “tiempos de alimentación servido a Contingente de apoyo de la PCP”. Este hecho podría constituir cohecho, de acuerdo con el Código Penal Guatemalteco.

Francisco Rocael, activista indígena popti, integrante de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) y del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, relata que la minera llegó pidiendo terrenos supuestamente para sembrar orquídeas. Luego comenzó a cavar, a llevarse el agua. Cuando se instaló, se dividió la comunidad y a partir de entonces brotaron prostíbulos y enfermedades. También denuncia que hay un “contubernio” entre la PCP y la minera.

“Deforestación, erosión, contaminación y escasez de agua (…) aumento de competencia por recursos hídricos; aumento de militarización y represión, toque de queda a las diez de la noche en Ixtahuacán, son otros de los efectos que ha causado la mina”, de acuerdo con el documento Invirtiendo en conflicto. Destrucción local, ganancia ajena: Goldcorp en las Américas, realizado por las organizaciones Mining Watch Canada y Rights Action.

“Esto ocurre en casi todas las comunidades donde se instalan esta clase de proyectos, que nunca se hacen consultando a la población y termina generando conflictos”, cuenta Rocael.

En Guatemala hay un total de 65 licencias en exploración y 280 en explotación,  de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.

El indígena afirma que a lo largo y ancho del territorio guatemalteco existen, junto con las minas, otros mega proyectos, como hidroeléctricas (32 en distintas fases), cementeras (San Juan Sacatepéquez), eólicas (Villa Canales, departamento de Guatemala) y plantíos extensivos de palma (Sayaxché, en el Petén).

Desde la reforma a la Ley Minera en 2005, la exploración para la realización de estas obras ha sido hecha sin aviso previo y de forma informada y “de buena fe”, como determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, recuerda.

Saturnino Figueroa, maya q’anjob’al de Santa Cruz Barillas, explica que mientras se realizaba la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996, se emitían también normativas como la Ley Minera, “que facilitan la entrega de estos bienes”.

De acuerdo con el indígena, para instaurar estos proyectos no son los inversionistas los que compran las tierras, sino comisionistas que envían a cotizar y comprar para vender luego a corporaciones, sin el conocimiento siquiera de alcaldes locales. Estos comisionistas, revela, pagan el dinero y reciben los papeles como particulares.

“Cuando llega alguien a tu territorio y dice véndeme tu terreno, nadie sospecha”, comenta.

Relata: “Llegaron personas diciéndole a la gente que les vendiera los terrenos a la Rivera del río Cambalam. Decían: ‘Tenemos proyectos agropecuarios, vamos a hacer viveros para café, naranja, lima; tenemos proyectos para agroindustria, nos gustaría por el riego’. Y así fue la forma en que penetraron”.

Posteriormente la empresa llegó para medir los ríos. Los pobladores se enteraron que había una licencia otorgada para el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz dentro del complejo de tres cataratas que los q’anjob’al consideran sagrado.

“Se ha mentido, se ha engañado, no sólo no consultan ni informan, sino que engañan a la gente, diciendo que van a hacer otro tipo de proyecto cuando están adquiriendo los bienes”, denuncia Figueroa. “Cuando las comunidades detienen la maquinaria, son acusados de secuestro y detención arbitraria”, añade.

“La paz no existe”

Marco Aroldo Mateo, también indígena poptí, reportero y columnista de diversos medios de comunicación de Guatemala, relata que lo primero que los pueblos indígenas comenzaron a hacer ante este escenario fue informarse mediante foros, luego detener la operación de las maquinarias y realizar consultas comunitarias.

“El gobierno ha iniciado una persecución en contra de líderes comunitarios”, denuncia.

En Santa Cruz Barillas, municipio del noreste de Huehuetenango, hay dos líderes comunitarios presos, Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velázquez, que ya habían sido encarcelados en 2012 junto con otras ocho personas. Se encuentran encarcelados desde el 27 de agosto de 2013 por los delitos de feminicidio y asesinato. Méndez y Velázquez se oponen a los proyectos hidroeléctricos que promueve la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz SA en el río Qambalam.

En este año ocho indígenas kaqchikeles fueron asesinados en la comunidad Los pajoques de San Juan Sacatepequez, donde 12 localidades se oponen a la instalación de una mega planta y a la construcción de la carretera Anillo Regional. Cementos Progreso SA, la mayor empresa cementera del país, es la encargada de estos proyectos.

En un comunicado titulado “En relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014”, firmado por las 12 comunidades de esta región, se denuncia a la policía de Guatemala y al Ministerio Público por no acudir cuando los indígenas fueron atacados por pistoleros que identificaron como cercanos a la empresa de la familia Novela-Torrebiate.

“Que detenga la continuidad de dichos mega proyectos, que han costado la sangre derramada en esta masacre”, pide la misiva al presidente Otto Pérez Molina.

Después de los asesinatos fue interpuesto el estado de Prevención en la entidad, contra el cual las mujeres de la entidad organizaron una marcha llamada “Flores por la vida”, el 24 de octubre.

Los asesinatos en Guatemala de activistas opuestos a proyectos mineros es algo común. El líder comunitario Ich Chamán fue asesinado en 2009. Su comunidad indígena q’echi rechaza el proyecto minero Fénix, de la empresa canadiense Hudbay Minerals. Violaciones ya habían sido denunciadas por mujeres integrantes de la comunidad en enero de 2007 durante el desalojo forzado.

El 9 de julio de 2013 fue asesinado el activista Santos Fidel Ajau Suret, del campamento “Resistencia Pacífica de la Puya”, que se opone a la explotación de la mina Progreso VII Derivada.

El pasado 1 de julio el gobierno de Guatemala retiró la residencia a dos voluntarios de la organización civil Brigadas Internacionales de Paz. Ambos fotografiaron a los agentes policiacos cuando éstos realizaban el desalojo del campamento “Resistencia Pacífica de la Puya”.

“La paz en Guatemala no existe, tal vez la guerra entre guerrilla y el ejercito finalizó, pero el resultado no fue el que se esperaba”, dice el reportero Aroldo Mateo. “Los gobiernos han implementado y cambiando los modelos energéticos y modelos de desarrollo de Guatemala (…) Cada periodo está en contra del sistema de los pueblos indígenas que se les viola los derechos”, agrega.

“Lo que ha hecho la gente es decir: ‘tendrá usted su licencia, pero no nos han consultado’. Y nosotros ya nos auto consultamos porque tenemos derecho y hemos decidido que no (apoyan dicho proyecto)”, relata Figueroa.

De la consulta a la autonomía

Al entrar a territorio guatemalteco por el lado de La Mesilla comienzan a aparecer en distintos lados de la carretera letreros con las siguientes leyendas: “No a las empresas mineras e hidroeléctricas”: San Salvador. “Aquí ya no a la minería porque contamina el medio ambiente. Exigimos respetar nuestra consulta”: Aldea Chiquilila, Ixtahuacan y Limar La Libertad. “Luchar por el agua es luchar por la vida. No a la minería”: Colotenango.

“El pueblo de San Rafael Petzal rechaza toda exploración y explotación de minería de metales u otras actividades similares o mega proyectos que perjudiquen a los habitantes según consulta efectuada el 10 de enero año 2009”, dice otro letrero ubicado en una de las entradas de este pueblo, ubicado a dos horas en auto de la frontera con México.

En junio de 2005 se llevó a cabo la primera consulta comunitaria de pueblos indígenas. En ella los mayas-k’iché’ de Sipakapa rechazaron a la minera Marlin. A partir de entonces otros pueblos mayas como el popti le siguieron. En Huehuetenango se realizó la consulta en La Concepción, Huixta, en julio de 2006. Este territorio fue el primero en autoproclamarse libre de minería el 19 de septiembre de 2008.

José Díaz Esteban, quien se refugió en México debido a la guerra civil, se puso de acuerdo con otros compatriotas en su misma condición para regresar en forma conjunta a su país. Tras su regreso, él y sus compañeros adquirieron terrenos en la comunidad Nueva Esperanza de Jacaltenango, donde viven 210 familias.

Explica que se dieron cuenta que los proyectos mineros implicaban el desplazamiento de los habitantes.

Cuenta que a inicios de 2005 los pobladores de San Miguel Ixtahuacan –donde se encuentra la mina Marlin– comenzaron a detectar que la empresa realizaba labores de exploración. Llamaron en ese entonces a organizaciones sociales y líderes comunitarios para investigar los efectos de la minería. Obtuvieron apoyo de la Iglesia y de las ONG.

Relata que jóvenes, señores y ancianos hicieron asambleas en comunidades. Ellos sabían cómo las empresas llegaron a los territorios. “Fueron despojados y ahora los van a volver a despojar”, dice.

También relata que algo parecido ocurre en el Sayaxché, región del Petén, a donde, debido a la guerra civil, llegaron desplazados provenientes de las diversas regiones de Guatemala. Estos formaron el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala que ahora debe enfrentarse a otro nuevo desplazamiento: el de los mega proyectos de cultivo de palma africana.

Continúa: “Empezamos a platicar con autoridades municipales y muchos no se acoplaron y agarraron otros rumbos, pero hubo personas de los municipios que nos ayudaron a las consultas. Hubo una sensibilización a líderes, maestros, autoridades municipales”.

Desde entonces se han realizado más de 80 consultas en territorio guatemalteco. De hecho, el pasado 26 de octubre los habitantes del pueblo de Santa Maria Chiquimula realizaron otra consulta en la que, según medios locales como El Quetzalteco, 35 mil personas rechazaron, votando mediante papeletas, diversos mega proyectos en su territorio, como los relativos a la minería o a la instalación de generadores geotérmicos, el levantamiento de torres de tendido eléctrico y el establecimiento de hidroeléctricas.

“Ya dijimos no pero tenemos que hacer un compromiso territorial, no por municipio sino por territorio. A partir de ahí se han ido conmemorando aniversarios para recordar que hay una decisión tomada”, relata Francisco Rocael.

Sobre las consultas, la Corte de Constitucionalidad Guatemala las alabó en diciembre de 2013 en un veredicto que las hacía obligatorias para que un proyecto minero se pudiera asentar en una municipalidad. La Corte se basó en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, las consultas siguen sin ser vinculantes.

A pesar de ello, sirvieron como antecedente para la formación del Consejo del Pueblo Mayas de Occidente (CPO) en 2008, que según su sitio de internet tiene como misión la “refundación de un estado plurinacional” en Guatemala y la “reconstitución y construcción de un sistema de vida armónica con la Madre Naturaleza”.

Según Rocael, el CPO ha servido no solamente para oponerse a las mineras, también para promover y mantener la identidad y lenguas indígenas, e incluso para articular los movimientos indígenas que en septiembre pasado obligaron al Congreso a derogar la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, también llamada “Ley Monsanto”.

De acuerdo con Figueroa, el principal objetivo de su organización consiste en repensar la política desde el conocimiento de los pueblos indígenas y el concepto maya del Yajawil konob, que explica como “la armonía entre el pueblo fundada en el equilibrio”.

Se trata de “cómo trabajar más, pero para la felicidad”, resume.

Aroldo Mateo explica: “Mientras no haya libertad y autonomía y autogobierno no se puede hablar de paz en Guatemala con un estado racista y excluyente. Ahora desde las comunidades se hace una lucha para lograr una autonomía y reconstruir un nuevo estado en el que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta”.

Comentarios