Los otros desaparecidos

Once fosas clandestinas han sido descubiertas en las inmediaciones de Iguala durante la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 38 cuerpos. Ninguno es de los estudiantes secuestrados por la policía municipal igualteca, pero sí, en su mayoría, de víctimas de esa corporación. Sus identidades empiezan a surgir, así como las historias de dolor que han dejado detrás.

Un cura africano asignado a México, un taxista que fue migrante, una familia (un hombre con su hijo, una sobrina y un sobrino) que viajaba a Iguala a ver un enfermo son los otros desaparecidos que han hallado en las fosas de esa ciudad de Guerrero durante la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. La mayoría fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y desde entonces no se sabía de su paradero.

Según el gobierno federal, 38 cuerpos han sido encontrados en 11 fosas a partir de octubre. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la agrupación de policías comunitarios que ha realizado una búsqueda paralela, ubica una decena más de fosas que el gobierno ignora.

El único cuerpo identificado oficialmente en las fosas excavadas es el del misionero John Ssenyondo. En el caso del señor Gildardo Lagunas, su hijo Luis Alfredo y sus sobrinos Marlene Hernández y José Luis Cruz ninguno de los restos ha sido entregado a sus familiares aunque están en el Semefo de Chilpancingo. El taxista Luis Felipe Parra aún no ha sido exhumado aunque se sospecha que su cadáver está en una fosa identificada por los policías comunitarios, no por el gobierno.

Ellos son los seis identificados de las decenas de fosas encontradas y de entre los 38 cadáveres reconocidos por el gobierno y los agregados por la comunitaria que no se pueden contabilizar porque permanecen bajo tierra. En tanto la PGR señaló en un comunicado que la UPOEG anunciaba como nuevos hallazgos fosas que el gobierno había descubierto antes.

En entrevista con Proceso, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido, sostiene que el gobierno les ha puesto muchos obstáculos para los rastreos y para exhumar los cuerpos que su grupo ha encontrado.

“¿Por qué no se han podido exhumar esos restos encontrados?”, se le pregunta. “Sería mejor que ustedes le pregunten al gobierno. Tenemos muchos obstáculos por parte del gobierno. No sé. Hay muchos intereses de por medio. Ustedes háganla (la pregunta) con ellos (para saber) por qué no quieren coordinarse con nosotros”, dice vía telefónica, y añade que su organización emprendió una segunda etapa de búsqueda por diferentes partes del estado.

Para saltar las trabas que dice le pone el gobierno, la UPOEG ha invitado a las familias que tienen a algún integrante desaparecido a que se acerquen para que pongan su denuncia; además se alió con la recién nacida Ciencia Forense Ciudadana, agrupación que financiará las muestras de ADN, aunque aún no cuenta con permiso para cotejarlas con los restos hallados.

El 10 de octubre miembros de la UPOEG se reunieron en Iguala con el sacerdote Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de San Gerardo María Mayela y con la organización forense para acordar que ayudarían a las familias con integrantes desaparecidos porque el gobierno las ha ignorado.

El 14 de octubre fue el primer encuentro con familiares. El sacerdote explicó ese día a Proceso que la convocatoria surgió a partir de que los líderes de la policía comunitaria de la UPOEG denunciaron que el gobierno no los ha acompañado a destapar todas las fosas que han encontrado, noticia que angustió a igualtecos que temen que sus familiares puedan estar en esos hoyos. A ellos se sumó la nueva organización Gobernanza Forense, que intenta crear un banco de datos genéticos.

El propósito –explicó la activista Julia Alonso, madre de un desaparecido– es obligar a las autoridades a identificar los más de 30 cuerpos exhumados en las fosas que han localizado en la zona norte de la entidad a partir de la búsqueda de los 43 normalistas, y cotejar las muestras recabadas por la asociación con los resultados que emitan las autoridades sobre los cuerpos no identificados.

“Entendemos que autoridades no permiten que se realicen las investigaciones. La gente quiere excavar, sacar restos sin pedir permiso o autorización porque no les dan. Están preguntando si vamos nosotros mismos a excavar porque son alrededor de 20 fosas que no les permitieron destapar”, explicó así el sacerdote la gravedad del asunto.

La semana pasada más de 200 personas acudieron a dejar sus muestras genéticas.

Bitácora de hallazgos

Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, las búsquedas han llevado al constante descubrimiento de fosas con otros cuerpos.

El 4 de octubre la Procuraduría General de Justicia de Guerrero informó del hallazgo en Pueblo Viejo, periferia del municipio de Iguala, de seis fosas (una sin utilizar) con 28 cuerpos. Éstos habían sido calcinados. Seis días después la PGR ubicó en La Parota (también llamado Rancho La Sierpe, Pueblo Viejo) cuatro fosas con ocho cadáveres, que en un principio se dijo que habían sido quemados.

El 14 de octubre los policías comunitarios informaron del descubrimiento de otras cuatro fosas en Barranca del Tigre a las faldas de Cerro Grande, que otros llaman Las Parotas. El 15 aparentemente encontraron otras seis, dos abiertas pero sin utilizar, y en las otras restos óseos y ropa, en el punto conocido como Monte Hored, que se ubica en la zona de Las Parotas. No supieron cuántas personas eran.

El 22 de octubre la PGR se trasladó nuevamente a Pueblo Viejo, al mismo punto donde se localizaron las seis primeras fosas por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y con el apoyo de georradares, a menos de un metro de las primeras seis fosas encontró otra de la que se extrajeron dos cuerpos.

El 25 de octubre, ante el escándalo por el creciente número de fosas, la PGR difundió un comunicado en el cual estableció que hasta ese momento había hallado 11 fosas y que sólo 10 tenían cadáveres. Además señaló que las fosas que había anunciado la UPOEG como sus descubrimientos eran las mismas que el gobierno había localizado antes.

Sin embargo el líder de la UPOEG ha sostenido que son distintas e incluso ha mostrado fotografías en las que se ven osamentas y prendas de vestir de las personas que podrían estar enterradas en esos lugares.

Al día siguiente la PGR llevó a la prensa al último lugar donde fueron hallados restos humanos, ubicados éstos a la intemperie en el basurero de Cocula, en la zona conocida como El Papayo. Luego encontró a la orilla del río los restos que supuestamente habían sido incinerados en el tiradero y que podrían ser de los normalistas.

A la orilla del río esperaban localizar una fosa con cuerpos que habían sido quemados con anterioridad, según el anuncio del procurador Jesús Murillo Karam con base en la información de los sicarios detenidos.

El 30 de octubre se anunció el hallazgo de 14 cuerpos en fosas clandestinas en el ejido San Luis de la localidad de Ocotitlán, del municipio de Zitlala, y en Eduardo Neri, ambos cercanos a Chilpancingo.

En el Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital del estado de Guerrero, a donde fueron trasladados los restos, se informó de las identidades de las víctimas, todas originarias de Chilpancingo: Jaime Benítez Medina, Miguel Ángel Romero Silvestre, Juan Carlos Martínez Salgado, Enrique Adame Marín, Vicente Alfonso Gil Mojica, José Sánchez Mejía, Iván Giovanni Hernández Chávez, Luis Antonio Castro Lucena, Obed Carbajal Vélez y Antonio Tolentino Miranda.

El taxista Parra

Tarjetas de identificación que no alcanzaron a quemarse y unas pulseras de plástico colgadas de un árbol ayudaron a la familia de Felipe de Jesús Parra, migrante y taxista, a dar con su paradero. A través de la página de Facebook “Frente Igualteco Por la Dignidad”, el pasado 24 de octubre la UPOEG dio a conocer las fotografías de los hallazgos. Entre los objetos detectados estaban las identificaciones y pertenencias en las que se alcanzaba a leer un nombre: Felipe de Jesús.

La familia del migrante, que reside en Texas según una investigación de Univisión y Excélsior, llamó a México y una cuñada se presentó para reconocer las pertenencias de quien desde el 5 de septiembre de 2013 se encontraba en calidad de desaparecido. Su vehículo apareció abandonado en las calles del centro de Iguala. Su ausencia fue denunciada el 9 de septiembre.

El activista y líder de una organización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, Taurino Castrejón, se mantiene en contacto con la familia del taxista, la cual vive en Houston, para ayudarlos.

“Los familiares no pretenden enviar los restos a Estados Unidos. Se pretende identificar cuáles son los restos de los que se han encontrado. El problema es que el hijo que vive en Houston no tiene documentos para viajar y nosotros ofrecimos realizar los trámites allá para obtener su ADN y apostillarlo para presentarlo ante las autoridades mexicanas”, declaró.

El sacerdote

El Padre John, como lo llamaban los fieles de Chilapa, era un hombre querido por las comunidades mixtecas. Desapareció el 30 de abril pasado y las iglesias de la diócesis alzaron oraciones por él. Incluso el obispo Alejo Zavala pidió a quienes fueran sus captores que lo liberaran.

A partir de la búsqueda en Iguala de los 43 normalistas, su ausencia dejó de ser un misterio: John Ssenyondo, oriundo de Uganda, misionero comboniano que había llegado en 2010 a Guerrero para evangelizar, estaba en una fosa clandestina.

Fue interceptado por un grupo armado cuando regresaba de la comunidad de Santa Cruz, donde ofreció una misa de matrimonio. Según testigos, sus captores lo sometieron y lo encajuelaron en su propio auto. Esta misma versión fue divulgada por las autoridades eclesiásticas de la zona.

Dos años antes, en el curato de la parroquia de Nejapa, el sacerdote africano había sido amarrado y despojado de dinero en efectivo y de una camioneta.

La familia Lagunas

El 12 de agosto el señor Gildardo Lagunas se comunicó por teléfono con su esposa, pero colgó porque en un retén lo detuvieron policías municipales en el cruce de Iguala con Teloloapan.

En el automóvil, con él, iba su hijo Luis Alfredo, de 21 años, con sus primos Marlene Hernández, de 28, y José Luis Cruz, de 29. Iban al funeral de su abuelo. Durante tres meses se los tragó la tierra. Hasta que las autoridades comenzaron a buscar a los normalistas…

Varias de las desapariciones, según se sabe ahora, ocurrieron en los “filtros” instalados por los policías de Iguala sobre las carreteras federales, donde a su arbitrio detenían todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a la ciudad, interrogaban a conductores y ahí decidían su suerte.

El personal militar, aunque tiene dos instalaciones en la zona, nunca hizo nada. El ejército también está acusado de la desaparición de seis jóvenes, en mayo de 2010 en Iguala. (Con información de Thalía Güido)

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(Ciudad de México, 1974) es una reportera mexicana. Ha colaborado para varios periódicos y revistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, entre algunas de ellas: Proceso, Gatopardo y Etiqueta Negra. Ha realizado labores de activismo a favor de los derechos humanos y en contra de los asesinatos y exilios de periodistas.

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