ACONCHI, Son. (apro).- A pesar de que el gobierno federal levantó la emergencia, alcaldes de los siete municipios afectados por el derrame tóxico en los ríos Bacanuchi y Sonora enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que manifiestan su “descontento y desconfianza” con las acciones de remediación emprendidas por Grupo México. En la misiva de cinco hojas, los ediles exponen las “terribles” experiencias que han pasado los más de 25 mil pobladores ribereños en su vida diaria y en sus actividades económicas. “El derrame del 6 de agosto en la mina Buenavista del Cobre contaminó el río e impidió el uso de pozos hasta que los acuíferos fueran declarados seguros. En tanto, la gente del río quedó completamente sin agua”, consigna la carta. A más de tres meses del derrame, subraya, algunos pobladores continúan sin tener agua potable y se niegan a encender los viejos pozos a causa de la contaminación que provocó dermatitis y gastroenteritis a 37 personas, según el último parte rendido por la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Los alcaldes de los municipios de Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arizpe y la zona rural de Hermosillo explican a Peña Nieto que el fideicomiso constituido con un fondo de 2 mil millones de pesos para la regeneración de los ríos es “un arma de doble filo”. Si bien trajo “algo” de alivio, refieren que no hubo opción para que lo operara una “entidad independiente”, sin orientaciones políticas. “El gobierno federal tendrá que contratar una tercera entidad que se haga cargo del saneamiento y sus mantos, así como de la prevención de otra catástrofe. De esta manera, se podrá recuperar la confianza perdida por la población y se garantiza que actúe con total transparencia haciendo accesible todo documento y estudio que sea utilizado para lograr los objetivos trazados”, dice la misiva enviada el pasado 11 de noviembre al mandatario mexicano. El edil de Aconchi, Vidal Chacón, comunidad ubicada a unos 146 kilómetros al noreste de Hermosillo, evidenció que los apoyos económicos sólo han beneficiado a agricultores, ganaderos y comerciantes, pero no al resto de la sociedad. “Falta indemnizar a jornaleros, a jubilados, estudiantes y trabajadores, al punto que se puede decir que la gente no ha recibido satisfacción alguna con la creación de este fideicomiso”, lamentó el edil ribereño. Si al menos Grupo México se hubiera encargado de entregar los apoyos económicos a los afectados, dijo, los alcaldes validarían cada uno de los pagos y se agilizarían los beneficios a los afectados. En la carta, los ediles sonorenses solicitan al Ejecutivo federal que se promulguen y cumplan leyes y reglamentos para la protección del agua; se prohíban la presencia de animales domésticos en el río, así como la pronta recolección de animales muertos, residuos y basura que se encuentra a vera del río que se extiende por más de 250 kilómetros. “Planteamos que las cabeceras y acuíferos subterráneos de los ríos se conviertan en áreas protegidas para que no puedan ser protegidas por minas o industrias y que  los ríos (Sonora y Bacanuchi) vuelvan ser una fuente de flujo libre que ayude a mejorar la calidad de vida de los seres que viven a sus márgenes”, subrayan. De acuerdo con un comunicado del gobierno de Sonora con fecha del 6 de agosto último, en la fase de emergencia se invirtieron 512 millones de pesos y para la etapa de remediación se previeron 632 millones de pesos.