TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Los familiares del líder del movimiento antiminero Mariano Abarca Roblero, acribillado a tiros hace cinco años, exigieron justicia, pues los autores materiales del crimen ya están libres y los presuntos autores intelectuales nunca fueron juzgados. Además, advirtieron que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Mirna Montejo; sus hijos José Luis y Mariano, así como su cuñado Uriel Abarca Roblero, denunciaron que el crimen sigue en la impunidad y que pese, a que se les prometió justicia, ésta nunca llegó. José Luis Abarca Montejo, hijo del líder masacrado a tiros el 27 de noviembre de 2009, dijo que el asesinato de su padre fue motivado por su lucha contra la minera canadiense Blackfire por su extracción de barita y sus consecuencias sociales y medioambientales en el municipio de Chicomuselo. En los últimos días, abundó, enviaron una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Cuello, así como a las autoridades canadienses, a los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país. La misiva fue respaldada por 266 personas y organizaciones provenientes de 27 países, la mayoría de México, Canadá y Francia. También se sumaron a la iniciativa organizaciones y personajes de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Al reclamo se sumaron personas y organizaciones de España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Grecia, Eslovaquia, Bosnia y Dinamarca. Incluso voces de India se adhirieron a la petición de justicia en el caso del ambientalista Mariano Abarca. En el documento se expresó que este jueves 27 se cumple el quinto aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire por los daños sociales y ambientales que se estaban generando en Chicomuselo. Además, se destaca que todos los detenidos y castigados por su muerte tenían una relación con la minera canadiense y jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por su homicidio. Blackfire también está bajo investigación por presuntamente haber corrompido al presidente municipal, tras realizar pagos directos a su cuenta bancaria personal con el fin de que sofocara la creciente protesta social en contra de sus operaciones. Luego de dos años de operación, la mina de Blackfire fue clausurada por daños ambientales. Pese a que la embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida del activista ni para asegurar que la minera acatara el marco legal, tanto de México como de Canadá, en particular la Acta en contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA, por sus siglas en ingles). Peor aún, sus diplomáticos se desmarcaron de la investigación, defendieron la reputación de la empresa y asesoraron a la transnacional sobre cómo podría demandar al Estado mexicano a través del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ante esta situación, los quejosos demandaron hoy respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte de Mariano Abarca y por corrupción del alcalde de Chicomuselo.