Las huellas psicológicas de las detenciones arbitrarias del #1DMX

MÉXICO, D.F. (apro).- Las detenciones arbitrarias durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012, bautizado como #1DMX, dejaron en las víctimas impactos económicos, psicológicos y emocionales difícilmente reversibles.

Según el “Informe especial sobre el impacto psicosocial de las víctimas de los acontecimientos del 1DMX” elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), las aprehensiones por parte de la policía, el traslado al Ministerio Público y a los reclusorios, así como la posterior liberación, han marcado a mujeres y hombres en su vida y su futuro, así como a sus familias.

Depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT), además de miedo e incertidumbre son las principales consecuencias que tiene la mayor parte de las mujeres víctimas de los acontecimientos de aquel día, cuando miles se manifestaron en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

En el caso de los hombres víctimas refieren sentimientos de impotencia, miedo y angustia, además de que presentan pérdida de peso, insomnio y cansancio.

Las detenciones de los manifestantes también han provocado en sus familiares emociones relacionadas con el estrés postraumático y depresión.

El estudio fue basado en la Recomendación 7/2013 del organismo autónomo, aunado al trabajo que personal de la CDHDF realizó con las víctimas directas y sus familiares durante varias sesiones, posteriores al operativo policiaco que coordinaron los gobiernos del DF y federal.

Y sigue:

“Parte de las afectaciones más visibles detectadas en las víctimas se relacionan con la ruptura de su sistema de creencias básicas y de su principio de realidad, lo que vulneró sus sensaciones de seguridad en un sistema de justicia que las señaló sin pruebas, las estigmatizó socialmente y les causó un daño en su proyecto de vida”.

Más: “Las personas involucradas han perdido la confianza en las autoridades debido a que las involucraron en actos que investigó la CDHDF y que carecieron de racionalidad”.

Según el análisis hecho por especialistas de la Comisión, las víctimas “tienen claro quién ha sido el perpetrador y la intencionalidad que tuvo, lo cual les permite dar sentido a la experiencia de vida a partir de la idea de que la autoridad tiene la ventaja de poseer las herramientas –policías, granaderos, escudos, cascos, botas, etc– para lograr su probable objetivo de debilitar la protesta social”.

Para ellas, continúa el análisis, “la más alta prioridad es acceder a la justicia y a la verdad pública, aunado a que se les permita vivir en paz y con seguridad. El castigo a los perpetradores es sólo el principio para la reparación más sentida: el reconocimiento de la verdad”.

Este es el panorama que la CDHDF encontró en las víctimas de las detenciones hechas aquel 1 de diciembre de 2012, en las principales calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México y en los alrededores del Congreso de la Unión.

Aquel 1 de diciembre

El “Informe Especial 1DMx” elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) –presentado el pasado 10 de abril– asegura que las detenciones de hace dos años fueron en las siguientes circunstancias:

Las víctimas pasaron por la zona sin participar en la protesta, defendieron a quienes eran golpeados por la policía, videograbaron los hechos o simplemente asistieron a la marcha de manera pacífica.

El documento asegura que en todos los casos, la detención se hizo “sin previa explicación, con groserías y uso excesivo de violencia, golpes en el cuerpo, jalones de cabello, agresiones verbales y amenazas”.

Los detenidos, continúa, fueron golpeados y subidos a vehículos policiacos sin informarles por qué ni a dónde los llevaban. Rumbo al ministerio público fueron amedrentados y al llegar, debieron esperar horas para conocer su situación jurídica; no les dejaron llamar a sus familiares o sólo les permitieron verlos unos minutos.

Entonces –igual que el pasado 8 y 20 de noviembre, luego de las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos–, hubo agresiones policiacas a fotógrafos y reporteros que cubrían la manifestación.

Todo ello derivó en el cuestionamiento de la CDHDF a “los métodos y tácticas de respuesta a cargo de las autoridades locales y federales”.

Según el informe, “la inactividad de la autoridad para hacer frente a los grupos identificados desde el principio como violentos y la detención, en cambio, de quienes se manifestaban pacíficamente, implicó el desconocimiento e incumplimiento del deber específico del Estado de prevenir violaciones a derechos humanos, sobre todo considerando el contexto de protesta social en donde la actuación y

prevención de las autoridades debe agudizarse”.

En el documento, la CDHDF manifiesta su preocupación por las “limitaciones excesivas” de la libertad de manifestación y protesta “por medio de la utilización desproporcionada del derecho penal, en donde para salvaguardar la paz pública y/o el bien común, se restringe el derecho de toda persona a manifestarse, expresarse y reunirse, ignorando la naturaleza de ultima ratio (último argumento) propia de un derecho penal de orientación democrática”.

Según el organismo, en aquella ocasión se violaron los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta social, a la seguridad ciudadana y la integridad, libertad y seguridad personales en relación con el debido proceso legal.

Y aunque en el informe especial la CDHDF destacó la necesidad de generar medidas claras “de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno que permitan que las actuaciones de los elementos de seguridad federales y locales (DF) que actúen en conjunto (como sucedió en el caso 1DMX) se realicen de manera que no vulneren o generen afectaciones a los derechos humanos de las personas que se manifiestan” y que garanticen la no repetición de los hechos, las similitudes con lo ocurrido el pasado 20 de noviembre, demostraron su total incumplimiento.

“Primero detengo, luego averiguo”

Con experiencia en la defensa de los detenidos en las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio de 2013, entre otras protestas sociales, Andrés Aullet Cuevas, representante legal del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), asegura que los gobiernos federal y del DF actúan en coordinación para realizar las detenciones “arbitrarias, indiscriminadas” y bajo el mismo modus operandi: “primero los detengo y luego averiguo”.

En entrevista con Apro, agrega que en las más recientes manifestaciones han detectado a grupos de personas infiltradas y provocadores “que no tienen qué ver con la defensa del caso Ayotzinapa. Claramente se ve que hay una actitud previamente organizada con la intención de provocar”.

De hecho, el integrante del MTS –agrupación política nacional “de izquierda anticapitalista y socialista” con registro en el Instituto Nacional Electoral (INE)– revela que ha reunido testimonios de manifestantes del 20 de noviembre, que aseguran haber visto a gente con distintivos especiales como guantes o paliacates negros en el brazo derecho.

Cuevas acusa que en la actuación de la policía capitalina en la contención de las manifestaciones hay “una cadena de mando, desde el policía que golpea hasta Mancera como jefe de gobierno. Los granaderos no se mandan solos. Nos quieren meter en pequeñas batallas legales (para defender a los detenidos) y perder la atención al caso Ayotzinapa. Nos quieren amedrentar”.

Las detenciones arbitrarias concluye, son “un escenario claro para criminalizar la protesta social”.

 

Comentarios