MÉXICO, D.F. (apro).- El titular de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas, admitió que en el caso del fraude de Oceanografía hubo un daño patrimonial a Pemex que ascendió a 525 millones de pesos y que se ha sancionado a cuatro funcionarios de la paraestatal, pero que puede haber más responsables. Durante su comparecencia ante la comisión especial del Senado sobre el caso Oceanografía, Olivas Ugalde precisó que existen 18 juicios de amparo, promovidos por acreedores de la empresa contratista, en los cuales Pemex Exploración y Producción aparece como “tercera perjudicada”, además de los propios juicios que interpuso la subsidiaria de Pemex contra el juez del concurso mercantil. El encargado del despacho de la SFP enfrentó las críticas de los senadores del PRD, Dolores Padierna y Mario Delgado, quienes le cuestionaron la falta de previsión de la dependencia frente a este daño patrimonial a Pemex y la tardía intervención de la entidad responsable, a pesar de que ocho años atrás ya se conocían irregularidades de los contratos de Oceanografía. “Fue la Secretaría de la Función Pública la que en enero de 2014 detonó por enésima vez el fraude descomunal de Oceanografía. Usted sabe muy bien que en 2005 estuvo en idéntica situación que ahora. Y fue salvada por la influencia de la familia Fox-Sahagún”, indicó Padierna. “¿Por qué no abrió expedientes en contra de los directamente vinculados en este cuadro cuando el propio Órgano Interno de Control detectó al menos 50 irregularidades en los créditos entregados a Oceanografía”, cuestionó la senadora del PRD. Olivares Ugalde advirtió que puede haber “más gente involucrada” en el fraude, pero hasta ahora sólo se ha sancionado a cuatro servidores públicos de Pemex, “y estamos investigando el aspecto patrimonial y también algunas intervenciones de los funcionarios que participaron en su relación con Oceanografía”. Por su parte, al responder al senador Mario Delgado, el titular de la SFP reiteró que “en todo contrato, donde hay incumplimiento, hay un daño patrimonial, y no sólo un daño, sino un perjuicio también”. El funcionario adelantó que el daño patrimonial, valuado hasta ahora en 525 millones de pesos, puede ser mayor una vez que se terminen de revisar los planes anuales de auditoría.