Soberbia política

El conflicto de intereses en que ha incurrido el presidente Enrique Peña Nieto por su relación con el dueño del Grupo Higa es inocultable e inadmisible. Desde que Aristegui Noticias y Proceso publicaron la dudosa y opaca compra de la Casa Blanca de Las Lomas, los esfuerzos del mandatario por eludir su responsabilidad en el asunto han resultado infructuosos y contraproducentes.

La intención del presidente de desligarse del problema pidiendo a su esposa explicar en una videograbación los pormenores de la compra del inmueble provocó mofa e indignación, que se agravaron con la decisión presidencial de presentar su declaración patrimonial excluyendo las propiedades de su cónyuge. Siguió la difusión de un decálogo de promesas y medidas ya existentes en la que se imputa a los municipios la responsabilidad de la inseguridad y la barbarie. Las soluciones se transfieren al Congreso.

El fondo del problema fue eludido. Poco se gana con disolver las mil 800 corporaciones policiacas municipales para establecer 32 mandos únicos estatales si no se ataca de raíz la rampante corrupción y la infiltración del crimen organizado en los tres órdenes de gobierno. Toda ley es perfectible, pero antes hay que acatar las existentes y castigar a los infractores.

Una vez más, la puesta en escena resultó insuficiente y frustrante. Además, se evidenciaron tres carencias del presidente Peña Nieto y sus asesores: la imposibilidad de realizar una valoración adecuada de la delicada situación que enfrenta el país, la falta de visión de Estado para resolverla y la incapacidad para ejercer la autocrítica. Dichas fallas minimizan aún más la legitimidad presidencial, reducen la de las instituciones y ponen en riesgo el futuro del país.

Toda situación difícil es susceptible de agravarse. La mermada autoridad moral del presidente sufrió dos golpazos más: Aristegui Noticias dio a conocer que existe otra casa propiedad de Juan Armado Hinojosa que también fue usada por Peña Nieto durante su campaña sin haberlo hecho del conocimiento del IFE. El Instituto Nacional Electoral está obligado a investigar el asunto. Además, Bloomberg dio a conocer que uno de los consorcios favoritos para ganar la licitación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está conformado por Grupo Carso, ICA y por el predilecto del mandatario: Grupo Higa. Dadas las circunstancias, los socios estudian la posibilidad de eliminar a Higa del conjunto licitante.

En el mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el presidente ofreció que al día siguiente haría la presentación formal del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El acto no ocurrió ni se informó sobre la causa de la cancelación. Seguramente la mencionada noticia de Bloomberg tuvo que ver con la supresión del evento. Obviamente, ello alimenta las suspicacias respecto al conflicto de intereses entre Peña Nieto y Grupo Higa.

La Cámara de Diputados aprobó crear una Comisión Especial para conocer las razones que llevaron al presidente Peña Nieto a revocar la licitación del tren rápido México-Querétaro –que había ganado el Grupo Higa en circunstancias oscuras–, por lo cual se afirma que el gobierno mexicano tuvo que pagar 16 millones 200 mil de dólares al consorcio estatal chino CRCC. Veremos si los diputados aclaran con rigor y verosimilitud las irregularidades cometidas en dicha licitación cancelada intempestivamente por el jefe del Ejecutivo en la víspera de su viaje a China.

La situación es insostenible. Pretender dar por cerrado el escándalo de la Casa Blanca y los demás que involucran conflicto de intereses con el Grupo Higa –como lo anunció el jefe de la Oficina de la Presidencia– es inviable y refleja una paradójica mezcla de ingenuidad y autoritarismo. El Ejecutivo sigue teniendo el poder de controlar a muchos medios de comunicación, pero ya no a la opinión pública. Lejos de minimizarse, la gravedad del problema que pone en duda la integridad de Enrique Peña Nieto se incrementa. El silencio del avestruz no resuelve nada.

Los datos de las encuestas son lógicos y elocuentes: 58% de los ciudadanos y 79% de los “lideres” desaprueban la gestión de Peña Nieto. Es la más baja aprobación de un presidente desde 1995. Más de 80% opina que su manera de combatir la corrupción es mala o muy mala (Reforma, 1/12/14). No hay duda de que el punto más débil de la administración peñanietista es el problema de la corrupción.

En tanto Peña Nieto no recupere la credibilidad, resulta vano cualquier intento por restaurar el estado de derecho. Si la percepción generalizada es que él mismo está involucrado en actos de corrupción, sus llamados en favor de la legalidad y la honestidad caen al vacío. Para abatir la impunidad, el presidente debe empezar por él mismo y sus allegados.

Lo sensato sería que, en lugar de intentar ocultar sus faltas, el jefe de las instituciones nacionales atendiera la obligación ética, jurídica y política de aclarar la embarazosa situación en la que está envuelto, mediante una investigación rigurosa, transparente y verosímil. Su investidura lo exige y la sociedad mexicana lo demanda. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario: Peña Nieto no tiene la voluntad de aclarar el enredo en el que está metido. Apuesta al ocultamiento y al olvido.

Como jefe del Estado mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto es el principal responsable de la construcción de un México en paz y de hacer realidad la vigencia del estado de derecho. Su presunto involucramiento en conflictos de interés con el Grupo Higa representa un obstáculo para cumplir cabal y legítimamente con dicha responsabilidad. La falta de legitimidad en la cúspide del poder reblandece la autoridad de todo el aparato gubernamental y pone en riesgo la estabilidad y prosperidad del país. La soberbia política suele tener consecuencias nefastas. Como dijo San Agustín, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón.

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