MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Con la tortura y los tratos crueles y degradantes como hechos cotidianos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elaboró un protocolo para que los juzgadores dejen de avalar esas prácticas como pruebas de culpabilidad. Aunque desde hace 20 años organismos internacionales de derechos humanos sostienen la inexistencia de la tortura en México, en la realidad es una práctica que no ha desaparecido, dijo el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura federal (CJF), Juan Silva Meza. México ha legislado contra la tortura y ha hechos suyos los instrumentos internacionales sobre esta violación grave a los derechos humanos, pero en “el México real” está lejos de erradicarse, aseguró al presentar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos. El documento fue presentado en la SCJN ante los ministros del máximo tribunal, consejeros del CJF, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, y Miguel Sarre Iguíniz, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. En el tema de derechos humanos, en México existen dos realidades: por un lado la legal, que incluye todo el marco jurídico (Constitución, tratados y leyes federales y estatales) y, por el otro, la real, la concreta, que se refiere a la vigencia de estos derechos en la práctica, aseguró Silva Meza, quien en enero deja la presidencia de la Corte. Aunque evitó referirse a que es una práctica policial y militar avalada por jueces en sus sentencias, dijo que la tortura y los malos tratos sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades. Son prácticas impropias de un Estado de Derecho que violentan el derecho a la integridad personal, añadió Silva Meza, quien en sus cuatro años de su presidencia orientó a la Corte al tema de los derechos humanos. El protocolo se refiere también a otros delitos o malos tratos relacionados con la tortura, como el encubrimiento, la intimidación o el cohecho, que acompañan a esa práctica prohibida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales ratificados por México. El documento será distribuido a los mil 250 jueces y magistrados federales y más de 800 defensores públicos, pero está dirigido principalmente a los jueces de proceso penales federales en casos de tortura y delitos relacionados y a los jueces de ejecución penal y amparo.