Investigadoras y periodistas critican falta de transparencia en publicidad oficial

MÉXICO, D.F. (apro).- La falta de transparencia en el manejo del gasto millonario en publicidad oficial es un déficit en el proceso democrático del país, afirmaron este jueves el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la periodista Carmen Aristegui y las investigadoras Justine Dupuy y Ana Cristina Ruelas, durante la presentación del libro Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México.

Rodríguez Castañeda manifestó que el manejo de los altos recursos financieros de la publicidad oficial es un tema delicado que tiene que ver con la libertad de expresión y el uso del poder por la clase política.

“Es un tema sustancial para la libertad de expresión, es un asunto que ha ido de la mano en lo que ha sido el desarrollo de los medios en las últimas décadas”, comentó el director de Proceso, en la casa de Cultura “Jesús Reyes Heroles”.

El periodista señaló que a lo largo de su historia, el semanario ha experimentado el uso arbitrario y convenenciero de los gobiernos, tanto federal como estatales, en el manejo arbitrario de la publicidad oficial utilizado como una bandera para difundir sus mensajes de acuerdo con sus intereses.

“Ha sido usado como una especie de censura oculta y vergonzante”, indicó. Entonces recordó la conocida frase del presidente José López Portillo: “No pago para que me peguen”. Esa afirmación, dijo, identifica con claridad lo que significa para el gobierno el uso de los recursos públicos respecto al manejo de la prensa.

“Quiere decir que pago para que me elogien o para que no me peguen”, precisó Rodríguez Castañeda.

Según el periodista, el libro “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” –realizado por Fundar y Artículo 19 con el auspicio del Center for International Media Center (CIMA) y World Association for Newspaper and News Publishers (WAN-IFRA)–, aporta datos duros sobre este tema delicado que lleva décadas arrastrando sin poder ser resuelto.

“Es importante que se difunda para conocer el papel de los medios y su dependencia de los gobiernos. Creemos que es un asunto que se debe discutir públicamente”, dijo Rafael Rodríguez.

Hace poco, reveló, el gobierno federal anunció que habría publicidad en Proceso a partir de octubre. Pero la revista pidió que se informara de la política de medios por la que se decide dar o no publicidad. Por esa sola petición, se suspendió de nuevo la publicidad para esta publicación.

Esta actividad es tan compleja, señaló, que algunos gobiernos estatales piden que se publiquen sus inserciones sin que se registre como publicidad oficial o disfrazada de “publireportaje”.

“Se usan para golpear a enemigos o ensalzar al gobierno en turno”, subrayó.

Transparencia v/s democracia

Justine Dupuy, investigadora de Fundar y coordinadora del libro, destacó que el fenómeno de la publicidad oficial es importante socialmente aunque poco visible, a pesar de que tiene impacto directo en la democratización social.

“Sin transparencia de la publicidad oficial no puede haber un proceso de democratización”, sostuvo, al citar algunas de las cantidades que los últimos presidentes de la República han gastado en publicidad oficial.

La especialista señaló que hay bolsas millonarias: 12 mil millones de pesos cada año gastan los gobiernos federal y estatales, lo que alcanzaría para la construcción de 200 escuelas.

De acuerdo con la investigación realizada, explicó, se encontró que Felipe Calderón gastó en su administración 39 mil millones de pesos, mientras que Enrique Peña Nieto, tan sólo en 2013, gastó 4 mil 100 millones. Y para 2014, el presupuesto fue de 5 mil 700 millones de pesos, cantidad con la que se daría leche a 38 millones de niños en el país, según los cálculos del estudio.

Dupuy dijo que lo más grave no es que se utilicen 197 mil horas en radio y 64 mil horas diarias en televisión de publicidad oficial, sino que se usan sin revisión, fiscalización ni sanción y que los criterios de asignación son completamente arbitrarios.

Advirtió que, según lo indagado en todo el país, la opacidad se puede ver en actos de corrupción como es la asignación directa de la publicidad a medios oficialistas y a los “chayo blogs”.

La investigadora de Fundar destacó que en el gobierno de Peña Nieto no hay reglas claras, sino publicidad y subsidio disfrazado de hasta 80% para algunos medios en todo el país, lo cual es utilizado como una herramienta de chantaje.

“A pesar de las promesas de Peña y de los legisladores, no se ha regulado la publicidad oficial. Hasta que no se cambien las reglas, los medios seguirán siendo una herramienta del poder político. Esto es grave en un momento de crisis como la actual”, afirmó la especialista.

En este mismo sentido se expresó Ana Cristina Ruelas, representante de la agrupación Artículo 19, quien destacó la enorme dependencia que crea la publicidad oficial en los medios de comunicación de los estados y del Distrito Federal.

Como ejemplo, citó el caso del reportaje la “Casa Blanca de Angélica Rivera” y dijo que al dar seguimiento a los principales medios que reciben publicidad oficial como El Universal, Excélsior, La Jornada, Milenio y Reforma, sólo éste último le dio una mínima cobertura de 10% en sus páginas y en los otros sólo hubo referencias sin profundizar en la información.

“Esto nos muestra la calidad de información que estamos recibiendo”, subrayó Ruelas. Luego, destacó la necesidad de regular la publicidad oficial en términos no discriminatorios y de pluralidad informativa.

Por su parte, la periodista Carmen Aristegui resaltó la importancia del libro “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México”, editado por Proceso, Fundar y Artículo 19, pues dijo, toca uno de los grandes pendientes que la clase política no quiere tocar, como fue el compromiso de Enrique Peña Nieto desde el 2012.

La regulación de la publicidad oficial, recordó, era uno de los buenos propósitos del priista cuando llegó al poder y luego en el Pacto por México. Sin embargo, agregó, estos compromisos se quedaron olvidados, aún cuando se aprobó la reforma constitucional político electoral.

“Esto nos obliga a preguntarnos sobre el impacto directo a la libertad de expresión y la eficacia de carretadas de dinero que se gasta en publicidad para los efectos de la comunicación social”, consideró la periodista.

Y citó los casos de los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y de Veracruz, Javier Duarte, quienes se caracterizan por tener grandes campañas de publicidad.

Entonces, cuestionó: “¿Por qué no regular con criterios razonables el gasto en campañas y que la publicidad deje de ser el método de la zanahoria y el garrote de los políticos con los medios?”.

Aristegui señaló que la falta de regulación de la publicidad gubernamental genera autocensura y opacidad en la información de los medios. Sobre todo, concluyó, afecta la calidad de vida democrática, la libertad de expresión y el derecho de información.

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