Los diputados quieren quitarle la calle a la gente

El albazo de la dupla PRI-PAN en San Lázaro el martes 2 no sólo es inconstitucional, pues intenta suprimir el derecho a la manifestación, sino que complementa lo que hicieron en abril de 2013, cuando modificaron la Ley de Amparo, que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación. Activistas pro derechos humanos y legisladores de izquierda documentan las pifias cometidas al desempolvar una iniciativa panista de 2013 para acallar las protestas sociales, justo cuando el país se incendia por la falta de información sobre los 43  normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Inmerso el país en marchas multitudinarias para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la renuncia de Enrique Peña Nieto, los diputados del PRI sacaron de la congeladora una reforma constitucional promovida por el PAN desde septiembre de 2013, en un intento de frenar los reclamos sociales.

Ante el fracaso de la estrategia para habilitar leyes estatales que inhibieran la ola de indignación en las calles de las principales ciudades, la dupla PRI-PAN logró aprobar, con el acompañamiento del PVEM y el Panal, reformas constitucionales que abren la puerta a “la represión” y aun podrían allanarle el camino a un régimen policiaco-militar.

Para Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista y exconsejero electoral, los cambios a los artículos 11 y 73 de la Constitución aprobados el martes 2 en el recinto de San Lázaro son “gravísimos”. Por principio, dice, se viola el principio pro homine, así como el de libertad de expresión, el derecho de petición, la libertad de asociación y los derechos políticos, contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9 y 35 de la Constitución, respectivamente.

Con estos cambios, puntualiza, queda en evidencia “una visión de mano dura y pro empresarial del orden”; primero se cierra a la población “la vía jurídica” para hacer reclamos –al cancelarle su derecho al amparo– y luego se le pretende “limitar la calle”, el derecho a expresar su inconformidad.

“Seguir por este camino abre el paso a la lucha armada a los sectores más radicales, mientras otros se convertirán en resentidos sin libertad”, advierte Cárdenas.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del programa legal de la agrupación Artículo 19 –que junto con nueve organizaciones interpuso amparos contra la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal–, considera que desde el 1 de diciembre de 2012 hay una estrategia para criminalizar la protesta y usar de manera desproporcionada la fuerza pública.

Maldonado Gutiérrez insiste: Hay una tendencia a controlar e inhibir las manifestaciones de inconformidad en varios estados. A partir de este 2014, en Quintana Roo, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas, Puebla y Veracruz, por ejemplo, se han promovido y avalado leyes en ese sentido.

Sin embargo, la presión social tras la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en julio pasado a causa del uso desproporcionado de la fuerza en una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, provocó que se diera marcha atrás en esa entidad, así como en Chiapas y Veracruz.

No obstante, San Luis Potosí y Jalisco aún continúan los debates en torno a estas leyes, mientras que en Quintana Roo y el Distrito Federal ya se aprobaron, aunque varias organizaciones sociales continúan impugnándolas.

Albazo legislativo

Y así como en algunas entidades los gobernadores han reculado con sus leyes de “movilidad” o “regulación de la fuerza pública”, desde la federación se dio ya el primer paso en sentido contrario.

Apenas el martes 2 y sin que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la aprobara el día anterior, como debió ser, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados puso a discusión una iniciativa de ley panista que estaba en la congeladora legislativa desde el 29 de abril último, sostiene el diputado Roberto López Suárez, del PRD.

El legislador acusa al PRI de usar al PAN para dar un “albazo” la mañana de ese martes. El 24 de septiembre de 2013, detalla López Suárez, el panista Marcos Aguilar presentó una iniciativa de modificación a los artículos 11 y 73 de la Constitución con el propósito de crear una Ley General de Movilidad Nacional y luego repetirla en los estados.

“La iniciativa se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobándose el 23 de abril. De ahí se quedó en la congeladora, y ahora que estamos viviendo una crisis social, económica y política la sacan mágicamente violentando el proceso parlamentario.

“Lo que se pretende con esta ley es el control de las marchas y, por ende, el libre tránsito”, sostiene el perredista, quien además está en contra de la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal, que entró en vigor el 14 de julio último.

Según argumentó el panista Aguilar en su iniciativa, “los derechos humanos expresan nuestro profundo compromiso de que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna, ya que son universales, inalienables e indivisibles”.

Destacó también que, si bien los derechos humanos se han centrado en personas vulnerables y casos como la desaparición forzada y tortura, “es necesario avanzar hacia el diseño constitucional que otorgue no sólo protección de acuerdo a sus condiciones particulares, sino que debe valorarse a la sociedad en su conjunto y proveer de los elementos e infraestructura que permitan vivir con seguridad y tranquilidad”.

Por ello, agregó, debe ponerse atención a “los problemas” a los que se enfrentan día a día los habitantes de nuestro país, “siendo uno de ellos la movilidad” a la que toda persona tiene derecho. “Las personas que habitan en el Distrito Federal deben poder realizar sus actividades en un marco de seguridad y tranquilidad”, expuso el legislador.

El día que se discutió la citada reforma constitucional –el martes 2–, la diputada Lilia Aguilar, del PT, dijo que “en apariencia” dicho cambio pudiera parecer bueno, pues destaca que todo individuo tiene el derecho “a decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado”.

Pero bajo esta premisa se puede justificar la represión a una marcha sólo porque violenta el derecho de otro, comentó Aguilar.

Para los legisladores de izquierda y abogados que la critican, la parte que puede hacer peligrosa la iniciativa es el fragmento de la página siete que dice:

“El reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad permeará en la obligación para las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país, en implementar acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad, cada una de las actividades que decidan realizar, así como para que tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar.”

Además, el artículo 11 de la Constitución modificado establece: “El Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”.

Con la iniciativa aprobada, el Congreso de la Unión está facultado (artículo 73) para hacer leyes “en materia de movilidad universal”, y en los transitorios de la minuta –avalada con 287 votos de PRI, PAN, PVEM y Panal, y 87 en contra de MC, PRD y PT–, se indica que el Congreso expedirá “la Ley General de Movilidad” en un plazo no mayor a 180 días.

Una vez avalada por el Senado y ratificada por cuando menos 17 congresos locales, los estados tendrán 60 días para hacer sus respectivas leyes sobre movilidad.

Un cambio inconstitucional

En un análisis sobre los dos artículos ya avalados, el abogado y constitucionalista Jaime Cárdenas sostiene que se viola la propia Carta Magna.

Hay derechos preferentes en la Constitución, entre ellos “los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de conciencia”, los cuales, según el artículo 29, no pueden suspenderse, aunque se declare un estado de sitio o se suspendan las garantías.

“Entonces – explica–, hay cierto carácter de derecho preferente de derecho de libre tránsito, de manifestación, de expresión, que deben ser garantizados.”

Así, para entender la importancia de las marchas y de cómo los cambios a los artículos 11 y 73 afectan a la población, refiere Cárdenas, deben recordarse las modificaciones a la Ley de Amparo de 2013.

El entrevistado menciona que en abril de ese año, luego de que el Poder Legislativo modificó la Ley de Amparo, entró en vigor un cambio que le cercenó al ciudadano su derecho de reclamación.

“En el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, se estableció que éste es improcedente cuando es contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto significa que para la gente en general las vías jurídicas de reclamación y de impugnación están canceladas.

“Entonces, primero le cierras a la población la vía jurídica, legal, para inconformarse, y luego lo único que le queda, que es la calle, la protesta, también se la cierras. ¡Eso es una barbaridad!

“¿Qué le dejas a la gente? A los radicales se les abre la vía armada como método de lucha, pero, ¿y al resto que ya no puede salir a la calle a gritar su enojo, su malestar por la corrupción, por malas políticas, por la desaparición forzada, por los jóvenes de Ayotzinapa?

“Si te eliminan la calle, entonces te vas a quedar con tu enojo, con tu frustración, y se puede crear una sociedad resentida”, advierte.

Las modificaciones a los artículos aprobados en la Cámara de Diputados implican violar el artículo de la Constitución que habla del principio pro homine, según el cual los derechos deben interpretarse siempre a favor de las personas. No puedes hacer una ley que limite esos derechos.

Y añade: se viola el artículo 8, que es el de petición; el 9, que es el derecho a asociarse pacíficamente; el 35, que habla de los derechos políticos, y hasta el 136, que dice: “esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en virtud se hubiesen observado y serán juzgados los que hubieran emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado con esto”.

Este artículo –el 136– es el famoso derecho a la rebelión. ¡Bueno!, pues hasta éste se violenta con los cambios que avaló el Congreso, reitera Cárdenas.

Mientras en el Congreso de la Unión se afinan los últimos detalles para luego dar paso a la Ley General de Movilidad, en el Distrito Federal ya se tienen pasos avanzados.

Tan sólo el pasado 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo avalado por la Asamblea Legislativa: la Ley de Movilidad Urbana, promovida por el PRD con el respaldo de la mayoría de los legisladores locales.

La norma establece que se le pedirá permiso a la autoridad para realizar una marcha y se establecerán horarios y lugares por donde habrá de transitar, pero advierte que se prohíbe utilizar las vías primarias.

Para Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del programa legal de la agrupación Artículo 19, la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, que aglutina a 10 asociaciones, se amparó contra la citada ley, en especial contra los artículos 212, 213 y 214, ganándolos en primera instancia el martes 2.

Los tres amparos –1689/2014, 1690/ 2014 y 1693/2014– fueron promovidos en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa a cargo de Verónica Galicia Ramos y del Juzgado Segundo de Distrito que encabeza Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

Ambas instancias declararon inconstitucional la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal al sostener que se violentaban los derechos 6 y 9, cuando “la obligación de presentar ‘avisos previos’ y de calificar algunas manifestaciones con ‘un fin perfectamente lícito’ es de carácter restrictivo del derecho a la libertad de expresión y de asociación, pues el ejercicio de estos derechos son actividades legítimas y lícitas por sí mismas”.

Otro de los argumentos de las jueces a favor de quienes están contra la Ley de Movilidad Urbana fue que “la exigencia de informar a la autoridad con 48 horas previas a manifestarse es constitucionalmente desproporcional, ya que puede haber una necesidad inmediata que no admite plazo para liberar la tensión social a través de la libre manifestación, en caso de sucesos que cimbren a la opinión pública o cuando exista gran descontento social por alguna situación o violación de derechos humanos por parte de la autoridad”.

Y sobre la facultad otorgada a la seguridad pública de “tomar medidas necesarias” respecto al bloqueo de vías primarias, según las jueces, “esto deja a discrecionalidad de la propia autoridad el cómo actuar, lo que también genera un efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión y asociación, ya que las personas están imposibilitadas para saber previamente las consecuencias que pueda traer, lo que las deja en una incertidumbre total disminuyendo sus posibilidades de ejercer plenamente esos derechos”.

El diputado federal por el PRD Roberto López Suárez sostiene que justamente la Ley de Movilidad Urbana del Distrito Federal es hacia donde van los cambios constitucionales a los artículos 11 y 73 avalados el martes 2 en la Cámara de Diputados

Si el Senado los avala, advierte, su partido promoverá amparos porque violentan la propia Constitución y no se va a permitir que se criminalice la protesta ni que se limite el derecho a la manifestación.

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