MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Luego de que Juan Manuel Estrada Juárez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, denunciara que Rosa Verduzco habilitó su casa como posada y atiende por lo menos a ocho personas, el gobierno de Michoacán negó este sábado haber autorizado la operación de un nuevo albergue a Mamá Rosa. El secretario general de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, indicó que si Verduzco recibe a personas en su domicilio particular para darles ayuda, no estaría incurriendo en ningún delito. Agregó que Mamá Rosa continúa sujeta a un proceso penal y que no se puede impedir que reciba en su casa a otros individuos. Y aunque destacó que no hay indicios de que exista un delito, ofreció que se investigará la denuncia. “Las instancias competentes estarán pendientes de que no se cometa ningún delito en nombre de ninguna causa buena”. El funcionario rechazó que el gobierno estatal autorizara algún permiso para la operación de un nuevo albergue. Sin embargo, tras la acusación de Estrada Juárez el DIF estatal confirmó la existencia de la nueva Casa Hogar, en la que se encuentran cuatro menores de edad, pero el albergue no aparece a nombre de Rosa Verduzco. Fuentes de ese organismo comentaron que ya se investiga el nuevo albergue y en los próximos días se dará a conocer a nombre de quién está, así como las identidades de sus operadores y la ubicación exacta de la nueva casa hogar. La mañana del 15 de julio pasado fuerzas federales rescataron a casi 600 personas, la mayoría menores de edad, quienes estaban privados de su libertad en el albergue fundado en 1947 por Rosa Verduzco. En él convivían desde bebés hasta personas adultas, y varias de ellos eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal, principalmente de Mama Rosa. En su contra había al menos 50 denuncias por privación ilegal de la libertad, sin embargo, Rosa Verduzco fue declarada inimputable por la disminución de sus facultades cognitivas y mentales. Seis de sus empleados --Felipe Serrano Gómez, Lourdes Verduzco Verduzco, David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, Vicente Carlos Félix Durán y Miguel Ángel Ibarra Valencia— fueron detenidos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado, en perjuicio de 48 víctimas.