Se amparan ciudadanos contra el megaproyecto Monterrey VI

MONTERREY, N.L. (apro).- Organismos civiles interpusieron hoy un amparo para frenar el megaproyecto hidráulico Monterrey VI, debido a que el gobierno priista de Rodrigo Medina incumplió con la obligación legal de realizar una consulta pública entre los afectados.

El abogado ambientalista Gregorio Mariano Núñez González explicó que el plan para transportar agua entubada desde el río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta Linares, Nuevo León, no ha sido presentado a los ciudadanos de ninguna de las cuatro entidades que resultarán afectados por la construcción del ducto de 380 kilómetros.

El amparo fue presentado hoy ante el Juzgado Primero de Distrito en Justicia Administrativa, y en él se especifica que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), empresa dependiente del gobierno estatal que promueve el plan hidráulico, no enteró a los quejosos ni les dio el derecho de audiencia para decidir sobre el megaproyecto, “con lo que se violó la Convención al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientalistas”.

Con ello, la administración nuevoleonesa violó el 14 constitucional, que garantiza la legalidad, certeza jurídica y previa audiencia, pues las autoridades incumplieron con la formalidad de la abrir el expediente completo de la obra, dijo.

También ignoró el 153 bis 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que señala que toda persona tendrá derecho a recibir de cualquier instancia de los tres niveles la información ambiental que solicite en términos de ley, y el SADM ha ocultado los datos relevantes sobre el acueducto, precisó Núñez.

Luego detalló este amparo no es ordinario, pues en él se observa el interés colectivo y también el difuso, con lo que buscan que las comunidades y entes colectivos tengan representatividad a través de un denunciante, como es el organismo ciudadano Reforestación Extrema AC, que puede tomar la queja de los afectados en San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León.

“El interés difuso es un interés legítimo que se agrega a la Constitución, de acuerdo con los cambios promulgados en el artículo cuarto desde el 2012. Ahí se establece que el derecho al medio ambiente ya es humano, por lo que consideramos que el agua ya es un derecho humano trascendental.

“Esto nos lleva, también, al derecho al saneamiento. El artículo cuarto obliga al Senado a crear una nueva Ley de Aguas Nacionales, que no se ha cumplido. Es para ciudadanizar esta ley, para quitarle el poder a la Comisión Nacional del Agua y a las empresas del gobierno, y que incorporen a los ciudadanos en asuntos del manejo de ese recurso”, explicó.

Además, aclaró que en este amparo se involucra a las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y a la de Estados Americanos (OEA), pues en estas instancias se ha especificado, en leyes modelo, que el agua es un recurso que no puede ser mercantilizado ni privatizado, como lo ha hecho el gobierno nuevoleonés, mismo que pagará a lo largo de 27 años a un grupo de empresarios que construirán el acueducto valuado en 47 mil millones de pesos.

Aparte de Reforestación Extrema, se sumaron al amparo las organizaciones civiles Vertebra, Rescatemos Nuevo León, Academia Nacional de Arquitectura y Unión Nuevoleonesa de Padres de Familia, entre otras.

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