Búsqueda entorpecida

Pese a sus expresiones públicas de duelo por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente –con saldo de tres estudiantes asesinados, nueve heridos y 43 desaparecidos–, el gobierno federal no permitió que se buscara a los jóvenes dentro de las instalaciones de las bases militares en Iguala ni en las de la Procuraduría General de la República (PGR) o el Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

El mismo 27 de septiembre el gobierno federal anunció que se sumaba a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en apoyo al gobierno de Guerrero.

Sin embargo impidió que esa búsqueda se hiciera en la base que comparten la PGR y el COE del gobierno federal en Iguala y apenas permitió una revisión parcial en las instalaciones de los batallones de Infantería 27 y 41, según el informe de 81 hojas elaborado por el agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común Elmer Rosas Asunción y fechado el pasado 2 de octubre.

El 28 de septiembre a las 11:00 horas, la agente del Ministerio Público especializada en búsqueda de personas no localizadas, Elizabeth López Peña, ordenó una inspección completa en el 27 Batallón de Infantería, la base del COE/PGR, la base de la PF en Iguala, así como las sedes de las policías Estatal y Municipal en esa ciudad guerrerense.

La instrucción de López Peña fue “verificar si en dichas instalaciones existen o no personas recluidas en las áreas asignadas como de seguridad o áreas carcelarias”. También recabar “bitácoras o libros de gobierno y/o relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas”.

La inspección debía ser en las áreas de separos y en el “resto de las instalaciones destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verifiquen la existencia de cámaras de video; de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso”.

Por experiencias previas, los normalistas sobrevivientes y los padres de los desa­parecidos temieron que éstos se hallaran en instalaciones del gobierno federal: El 12 de diciembre de 2012, durante una protesta en la autopista México-Acapulco, efectivos de la Policía Federal (PF) dispararon contra los estudiantes y se llevaron detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional Federal, en Chilpancingo, donde los golpearon, como se desprende de la recomendación VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Permisos a medias

Rosas Asunción se presentó con dos testigos a las sedes de los batallones de Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos ubicados en el mismo lugar, cerca de la plaza Tamarindos.

Ahí fueron recibidos por el coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, quien señaló, según la relatoría de Rosas, que “en las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan a detener a individuos, éstos son canalizados directamente a las diferentes dependencias a donde correspondan”.

Rodríguez Pérez dijo que por motivos de “seguridad nacional” no podía mostrar todas las instalaciones y pese a la urgencia, debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, “para que autoricen una inspección general”.

El coronel dijo al agente auxiliar del MP que dentro del batallón hay un “área de sanitario habilitado como área de seguridad con puerta de celda”, dentro de la sala de guardia y prevención, y que según su dicho esa área, cerrada con candado y con etiquetas de papel, era usada para “depósito de enervantes”.

“Campo Militar No. 35-C Iguala Gro a 24 de septiembre 2014 prohibido el paso. Zona restringida sólo personal autorizado P O del Cor de Inf Cmte Btn el Myr de Inf jefe de la S110 Luis Alberto Rodríguez Chávez B-9445759”, decían las etiquetas.

De acuerdo con Rosas sólo se les permitió “observar y tomar imágenes fotográficas del lugar referido”. Pudieron asomarse por la reja y vieron muebles de estantería, una caja de cartón cerrada y una cubeta. No se les permitió revisar el resto de las instalaciones. En el reporte no se menciona si había cámaras de seguridad dentro del batallón ni si se obtuvo una bitácora de detenidos.

La siguiente visita del día fue al cuartel de la Policía Estatal, en la carretera Iguala-Tuxpan, donde el comandante José Antonio López Ruiz permitió una amplia inspección. No se reportó ninguna novedad.

La tercera se hizo en la base de la PF en Iguala, donde Rosas fue atendido por el oficial Mario Mayorga Duarte. Se informa que no había un área de seguridad o carcelaria y se permitió una amplia inspección. No hubo novedad, reportó el agente auxiliar del MP.

La cuarta tuvo lugar en la base de la Policía Municipal de Iguala, donde se pudo hacer una revisión completa y sin novedad.

Una quinta fue a las instalaciones de la PGR y el COE, en la calle Nicolás Bravo sin número, en el centro de Iguala. Ahí los enviados de López Peña fueron atendidos por el oficial de guardia Fidel Jiménez Morales, quien aceptó que habia un “área de seguridad (…) pero para tener acceso a todas las instalaciones, así como a la toma de fotografías se comunicaría vía telefónica con el agente titular del Ministerio Público federal; al cabo de unos minutos informó que no era posible acceder por motivos de seguridad”.

A partir del 4 de octubre la PGR anunció que atraería el caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero ninguna investigación se hizo en torno a la participación de la PF y el Ejército. Y según la información pública, tampoco ha habido una inspección profunda en las bases militares de Iguala ni en la de la propia PGR.

En el informe elaborado por el gobierno de Guerrero sobre el caso se señala que la Fiscalía General del Estado “recibió reportes anónimos en el sentido de que algunos de los normalistas desaparecidos se encontraban en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, otros más en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y otros en el cuartel de la Policía Estatal”. El Ministerio Público fue a dichos lugares “sin que se obtuvieran resultados positivos”.

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