San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando. Foto: Benjamín Flores El traslado de los cuerpos hallados en San Fernando. Foto: Benjamín Flores

El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:

Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.

Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.

El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.

En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

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