AYOTZINAPA, Gro., (proceso.com.mx).- Familiares de cinco hombres desaparecidos pidieron al presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, que le pida a sus hermanos, identificados como líderes del grupo criminal “Los Ardillos”, que liberen a las víctimas. Los familiares acusaron al legislador y coordinador de la fracción ?parlamentaria del PRD de proteger a sus hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, identificados por el gobierno federal como jefes de una banda criminal que opera en el municipio de Quechultenango, ubicado en la región Centro de la entidad. Los familiares de las víctimas identifican a los líderes de este grupo delictivo como los responsables de la retención y desaparición de los cinco hombres. El pasado 26 de noviembre, un grupo armado se llevó por la fuerza a cinco hombres, entre ellos un empresario constructor y dos arquitectos que ejecutaban un proyecto del programa Escuelas de Calidad en una zona marginada del municipio de Chilapa de Álvarez. El hecho se registró en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, colindante con el municipio de Quechultenango, donde sicarios al servicio de “Los Ardillos” y “Los Rojos” mantienen una confrontación que se ha recrudecido en los últimos días y ha dejado durante este año al menos 18 personas desaparecidas y varios homicidios. Las víctimas fueron identificadas ?con los nombres de: Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, ambos procedentes del municipio de Cuautla, Morelos; así como los hermanos Hugo y Alejandro Díaz Navarro, comerciantes originarios de Chilapa. José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, acudió acompañado de familiares a la normal de Ayotzinapa , donde el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, ofició una misa en la normal para tratar de aliviar el dolor de los padres de los estudiantes que siguen desaparecidos. Los familiares de los desaparecidos de Chilapa pidieron al jerarca católico que intervenga para que las autoridades reduzcan la violencia en dicho municipio, donde también fue ejecutado y enterrado en una fosa clandestina el sacerdote de origen ugandés John Ssenyondo. José Díaz reprochó la indolencia gubernamental frente al caso de los cinco desaparecidos y aseguró que el presidente del Congreso de Guerrero está interviniendo ante autoridades federales para proteger a sus hermanos. A casi un mes de este hecho, el gobierno federal no ha implementado un operativo en el municipio de Quechultenango, a pesar de que los familiares de las víctimas ubicaron dos casas de seguridad donde fue llevada la camioneta en la que viajaban los cinco desaparecidos.