Fundada por Ernesto Schwartz y Rodrigo Franco, dos jóvenes investigadores, la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC) promueve la búsqueda activa de los cuerpos de los desaparecidos en México. En los últimos meses la organización se anotó sus primeros puntos encaminados a “quitar a los especialistas el monopolio de la verdad” y, con el apoyo de forenses peruanos y los familiares de las víctimas, inició el proyecto de Ciencia Forense Ciudadana. Su primer caso es el de los restos óseos que presuntamente son los de la joven Brenda Damaris González, que ya enviaron a Washington. En enero les llegarán los resultados. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 31 de julio de 2012 la procuraduría de Nuevo León le entregó a Juana Solís Barrio una bolsa con 166 fragmentos óseos que, le dijeron, pertenecían a su hija, Brenda Damaris González Solís, desaparecida un año atrás en el municipio de Santa Catarina, una de las zonas controladas por los llamados “polizetas”, es decir, los cuerpos policiacos al servicio de Los Zetas. Pero ella desconfió pues no le entregaron pruebas de ADN para acreditar que los fragmentos correspondían realmente a su hija. De hecho, dice, tenían más de un año resguardados por la dependencia; tampoco le dijeron dónde encontraron esos restos ya sin tejido blando. Las autoridades ministeriales de Nuevo León le ordenaron incinerarlos y luego llevar las cenizas al panteón. Con ello pretendían darle carpetazo a su caso, como lo hacen con los cientos de víctimas en esa entidad. Días antes de que le entregaran los fragmentos, doña Juana enfrentó a un grupo de militares que descubrieron una fosa clandestina en Santa Catarina. Quería saber si entre los restos óseos estaban los de Brenda Damaris. Como llevaba una manta con la foto de su hija, la amonestaron pues según ellos se trataba de una narcomanta. A pesar de su desconfianza, la señora Solís enterró los fragmentos en el cemente­rio municipal de García, pero no los incineró. Colocó una cruz de madera azul cielo sin nombre. Y buscó a Leticia Hidalgo, madre de otro desaparecido que hoy dirige la Fundación de Desaparecidos de Nuevo León. Tras exponerle su caso le contó que no pensaba ceder a las presiones de otras organizaciones no gubernamentales que le pedían cerrar el expediente de su hija. Dos años después, Juana Solís y Lety Hidalgo contactaron a Ernesto Schwartz y Rodolfo Franco, dos jóvenes académicos fundadores de la asociación civil Gobernanza Forense Ciudadana (GFC), que promueve un modelo de “búsqueda activa” para “quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad” en torno a las decenas de miles de desaparecidos en México. Este año la asociación recibió un financiamiento de 250 mil libras (5.5 millones de pesos) de la Universidad Durham, Gran Bretaña, para realizar pruebas de ADN independientes, elaborar una base de datos sobre las víctimas de desapariciones en México e impulsar con los familiares y no con las autoridades un nuevo modelo de búsqueda y confirmación de la identidad de los restos que le han entregado a decenas de personas. En septiembre pasado Schwartz, Franco y la señora Solís obtuvieron la autorización para exhumar los restos que le entregaron a ella las autoridades de Nuevo León. Los apoyaron los integrantes del Equipo Peruano de Antropología Forense, responsables del proceso y de la cadena de custodia de los restos. Los fragmentos fueron enviados al laboratorio de Bode Technology, en Washington, donde les dijeron que los resultados estarán listos en enero de 2015. Se trata del primero de los 450 casos de personas registradas por el GFC como desaparecidas. “Si son los restos de mi hija, tendremos la tranquilidad de la familia y veremos quiénes son los responsables y por qué lo hicieron. Y si no son, seguiremos buscando la verdad”, declaró la madre de Brenda Damaris. El caso es apenas una pequeña muestra de las dimensiones de la tragedia sobre las desapariciones forzadas en México. Las cifras oficiales mencionan entre 25 mil y 27 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha. Se desconoce cuántos de esos casos pueden clasificarse como desapa­riciones forzadas por ser resultado de la intervención de las autoridades o de las fuerzas de seguridad pública (policías y efectivos militares).­ De acuerdo con el estudio más reciente de GFC, el del jueves 11, en 97% de los casos estudiados los familiares siguen buscando a sus desaparecidos. De ese universo, 38% ocurrió en Guerrero, 20% en el Estado de México, 10% en Tamaulipas, 5% en Nuevo León y 4% en Coahuila. En 97% de los casos, 85% se trata de hombres y el 12% restante corresponde a mujeres y, según los avances del estudio, cuya copia obtuvo Proceso, 40% cuentan con educación básica y 21% con nivel medio superior. “Economía terrible del dolor” Para Schwartz el caso de Brenda Damaris González es importante no sólo por ser el primero, sino porque será una demostración de que “los familiares no necesitan de un doctorado para entender la ciencia forense y ellos deben quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad sobre los desaparecidos”. En entrevista con Proceso, efectuada en vísperas de conocerse los resultados de las pruebas de ADN enviadas a Washington, Schwartz explicó que el GFC cuenta con otros 14 casos en los cuales los familiares aceptaron formar parte del proyecto piloto de Ciencia Forense Ciudadana. “Nosotros queremos que éste sea un asunto humanitario. Los familiares quieren saber dónde están sus hijos. Quieren saber la verdad. El registro les va a permitir tener más tranquilidad. “Es necesario romper la esquizofrenia de nuestro modelo de búsqueda de desaparecidos: Es el Estado quien comete la mayoría de los casos (a través de los cuerpos policiacos o militares) y se le pide al Estado que investigue y se sancione a sí mismo. Por eso nadie confía. Se ha generado una economía terrible del dolor en torno a los desaparecidos”, sostiene el investigador. –Van a afectar muchos intereses, ¿están conscientes de eso? –Por supuesto. Ha habido muchas preo­cupaciones sobre el alcance legal de lo que hacemos. En México, un peritaje independiente sólo es válido si la Procuraduría General de la República lo permite. –¿Esto puede tener un impacto sobre casos tan delicados como el de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala? –No sólo sobre ese caso, sino sobre muchos otros. En Iguala aparecieron 375 familiares que fueron del Estado de México, Puebla y otras entidades al conocerse que habían encontrado otras 12 fosas con fragmentos de más de 30 personas. Hay aún mucha desconfianza para emprender una vía ciudadana, independiente. Schwartz, director de GFC, se apasiona al explicar el modelo que la asociación quiere impulsar en México: “Se trata de recobrar lo más sencillo de la ciencia forense: es el espacio público para reconstruir la idea de un foro, donde participen los propios involucrados. Es quitarle a los especialistas el monopolio de la verdad. “Nosotros queremos utilizar el modelo planteado por Arely Cruz en su tesis Biobancos y su regulación (UNAM, 2010) para las personas con menos recursos y las víctimas que no tienen visibilidad en los medios.” En su sitio en internet, GFC advierte que “hasta la fecha no existe una base de datos de ADN nacional para hacer referencias cruzadas entre los restos humanos sin identificar y los que buscan los familiares de las víctimas”. En febrero de 2013, Human Rights Watch documentó 249 casos de desapariciones forzadas en las que intervinieron autoridades estatales y fuerzas de seguridad. Sin embargo, esos casos no representan ni 1% de las desapariciones forzadas que se presume existen en México. “La red institucional y legal subraya la incapacidad de las instituciones mexicanas para enfrentar el problema de las personas desaparecidas en el contexto de extrema violencia”, afirma Schwartz. Hasta la fecha, sólo dos de las 32 entidades han desarrollado marcos legales para definir el delito de desaparición forzada. No existen mecanismos de búsqueda inmediata. En la mayoría de los casos se deben esperar 72 horas para que las autoridades ministeriales actúen. El caso Lalinde en Colombia Schwartz tiene un doctorado en genómica en la sociedad, en Gran Bretaña. Cuenta que se vinculó con Arely Cruz en Colombia, donde las víctimas presionaron para tener un sistema forense más robusto. El caso más emblemático en ese país fue el de Fabiola Lalinde. Lalinde era una secretaria bilingüe quien durante más de 12 años realizó una investigación independiente para dar con el paradero de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde, militante del movimiento de liberación detenido, torturado y desaparecido en 1984. Su cuerpo fue localizado en 1996, estaba escondido entre las raíces de un árbol de la montaña Vereda Ventanas. Se trató de una ejecución extrajudicial que tras más de una década de investigación y denuncias en tribunales se le atribuyó a la Patrulla Militar No. 22 del Batallón Ayacucho. La persistencia de Fabiola Lalinde y la asesoría de otros especialistas, entre ellos el ómbudsman de Antioquia, Héctor Abad Gómez, asesinado en agosto de 1987, permitió que el caso Lalinde llegara hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio grabado en YouTube, Fabiola Lalinde afirma que durante 24 años recorrió “los caminos de la noche y de la niebla” en busca de desaparecidos de Colombia. Se integró al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. “La búsqueda de la verdad sobre la suerte corrida por Luis Fernando, tardó 4 mil 428 días ininterrumpidos hasta el 18 de noviembre de 1996, cuando logramos rescatar sus restos, plenamente identificados, en la bodega de la Octava Brigada –una verdadera proeza– e inhumarlos después de superar toda clase de dificultades y obstáculos jamás imaginados”, afirmó Fabiola Lalinde. El ejemplo colombiano, advierten los dos fundadores de GFC, puede generar una auténtica transformación en México. El primer objetivo con el caso de Brenda Damaris es conseguir un biobanco de víctimas, especialmente en Iguala, donde los propios familiares han encontrado los restos de más de 30 personas.