MÉXICO, D.F. (apro).- La creación de un refugio para la tortuga caguama en Baja California Sur (BCS) no convence a organizaciones ambientalistas de México y Estados Unidos, y las autoridades de este último país analizan aplicar sanciones contra México por desproteger a ese quelonio. El 5 de diciembre último México propuso un refugio en el Golfo de Ulloa de mil 989 hectáreas en los municipios de Comundú y Mulegé y que estará a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp), según el plan revisado por Apro. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formulará el programa de protección del área de refugio seis meses después de la creación oficial del santuario y establecerá las condiciones de conservación y manejo para las obras y actividades a desarrollar en la zona. El pasado 31 de diciembre, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y la Red de Restauración Turtle Island (TIRN, por sus siglas en inglés) enviaron una carta a Penny Pritzker, secretaria de Comercio, y a Jean-Pierre Plé, director interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), para expresar dudas sobre la propuesta mexicana y pedir castigo. Si bien reconocen que el santuario “es un primer paso importante para reducir la captura incidental” y sus límites geográficos “parecen consistentes con el área recomendada por científicos y grupos conservacionistas”, México aún no ha planteado “restricciones pesqueras” en la zona. “La propuesta e incluso su adopción eventual no puede constituir un ‘programa regulatorio’, porque ninguna contendrá normas, restricciones pesqueras u otras medidas específicas para disminuir la pesca incidental”, señala la misiva. Las organizaciones aducen que un refugio sin restricciones pesqueras sea considerado remotamente “comparable” con el programa regulatorio detallado requerido por Estados Unidos a los pescadores, que incluyen cierres temporales, restricciones de redes y límites de mortalidad. “El trazado de límites alrededor del refugio no resultará en una reducción de bycatch ‘comparablemente efectiva’ a medidas relativamente estrictas requeridas por Estados Unidos a los pescadores”, asegura la carta, enviada también a Juan José Guerra, secretario de la Semarnat, y a LuIs Fueyo, titular de Conanp. “En riesgo de extinción” En enero de 2013 el Departamento estadunidense de Comercio (DC) envió al Congreso el reporte bianual Mejorando el manejo de las pesquerías internacionales, en el que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, por sus siglas en inglés) identificó por primera vez a México por actividades pesqueras que implican la captura incidental de recursos marinos vivientes protegidos. En total, NMFS, adscrita a la NOAA, nombró a 10 naciones involucradas en pesca ilegal y no regulada durante 2011 y 2012. La tortuga Caretta caretta, caguama o amarilla, anida y desova en las costas de Japón y cada año nada hasta el litoral del suroccidente de Estados Unidos y la Península de Baja California. Su arribo se incrementa de mayo a agosto, cuando los quelonios más jóvenes maduran y regresan a playas niponas. Entre 15 mil y 20 mil ejemplares llegan a aguas mexicanas. Para éstos la mayor amenaza es la captura incidental por el uso de redes de arrastre y otros equipos marinos. En 1990 México prohibió la captura directa e intencional de tortugas marinas. Además, la caguama se encuentra entre las variedades protegidas. En Estados Unidos esa tortuga fue originalmente enlistada como “amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro en 1978. NMFS agregó en 2011 cuatro poblaciones, incluyendo la caguama del Pacífico Norte al status “en riesgo de extinción”. En mayo de 2013, CBD y TIRN solicitaron sanciones, entre ellas el veto al ingreso de productos marinos mexicanos a Estados Unidos y la pérdida de beneficios portuarios. Argumentó que México viola la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, vigente desde 2001, y en la cual el país se comprometió a reducir su captura incidental. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y varios científicos estiman que más de 2 mil tortugas mueren al año debido a las prácticas pesqueras en BCS, la mayor mortalidad global documentada. El Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) reportó la captura de 88 tortugas en sólo ocho días durante pruebas con redes de arrastre en julio de 2012. En su informe de enero de 2013, NMFS señaló que 438 caguamas aparecieron muertas a lo largo de la costa de Baja California Sur durante el verano de 2012. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente calculó más de 200 especímenes varados en 2014, 145 de tortuga caguama, 37 de tortuga prieta y 30 de golfina. En este mes de enero, el Departamento de Comercio debe decidir si castiga al país para obligarlo a mejorar la protección del quelonio, catalogado bajo amenaza. El Estudio técnico justificativo para la propuesta de declaratoria de área de refugio en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, para la tortuga amarilla, consultado por Apro, reconoce la captura incidental como causa importante de la mortandad. Estimaciones del Inapesca indican que la captura de camarón con el sistema de arrastre en el litoral del Océano Pacífico redunda en bycatch de 89% y pesca de camarón de casi 10%. Mensajes electrónicos Ambientalistas demandan sanciones, pues a su juicio el gobierno no ha adoptado acciones adecuadas. “No hemos visto ningún cambio. Ha habido investigaciones durante más de una década y la conclusión es que la captura incidental es la causa principal de la muerte. Esperamos que México anuncie nuevas regulaciones”, señala a Apro Sarah Uhlemann, directora del Programa Internacional de CBD. “Queremos sanciones porque México no toma medidas. Hay suficiente información para aplicar acciones de conservación para proteger a las tortugas y que éstas vayan de acuerdo con la economía de los pescadores”, dice Alejandro Olivera, representante de la oficina del noreste del Cemda. En noviembre de 2014, Olivera visitó la zona dos veces y halló cuerpos de seis tortugas –una con restos de redes de arrastre– y tres lobos marinos. Desde febrero de 2013, ambos gobiernos han mantenido negociaciones para revisar las medidas adoptadas por México e impedir penas que bloquearían exportaciones marinas a Estados Unidos o implicarían la pérdida de beneficios portuarios. Mensajes electrónicos entregados a Apro exponen la estrategia de México y la NOAA para evitar las sanciones. En un correo enviado el 26 de marzo último a varios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Semarnat, Alfonso Zegbe Camarena, delegado de esta última dependencia en la embajada de México en Washington, escribió que “los funcionarios de la NOAA nos explicaron que NO/NO buscan que México demuestre haber acabado con la muerte incidental de tortugas por pesca irregular, sino que se hayan tomado medidas y se lleven a cabo esfuerzos para terminar con ella a mediano/largo plazo o que tiendan” a reducirla. Zegbe explicó que para la certificación del Congreso de Estados Unidos las pesquerías siempre van ligadas con lo ambiental y “NO/NO hacen diferencias entre qué parte sí se ha cumplido o no, ya que evalúan el conjunto de acciones”. Otro correo de Zegbe del 26 de marzo explica el contenido de una reunión con funcionarios de la NOAA realizada en esa misma fecha. En ese encuentro, los estadunidenses “alertaron sobre la urgencia para obtener información en el tema de “bycatch/redes de arrastre y captura incidental de la tortuga” en actividades pesqueras, para asegurar la información necesaria y suficiente para completar el reporte que la dependencia, adscrita al Departamento de Comercio, elabora para el Congreso sobre el cumplimento de México respecto a la Ley de Protección a la Moratoria para la Pesca con Redes Flotantes en Alta Mar. “De no obtener la información necesaria, podría resultar en no dar la certificación y establecer una moratoria de Estados Unidos” a las importaciones pesqueras, advierte la comunicación. Estados Unidos recurre al concepto “comparablemente efectiva” para evaluar las regulaciones cuya meta es reducir la captura incidental de quelonios o bycatch. “Esperan obtener la documentación que aclare que, en efecto, se persigue este objetivo en los esfuerzos que se realizan y que estos están orientados a resultados y NO/NO que se hayan cesado por completo las actividades de pesca irregular”, relata Zegbe. En esa sesión, los delegados de la NOAA mencionaron que entre la información relevante a entregar “es la de las medidas de conservación”, pues vinculan pesca con ambiente. Además, Estados Unidos quiere saber sobre medidas tomadas para la conservación de la caguama en BCS, esfuerzos para su conservación, plan de ordenamiento pesquero en el Golfo de Ulloa, los casos de revisión/detención de embarcaciones que no han cumplido con las normas, información detallada de los programas de desarrollo de tecnología que financia la Semarnat y de sustitución de artes de pesca y estudios de Conanp sobre artes de pesca y socioeconómicos en las pesquerías de la región. “En la información sobre conservación que se les ha hecho llegar a NOAA sólo se dan generalidades y no les queda claro en específico la regulación en pesca de enmalle en BCS y cómo estas medidas han incidido en la forma de eliminar o reducir la captura incidental”, cita el correo. Por Estados Unidos asistieron Plé, Liz English y Krissy Rusello, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Pesquerías de NOAA, así como Alexis Gutiérrez, de la Oficina de Recursos Protegidos; David Hogan, subdirector de la Oficina de Conservación Marina del Departamento de Estado, y Stacey Nathanson, asesora general para la Sección de Pesquerías y Recursos Protegidos. Uhlemann expone que “bajo la ley, Estados Unidos aún debe sancionar e imponer un embargo hasta que las regulaciones estén listas”. Pesquisa insuficiente El Estudio sobre las causas de muerte de la tortuga amarilla (Caretta Caretta) en la costa occidental de Baja California Sur (Golfo de Ulloa), de junio último y comisionado por el gobierno, concluyó en que la muerte de las tortugas se debe a diversos factores. Señala entre ellos la pesca, enfermedades y/o parásitos e intoxicación por mareas rojas. El reporte, consultado por Apro y elaborado por científicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los centros Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y de Investigaciones Biológicas del Noroeste, subrayó que “el avanzado grado de descomposición en que se encontraban la mayoría de los cadáveres de tortugas recolectadas en altamar y varadas impidió llevar a cabo estudios concluyentes de la causa de su muerte”, por lo que los resultados no son “representativos” por “el escaso número de muestras”. Los especialistas realizaron cuatro expediciones a Puerto López Mateos, en Comondú, la playa de San Lázaro y el Golfo de Ulloa, con monitoreos en julio, agosto y noviembre de 2013, y febrero, marzo y abril últimos. Los equipos capturaron 15 tortugas vivas, 10 caguamas y cinco oliváceas, mientras que en Playa San Lázaro se realizaron necropsias de seis caguamas. “Existe una falta de resultados concluyentes en ensayos con redes y palangres, debido al tamaño relativamente pequeño de réplicas”, cita el documento. El 11 de julio de 2013 apareció en el Diario Oficial de la Federación la NOM-002-SAG/PESC-2013, que prohíbe en nueve zonas, entre ellas Bahía Magdalena en BCS, la pesca con redes de arrastre para captura de camarón dentro de un área de 9.25 kilómetros de radio alrededor de las bocas que llevan al mar. Para el Alto Golfo de California se autoriza la pesca ribereña con red RS-INP-MEX, medida rechazada por grupos pescadores de la zona. El Golfo de Ulloa acoge a 18 localidades pesqueras, donde operan 300 unidades productivas (171 cooperativas y otras asociaciones y 129 organizaciones privadas). El chinchorro de línea, el trasmallo tradicional empleado por los pescadores, será utilizado por los próximos tres años. Su sustitución gradual será de 30% durante los primeros dos años y 40% en el último. Inapesca argumenta que el uso de la red RS-INP-MEX reducirá 30% la captura incidental.