Urge la CIDH a Peña medidas para localizar a periodista veracruzano

MÉXICO, DF (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a “adoptar todas las medidas necesarias para encontrar con vida” al periodista y activista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo –sustraído de su propia casa por un grupo armado el pasado viernes 2–, incluida la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tal petición se dio casi al mismo tiempo en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el incremento de las agresiones a los comunicadores: De 2010 a la fecha 97 periodistas y trabajadores del sector han perdido la vida y de 2005 a la fecha van 22 desapariciones.

A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH manifestó su preocupación por la desaparición de Sánchez Cerezo en el municipio veracruzano de Medellín de Bravo, hechos por los que 38 policías municipales se encuentran sujetos a investigación.

De acuerdo con familiares de la víctima, “Sánchez Cerezo habría sido amenazado dos días antes de que un grupo de personas que se desplazaban en tres vehículos irrumpiera en su casa para llevárselo. Los agresores también se habrían llevado el material de trabajo del periodista, su computadora y su cámara fotográfica”.

En un comunicado, la CIDH recordó que “la situación de violencia contra de los periodistas en México –especialmente en el estado de Veracruz— ha sido motivo de preocupación para esta oficina”.

Ante ese escenario, el organismo de la OEA pidió al gobierno de Peña Nieto que se investigue “de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen está asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima o su labor de defensa de los derechos humanos”.

También recomienda realizar un análisis urgente para determinar “si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales”, amén de la obligación de establecer la “coordinación interinstitucional” entre los mecanismos federal y estatal de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, con el fin de garantizar la integridad de esos sectores de la sociedad.

En el documento, la Relatoría Especial da cuenta de que Sánchez Cerezo es fundador y periodista del semanario La Unión, de distribución gratuita, “a través del cual denunciaba la corrupción de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona”, información que difundía también a través de las redes sociales.

Asimismo, señala que para “sustentar económicamente el semanario”, el periodista y activista laboraba como conductor de taxi y comerciante ambulante.

La desaparición de Sánchez Cerezo es la número 22 registrada por la CNDH desde 2005, informó el organismo en un comunicado.

Luego de que el ombudsman anunciara su intervención en este caso, en un posicionamiento alertó sobre el incremento de la violencia contra los comunicadores, al registrar 433 expedientes desde 2010, de los que 97 corresponden a muertes de periodistas o trabajadores de los medios.

La CNDH resaltó que desde 2006 a la fecha tiene contabilizados 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez recordó que “el Estado es el primer obligado en constituirse en garante de la libertad de expresión”, en tanto que los “profesionales del periodismo requieren garantías que hagan posible su trabajo en un entorno libre de amenazas y de violencia, condiciones que vulneran sus derechos y que terminan por dañar a la sociedad entera, al restringirle la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones”.

Además, puntualizó que el Estado “tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo”.

 

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