En Chihuahua, todos unidos contra Duarte

La ambición y el autoritarismo del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, lo tienen confrontado con los ciudadanos, sean campesinos, estudiantes, transportistas, historiadores o defensores de los derechos humanos. Y aunque él trata de minimizar las constantes protestas, ya tomó forma un movimiento amplio, la Unión Ciudadana, que puede darle una sorpresa en breve.

Chihuahua, Chih.- Un movimiento contra la corrupción del gobernador César Duarte y su equipo unió a viejos y nuevos dirigentes, políticos y ciudadanos, de izquierda y derecha, así como a líderes de luchas históricas en el estado.
A ellos se sumaron dirigentes campesinos, barzonistas, del movimiento de Madera del 65 y del estudiantil de 1972, las activistas que visibilizaron los feminicidios e integrantes de YoSoy132, otros estudiantes y líderes de médicos y empresarios, que constituyeron el movimiento Unión Ciudadana contra la corrupción.
La organización, que algunos integrantes definen como una “autodefensa cívica”, se dedica a documentar la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito en los cuales presuntamente incurren el gobernador y su gabinete, a fin de denunciarlo penalmente.
El pasado 23 de septiembre, el exdiputado Jaime García Chávez –quien renunció con otros militantes al PRD por su alianza con el PRI en las elecciones federales de 2012– interpuso la denuncia penal para que la federación investigue a Duarte y a su esposa, Bertha Gómez Fong, por la supuesta creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego trasladaron al banco Unión Progreso.
En esa institución de crédito tiene inversiones el gobernador y ahí se deposita dinero público (Proceso 1991).
La denuncia de García Chávez fue acompañada por la diputada federal panista Rocío Reza Gallegos, quien 10 días después presentó otra por el mismo motivo.
El 28 de noviembre el Auditorio Municipal de la capital chihuahuense tuvo que cerrar sus puertas pues no hubo cupo para la gente que llegó de todo el estado. Destacó la presencia de líderes del PAN, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), experredistas, organizaciones civiles, funcionarios, médicos, académicos, estudiantes, activistas por los derechos humanos, ambientalistas y priistas de bajo perfil.
Entre los oradores estuvieron el exgobernador panista Francisco Barrio Terrazas; el dirigente de Morena, Víctor Quintana; y el dirigente estatal de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega.
Olga Ponce Frescas, quien encabezó el movimiento de médicos #YoSoy17 en el estado, manifestó la preocupación de su gremio por las carencias en los servicios de salud pública, principalmente el desabasto de medicamentos. Añadió: “Hay más inconformidad después del conocimiento de los nexos del gobernador con las farmacias” (Proceso 1991).
El senador Javier Corral Jurado, también del PAN, ya había llevado el tema al Senado, donde más de 40 legisladores –entre ellos Alejandro Encinas, Ernesto Ruffo, Ricardo Monreal, Layda Sansores y Manuel Bartlett– apoyaron el exhorto al Ejecutivo federal para que atienda pronto la denuncia.
La iniciativa pasó a comisiones y fue aprobada, pero no logró la mayoría calificada para considerarse “de urgente y obvia­ resolución”.
Al principio Duarte minimizó la denuncia: “Si no les he tenido miedo a los sicarios, menos a los chismosos”, dijo. Pronto comenzó a calificar a sus críticos como “desestabilizadores de Chihuahua”, “enemigos del progreso” y “zánganos”.
Rectores y directores de universidades públicas y privadas, así como alcaldes, publicaron desplegados de prensa para defender al gobernador y acusaron a García Chávez de corrupto.
“Con afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, desarrollo económico, empleo y salud que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años”, decía una de las inserciones pagadas, sin aportar pruebas.
El día de la asamblea de Unión Ciudadana apareció otro desplegado en los principales medios impresos, donde se acusó a Corral de utilizar el movimiento para candidatearse como gobernador.
Sin embargo, en varias entrevistas Duarte ha reconocido que creó el fideicomiso y su relación con el banco Unión Progreso –que presidió el actual secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral–, aunque afirmó que invirtió para “rescatarlo” de una crisis que ponía en riesgo a unas 100 mil familias. Después dijo que creó el fideicomiso sin fijarse en el papel que firmó.
“¿Sabe cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que no lo leí”, declaró en entrevista para el noticiero Punto de Partida, de Televisa, y ahí mismo le ordenó a su socio y secretario de Hacienda, Herrera Corral, que desautorizara los depósitos gubernamentales en su banco.

Agravios sin fin

La primera protesta contra el gobierno de Duarte que prendió en los ciudadanos fue provocada por su indolencia ante las demandas y después ante el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, frente a la puerta principal del Palacio de Gobierno, el 16 de diciembre de 2010.
Como muestra de repudio al crimen, muchas personas colocaban veladoras alrededor del inmueble oficial, pero los guardias las quitaban. Eso empeoró el malestar y más gente comenzó a colocar sus veladoras. En junio de 2011, cuando el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia pasó por la ciudad, el activista incrustó con cemento una placa conmemorativa en el lugar preciso en que falleció Marisela Escobedo.
Pronto Duarte y el entonces fiscal general Carlos Manuel Salas acusaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido por Luz Estela Castro Rodríguez, de defender a delincuentes y “lucrar” con esa causa. El caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La falta de atención a los problemas agrarios y campesinos abrió otro frente de conflicto para el gobierno del estado, con el asesinato de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, el 22 de octubre de 2012. Ambos integrantes de El Barzón encabezaron las demandas contra la minera Mag Silver en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, así como la defensa de la tierra y el agua, lo cual desató una campaña mediática de desprestigio contra su organización.
Como El Barzón Chihuahua continuó resistiendo, un grupo de sus integrantes y la familia del matrimonio Solorio Solís recibieron amenazas, por lo que ahora cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las presiones contra uno de los principales líderes barzonistas, Martín Solís Bustamante, se acrecentaron tras la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de los Solorio Solís, cuando denunció que un grupo delictivo actúa en el ejido Benito Juárez al amparo de las autoridades. La fiscalía no ha protegido a Solís Bustamante.
Defensores de indígenas y comunidades de Guadalupe y Calvo también han solicitado medidas cautelares a la CIDH.
Todo porque desde 2011 la puerta del Palacio de Gobierno ha permanecido cerrada a toda protesta social. Familiares de personas asesinadas o desaparecidas, acusadas injustamente de delitos graves, policías que demandan respeto a sus derechos laborales, indígenas que luchan por sus tierras y su seguridad, campesinos que ven morir sus cultivos por alzas de precios de insumos y la disminución del apoyo oficial, han reclamado la falta de atención del gobernador.
Para colmo, en agosto pasado Duarte anunció que el mausoleo de Francisco Villa, ubicado en el parque Revolución, donde el propio Centauro del Norte mandó construirlo, sería trasladado frente al balcón del Palacio de Gobierno. Previamente mandó ampliar éste a un costo de 2 millones de pesos.
Historiadores, arquitectos y ciudadanos en general hicieron guardia en el mausoleo y protestaron aproximadamente un mes contra la reubicación arbitraria del monumento. Duarte decidió invertir 8 millones de pesos para hacer una réplica y colocarla donde quería, pese a que el original está a sólo 600 metros del Palacio de Gobierno. El derroche generó otra movilización para clausurar simbólicamente el avance de la obra.
Esa manifestación se empalmó con la de choferes del nuevo sistema de transporte público, el cual se inauguraría al día siguiente sin que ellos conocieran sus condiciones laborales. Al arrancar sus operaciones, el sistema se colapsó. Los pasajeros bajaban de los camiones para cerrar las principales vías como manifestación del descontento. Duarte utilizó policías antimotines del penal para “controlar” a los inconformes; en realidad, gaseó a manifestantes y periodistas.
Para acallar las críticas posteriores, el gobernador anunció un mes de transporte gratis, y como las fallas seguían otorgó otro mes. Estas medidas favorecieron poco su imagen, pues sus descalificaciones contra sus críticos subieron de tono.
Para entonces ya se le había cuestionado –principalmente en redes sociales– el costoso festejo que se realizó en la Casa de Gobierno por su cumpleaños, donde participaron varios cantantes, entre ellos Juan Gabriel. Duarte difundió que ese concierto privado fue un regalo de su esposa.
Al mismo tiempo se dio a conocer que en su administración se comprometieron recursos públicos hasta por 30 años por los adeudos. El año pasado cerró con un pasivo superior a 44 mil millones de pesos, aunque el gobierno reconoce menos de 20 mil millones como deuda directa.

Control caciquil

Otro motivo de reclamo es el control del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial del estado, las universidades autónomas, partidos políticos y organismos descentralizados como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los dos últimos enfrentan recursos de amparo contra sus procesos de elección.
En cuanto al control de los medios, varias organizaciones civiles han señalado que en 2012 Chihuahua fue la segunda entidad con mayor inversión en publicidad oficial, con 500 millones de pesos. De acuerdo con Corral Jurado, al siguiente año Duarte invirtió mil 48 millones de pesos.
Y a partir de septiembre los estudiantes chihuahuenses, que reclamaban el respeto a la autonomía de las universidades públicas, se unieron al clamor nacional para exigir la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, el pasado 20 de noviembre, decenas de estudiantes saltaron frente al gobernador, su esposa y su gabinete. Gritaban: “¡El que no brinque es Duarte!”. Esa misma semana las autoridades educativas del estado ordenaron suspender las clases en todos los planteles del Colegio de Bachilleres y de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el pretexto de la entrada de una onda gélida.
En las redes sociales los jóvenes interpretaron la medida como un intento de evitar que organizaran manifestaciones, ya que los alumnos de kínder a secundaria, más vulnerables al mal clima, no suspendieron clases.
Aunque las autoridades se contradijeron al afirmar que la medida sólo era una recomendación, las burlas continuaron: “Al gobernador le dio frío la protesta contra Ayotzinapa”, se leía. También: “–Mami: ¿por qué yo sí voy a la escuela con frío? –Porque tú no te puedes manifestar, mijo”. El 27 de noviembre, estudiantes caminaron de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua al Palacio de Gobierno, donde dejaron cobertores.
Y en Ciudad Juárez el movimiento contra Duarte ha generado la toma parcial de puentes internacionales y protestas constantes por diversos sectores sociales, sobre todo estudiantes.
En la primera asamblea de Unión Ciudadana se escuchó una suma de reclamos contra el gobernador, acusado de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito.
Barrio Terrazas usó un tono parecido al de sus intervenciones públicas durante el movimiento contra el fraude electoral local de 1986 al señalar:
“Antes de que se cumpliera un año de gobierno de la actual administración estatal ya se oía hablar de corrupción en muchas de sus áreas y del enriquecimiento del gobernador y de algunos otros funcionarios (…) del diezmo en los contratos de obras públicas hasta compras escandalosas de todo lo que se les ocurra: negocios, ranchos, aviones, ganado de alto registro”…
García Chávez explica en entrevista que el movimiento ha prendido entre la población por el divorcio del gobierno con la sociedad, el mal funcionamiento de las instituciones y el ocultamiento oficial de la verdad en materia de seguridad.
Unión Ciudadana anunció que el 23 de enero realizará una asamblea en Ciudad Juárez para después solicitar en el Distrito Federal que se les informe sobre el avance de la investigación penal y exigir al presidente Enrique Peña Nieto que se atienda el caso.

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