En el fondo, la sed de dinero

Chihuahua, Chih.- El gobierno de César Duarte, que controla los poderes Legislativo y Judicial, así como a importantes grupos empresariales, pretende utilizar su respaldo para recabar recursos y pagar la elevada deuda o cubrir en parte el boquete financiero del presupuesto estatal.

El 29 de enero de 2014 el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua publicó el Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública Estatal (Prorehp), destinado a “subsanar” las finanzas públicas. Los ejes del programa son: ajuste multianual del gasto, incremento del esfuerzo recaudatorio, aprovechamiento de los activos existentes y reordenamiento de los pasivos.
Según el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, con esas medidas el estado pretende generar 7 mil millones de pesos adicionales para fomentar el ahorro interno y abstenerse de contratar más deuda pública.
Además, para “incrementar el esfuerzo recaudatorio” se pondrán en venta más de 500 inmuebles; el año pasado se aumentó el Impuesto Sobre la Nómina de 2 a 3% y se creó el engomado de verificación ecológica para vehículos.
Este año la autoridad intentó renovar las placas de tránsito, pero dio marcha atrás con el pretexto de apoyar a la ciudadanía. Aun así, se cobró la verificación y se impuso el engomado, empezaron a aplicarse las fotomultas y se incrementó el monto de las infracciones.
Al iniciar 2014 Duarte despidió a mil 500 burócratas mediante un programa de austeridad, que era el primer punto del Prorehp, lo cual generó malestar porque no se tomó en cuenta ni la antigüedad ni el escalafón, y por otra parte se ha contratado a familiares de funcionarios.
Después se anunció que con la reforma de la Ley de Pensiones se incluiría a 30 mil burócratas en el Fondo General de Pensiones Civiles del Estado, sin explicar en qué consistía.
Resulta que a cada empleado se le retiene 12% del salario para integrar un fondo de ahorro, pero hasta ahora no se sabe cómo funciona, pues quienes han intentado solicitar préstamos no lo consiguen aun después de meses de trámite.
La reforma mencionada sólo incluye el fondo de ahorro, porque los burócratas integrados tienen servicio médico a través del Seguro Popular; es el Instituto Chihuahuense de la Salud el que les da atención, como a todo grupo vulnerable, y deben pagar un promedio de 250 pesos quincenales.
Esa situación laboral ya hizo crisis en la Fiscalía General del Estado, pues el manejo del dinero no es transparente. Además, los agentes policiacos, penitenciarios y del Ministerio Público, entre otros, deben comprar su uniforme y pagar sus viáticos aunque les hacen firmar de recibido como si se los pagara la dependencia.
Hasta finales de diciembre pasado sólo se había conseguido que el gobierno estatal les pagara a todos los burócratas el aumento de salario que les correspondía desde enero de 2014.
Además de la retención para el fondo de ahorro, se les descuentan a los empleados de gobierno 200 pesos quincenales para el mantenimiento de un centro de esparcimiento familiar, aunque esto no se les consultó.
La mayor recaudación no se ve en los servicios públicos. El desabasto de medicamentos es evidente, la construcción de centros de salud y de planteles educativos no es transparente y se ha incrementado la matrícula de alumnos de nivel medio superior y superior para que “nadie quede sin estudio”, pero se incrementaron las cuotas de inscripción.
Para acallar las voces críticas, Duarte hace anuncios espectaculares. En su último informe de gobierno dijo que bajaría la tarifa eléctrica en el estado mediante un acuerdo con la CFE, pero después se supo que sólo era para el verano de este año y para un sector. Con todo, los empleados del PRI y del gobierno han tenido que repartir entre los automovilistas volantes con los “logros” del gobernador.

A costa de la salud

La Secretaría de Salud tenía conocimiento de una alerta en la colonia Ávalos, donde una planta fundidora operó durante décadas. Habitantes de la zona muestran altas concentraciones de contaminantes en la sangre, especialmente plomo.
El Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y un estudio de 2012, financiado por la Unión Europea y promovido por el Departamento de Protección Ambiental de Stuttgart, recomendaron al gobierno chihuahuense la reubicación de los colonos.
El estudio advierte que el suelo, los inmuebles de la antigua fundidora de Ávalos y las zonas aledañas presentan altos niveles de metales pesados, como plomo, cadmio, arsénico y zinc. El Cimav advirtió del alto riesgo de que los niños padecieran por ello trastornos neurológicos y cáncer.
Hace unas semanas, el Canal 28 de Chihuahua dio a conocer que la Secretaría de Salud estatal ocultó estudios sobre menores de la zona que ya presentan síntomas por la alta concentración de plomo.
Aun así se consideró que más de 400 hectáreas en las inmediaciones de la vieja planta metalúrgica representaban una oportunidad para comercializar un megaproyecto urbanístico.
Aunque los terrenos fueron adquiridos por administraciones anteriores, el gobierno de Duarte tenía previstos proyectos culturales, de vivienda, recreativos, comerciales, habitacionales y ambientales para activar la economía, confirmó Manuel Armando Colomo, director de Desarrollo Urbano, antes de que el problema de contaminación se hiciera público.
En Ávalos el actual gobierno construyó las nuevas instalaciones de las ferias de Santa Rita; cinco mega-albercas; planeaba un complejo de vivienda para vender a los policías (que no la tienen como prestación) y pretendía vender alrededor de 43 hectáreas para uso comercial.
El problema estalló hace unas semanas, cuando varios padres de familia mandaron hacer estudios particulares y sus hijos resultaron hasta con 40 puntos de plomo en la sangre. Sin embargo, la Secretaría de Salud les hizo otros estudios para minimizar el problema y aseguró que tenían sólo cuatro puntos o menos.
Como Julio González, padre de tres niños, varias personas reclamaron a las autoridades porque los estudios, supuestamente realizados en un laboratorio estadunidense, carecen de sello que acredite su confiabilidad.­
La situación provocó que padres de familia y maestros protestaran de distintas formas, hasta que la autoridad prometió aplicar estudios a 400 niños, pero era necesario internarlos y no había suficiente espacio en el Hospital Infantil.

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