Dilemas de la simulación democrática

Frutos podridos de la inconclusa y fallida transición, los partidos políticos se han convertido en uno de los principales obstáculos hacia la consolidación de la democracia en México. Ello coloca a los ciudadanos en el dilema de abstenerse de votar y boicotear las elecciones, como lo ha propuesto Javier Sicilia, o ser cómplices de una simulación que parece conducirnos hacia una kakistocracia electoral, es decir, a la instauración del “gobierno de los peores”, avalada mediante comicios presumiblemente bien organizados por el INE.

Los partidos políticos son instrumentos fundamentales del funcionamiento de la democracia representativa. Sin embargo, dichos institutos suelen operar como oligarquías corruptas –a las que Max Weber denominó partidos de patronazgo–, cuyo fin principal es obtener “prebendas, poder y, en consecuencia, honor para sus jefes y secuaces, o todo esto a la vez”. Corrupción, moches, proclividad a la cooptación, demagogia, fiestas con edecanes, relojes de lujo, cinismo, canonjías, coacción o compra del voto, excesos en los gastos de campaña, encuestas manipuladas, pugnas internas por el botín, cotos familiares, vocación caudillista o connivencia con el crimen organizado, son elementos constitutivos de los usos y costumbres correspondientes a los dirigentes de partidos políticos de todos los colores, tamaños e “ideologías”. Tales características comunes hacen que las organizaciones partidistas mexicanas sean, en los hechos, más parecidas entre sí de lo que pudieran diferenciarlas sus –siempre maleables– programas, principios e ideas. A pesar de la pluralidad, forman una unidad en la simulación democrática.

A esta deleznable realidad se suman la violencia, la corrupción y la impunidad que laceran al país y aumentan el encono social. Difícil imaginar un peor escenario en la pretensión de sostener la menguante gobernabilidad democrática. Ante ello se presenta otra disyuntiva: optar por una vía antisistema, de ruptura con las instituciones, con el fin de refundar el país mediante la creación de un nuevo Constituyente “para luego articular un Comité de Salvación Nacional que se convierta en gobierno en 2018” (Javier Sicilia, Proceso 1992); o bien, buscar una transformación de la nación dentro del andamiaje institucional, a pesar de sus defectos y limitaciones.

Coincido con el diagnóstico de Sicilia. México enfrenta una emergencia nacional, y las elecciones por sí mismas no garantizan una auténtica democracia al servicio del interés general. Sin embargo, por la vía pacífica, un nuevo Constituyente no puede construirse sin la participación del Congreso y de los miembros de los partidos políticos que lo conforman. La única manera de elaborar una nueva Constitución sin recurrir al Poder Legislativo sería mediante una revolución. Tampoco podría imponerse por la vía pacífica un Comité de Salvación Nacional que gobernara en 2018 si no fuese el resultado de una victoria en un proceso electoral libre y limpio, acorde con las leyes e instituciones existentes. De lo contrario, no contaría con la legitimidad democrática deseable y necesaria para la transformación del país. En el México del siglo XXI tampoco parece factible ni deseable la imposición de una ideología anarquista-cristiana que sustituya al Estado actual por uno sustentado en autonomías confederadas y basado en una ética colectiva, como lo propone Sicilia. La nación tampoco puede sustraerse de la modernidad ni del contexto internacional.

No obstante, pienso que Javier Sicilia representa uno de los liderazgos morales más sólidos y auténticos. Su inteligencia, vocación humanista, rectitud ética, valentía, visión crítica y compromiso con los sectores más desprotegidos son cualidades necesarias en la tarea de transformar a la República Mexicana. El poeta y activista social es una personalidad indispensable en el propósito de conformar una agrupación ciudadana plural –constituida por intelectuales, académicos, artistas, personalidades de la sociedad civil, así como políticos con experiencia y honestidad probadas– capaz de proponer una alternativa real de gobierno.

En un principio, esa organización ciudadana sería un grupo de presión que demandaría al gobierno la realización de los cambios más urgentes y profundos, postergados durante décadas, lo cual ha tenido como consecuencia que la transición a la democracia se haya malogrado y que el territorio nacional esté invadido por la violencia, el terror y la capacidad corruptora del crimen organizado.

Dichas reformas pendientes e inaplazables son: el abatimiento de la corrupción y la impunidad, lo mismo que la creación de un auténtico estado de derecho. Es claro que ni el gobierno ni sus cómplices en el Congreso están interesados en hacerlas a pesar de que son demandadas por una amplia mayoría ciudadana. La sociedad civil no se ha sabido organizar de modo que sea escuchada por el gobierno. Es necesario hacerlo con el fin de obligar a los detentadores del poder a acatar el mandato popular.

En México existe talento de sobra con la capacidad de conformar una alternativa de gobierno honesta y eficaz. Lo que ha faltado es la voluntad de organizarse y de elaborar una estrategia que represente un contrapeso real a la cleptocracia y kakistocracia reinantes. Esta agrupación estaría en posibilidades de ser después un partido político, o bien, de proponer candidaturas ciudadanas que apoyen amplios sectores de la población e inclusive otros partidos. La experiencia de Podemos en España es una referencia interesante que puede ser mejorada y adaptada a la realidad mexicana.

El reto de establecer un buen gobierno en un país del tamaño y la complejidad de México reclama instituciones sólidas, al igual que personas capacitadas y experimentadas capaces de instaurar la paz, la justicia y la honradez; además del diseño e implementación de políticas públicas que propicien el crecimiento económico, la productividad, el combate a la pobreza y la desigualdad, con mejores servicios de educación, salud e infraestructura. Esto exige un Estado fuerte, eficaz y honesto, calificado para concebir y ejecutar políticas públicas, administrar con eficiencia el aparato gubernamental, controlar y sancionar la corrupción, establecer un alto índice de transparencia y rendición de cuentas y, de modo primordial, hacer cumplir la ley, es decir, instaurar un verdadero estado de derecho. La sociedad tiene la palabra.

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