MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto suele presumir la reducción de los índices de violencia --que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)-- para ilustrar “ante el mundo” los éxitos de su política de seguridad. No obstante, en su Reporte sobre delitos de alto impacto. Noviembre de 2014, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) echa por tierra la narrativa oficial al subrayar que las “condiciones de paz y tranquilidad” en México resulta ser un “acogedor espejismo para quienes han optado por cerrar los ojos”. En cada uno de los 30 días de noviembre pasado, apuntó, se cometieron un promedio de 41 homicidios dolosos, 43 homicidios culposos, 340 secuestros, 12 extorsiones, 463 robos con violencia, 437 automóviles hurtados, 242 robos a casas y 182 comercios desvalijados. Pero, además, estas cifras de por sí altas están subestimadas y resultan de un maquillaje estadístico operado en el SNSP a través de su método de recopilación y cálculo. Según el ONC, en vez de incluir las noticias criminales de la policía, el SNSP calcula la incidencia delictiva a partir del número de denuncias interpuestas por las víctimas y que posteriormente derivaron en una averiguación previa o una carpeta de investigación. La mayor debilidad de este método de cálculo, afirmó, es que los ciudadanos desconfían tanto de las autoridades que apenas acuden al Ministerio Público para denunciar seis de cada 100 delitos. Los otros 94 demás no aparecen en las cifras del SNSP. El organismo gubernamental, de acuerdo con el ONC, se contenta con registrar los delitos del fuero común, es decir, los que fueron denunciados ante procuradurías y fiscalías estatales. En el reporte destaca la sospecha de que varias entidades, entre ellas Sinaloa y Guerrero, manipulan esas cifras. Y muchas veces excluyen ciertos delitos en sus estadísticas, como el secuestro exprés o las amenazas de extorsión. Por todos esos factores, el Observatorio Nacional Ciudadano advirtió que “ante el discurso de innegable mejora de la incidencia delictiva, todos los mexicanos debemos ser cautelosos. Parece que algunos delitos como secuestro, extorsión y robo van a la baja, (pero) no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia la calidad de dicha información y lo que realmente refleja”. En el reporte sobre delincuencia presentado este jueves, el Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal aparecen como las entidades más peligrosas del país. Sólo en noviembre pasado se abrieron mil 229 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso (una cada 35 minutos), mismas que incluyen mil 333 víctimas, 156 de ellas en el Estado de México, 126 en Guerrero, 112 en Chihuahua y 89 en el Distrito Federal. En Baja California Sur, las 17 averiguaciones previas abiertas por homicidio representaron un aumento de 234% en comparación con el mismo mes de 2013. En total, las autoridades estatales abrieron 14 mil 413 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso entre enero y noviembre de 2014, una séptima parte de ellos en el Estado de México. A lo anterior podría añadirse una parte de los mil 302 delitos de homicidio culposo reportados en noviembre, ya que en 98% de los casos no existe información respecto de la modalidad en que fueron cometidos. Ante esta observación, el ONC llamó a las autoridades a realizar una mejor desagregación de los datos de homicidio culposo, ya que la denominación “otros” (84% de los casos) resulta insatisfactoria. Y, otra vez, el Estado de México, con 170 víctimas, encabeza la lista de entidades con el mayor número de homicidios culposos reportados, seguido de Guanajuato, con 127; Michoacán, 122, y el Distrito Federal, con 73. Secuestro a la alza El SNSP recopiló 102 averiguaciones previas por el delito de secuestro en noviembre pasado, cifra 3% mayor comparada con el mes anterior, lo que elevó a mil 332 el número de denuncias entre enero y noviembre de 2014 (un promedio de una cada seis horas). Las cinco entidades federativas en las que se reportó el mayor número de secuestros son: Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal y Veracruz, que concentraron 60% de la incidencia de ese delito, mientras que los casos más graves de secuestros múltiples se produjeron en Tamaulipas, Estado de México y el Distrito Federal. En noviembre pasado, cada dos horas se denunció un delito de extorsión en el país, por lo que las autoridades federales abrieron 360 averiguaciones previas, la mayor parte de ellas en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Baja California. Si bien el SNSP destacó una disminución de este delito entre 2013 y 2014, el ONC urgió a observar esa tendencia con “sumo cuidado”, ya que podría resultar de una modificación de los criterios en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP) por parte de varias entidades federativas, excluyendo, por ejemplo, las tentativas de extorsión. En los casos de robos con violencia y de automóvil, una denuncia fue depositada cada tres minutos en el país en noviembre de 2014, con un total de 13 mil 912 y 13 mil 129 averiguaciones previas, respectivamente (cifras inferiores en un 11.72% y 5.48% a las del mes anterior). De nueva cuenta, el Estado de México y el Distrito Federal encabezaron la lista de las entidades con el mayor número de denuncias de robo con violencia y de vehículos, mientras que el estado de Tabasco presentó una tasa de robo con violencia 183% mayor a la nacional. En noviembre se reportó un robo en casa habitación cada cinco minutos en el país (sin violencia en 80% de los casos), con un total de 7 mil 278 averiguaciones previas abiertas. Lo anterior marca una franca disminución en el número de denuncias presentadas por ese delito desde 2011, ya que en julio de ese año el SNSP reportó 10 mil 871 robos en viviendas. “Debe esperarse que esta sensible reducción obedezca a que la incidencia de este delito efectivamente se está atajando de forma adecuada y no por la falta de confianza de la ciudadanía a denunciar este tipo de eventos”, precisó el Observatorio Nacional Ciudadano. Actitud triunfalista El ONC recordó que pese a que se observó cierta disminución, “no debemos olvidar que actualmente los niveles en los cuales nos encontramos implican que por lo menos un homicidio doloso es cometido cada 35 minutos y nueve segundos”, y advirtió sobre la “normalización de la violencia a partir de la cual el valor de la vida ha sido relativizado por la sociedad”. Añadió que en los casos de Tlatlaya (Estado de México) e Iguala (Guerrero), o ante la situación de violencia extrema que sufren los habitantes de varias entidades como Tamaulipas, el gobierno se obstinó en “negar, minimizar o relativizar la dimensión” de los problemas y adoptó una actitud “triunfalista, parcial y simplista”. Insistió en que en el último cuatrimestre del año, “cada vez fueron más visibles las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, al grado que puso en entredicho la narrativa oficial sobre la mejora de las condiciones de seguridad y la eficacia del gobierno federal en el combate al delito”. Remató: “Año tras año hemos atestiguado y experimentado que esta crisis de inseguridad ciudadana no puede ser resuelta a partir de planes extraordinarios que surgen de un instante a otro, sin que exista de por medio un diagnóstico integral que evidencie las causas de la problemática y las propias omisiones institucionales”.