Es sólo una hipótesis

Pese a la aparente contundencia, la “verdad histórica” del procurador Jesús Murillo Karam es sólo una hipótesis, sostiene el abogado Vidulfo Rosales Sierra, pues basa sus argumentos en un peritaje que sólo realizó la PGR y además carece de lo fundamental: hasta ahora no se sabe dónde están los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos la madrugada del 27 de septiembre. En su urgencia por cerrar el caso, el funcionario no sólo rompió el diálogo con los familiares de las víctimas, también intensificó la presencia policiaca y militar en Guerrero y endureció su política.

Ante el temor de que la protesta social crezca por la falta de claridad en el caso Ayotzinapa, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se apresuró a dar las “conclusiones” del proceso jurídico.

Dijo que tenía la “verdad histórica” de lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre. Fueron secuestrados, asesinados, incinerados y luego arrojados al río San Juan, expuso el funcionario, a pesar de la “fragilidad” de la investigación oficial.

Antes de hacer esa declaración, Murillo Karam rompió el diálogo y los acuerdos pactados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 30 de octubre en Los Pinos con las familias de los normalistas.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de padres de los estudiantes se muestra contrariado: “Tres meses después se rompe el diálogo… El gobierno fijó una postura política al anunciar el cierre del caso acompañado de una concentración policiaca y militar en el estado de Guerrero; ya no le importó el dolor que esta decisión pueda causar a las víctimas.

“La mecánica de nuestros diálogos la rompió el procurador Murillo Karam el pasado 27 de enero, cuando difundió el video Desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que muestra la reconstrucción de los hechos, en el que uno de los indiciados –vestido con pantalón de mezclilla y playera negra– describe un momento en que empiezan a interrogar a los estudiantes en el basurero de Cocula.”

En una imagen se observa cuando apartan a uno de los estudiantes llamado Jorge Luis González Parral, El Flaquito, y lo hincan. Él comenta a sus captores: “Yo voy a decir (todo), no me hagan nada”. Durante el interrogatorio señala que uno de sus compañeros –Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco– tuvo la culpa de que estuvieran ahí, pues era el encargado del contingente estudiantil, junto con Miguel Ángel Hernández Martínez, El Patilludo.

Dudoso dictamen científico

El 7 de noviembre, en una conferencia de prensa la PGR presentó una versión editada del video, pues se omitieron las escenas que involucran al Flaquito, al Patilludo, al Cochiloco y al director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, quien presuntamente organizaba las marchas.

Pero el 27 de enero Murillo Karam, además de exhibir la versión completa, habló de certeza en la investigación por la confesión de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, capturado el 15 de enero.

Él, según el procurador, “narró paso a paso los acontecimientos de esa noche (la del 26 de septiembre en Iguala) a partir de que le fueron entregados los estudiantes; él dio la orden a Patricio Reyes Landa, El Pato, de terminar con la vida de todos (los 43 normalistas)”.

Murillo Karam insistió en que las declaraciones de los detenidos fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones “que dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas”.

Habló también de dictámenes químicos, biológicos, fotográficos y balísticos practicados los últimos cuatro meses y avalados por peritos de la PGR y los integrantes del equipo argentino; también mencionó los estudios de antropología, análisis de voz, asuntos fiscales, criminalística, contabilidad, psicología, retratos hablados, traducción, tránsito terrestre, valuación, ingeniería, arquitectura, incendios, medicina forense, topografía, audio, video, dactiloscopia y genética, todos ellos incluidos en el expediente.

Según la PGR, hay 99 detenidos por el caso Ayotzinapa. Además se tomó declaración a 386 personas, se realizaron dos reconstrucciones de hechos, 16 cateos en los que se encontraron indicios y elementos de prueba, 39 confesiones, 87 peritajes y 153 inspecciones ministeriales integradas en 85 tomos y 13 anexos.

Otra prueba es la certificación del Instituto Innsbruck, que identificó el ADN del normalista Alexander Mora Venancio; además se ubicó en el basurero de Cocula a El Cochiloco, El Flaquito y El Patilludo, tres de los estudiantes señalados por los detenidos como integrantes de Los Rojos, rivales del grupo criminal Guerreros Unidos, según los relatos incluidos en el video, expuso Murillo Karam.

Y concluyó: “Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

Las preguntas

Tras conocer la “verdad histórica” del procurador Murillo Karam, los padres de los normalistas desaparecidos organizaron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro para expresar su inconformidad.

Ahí expusieron: “Repudiaron que contrario a los compromisos firmados por Peña Nieto, el gobierno priorice informar los avances del caso a los medios de comunicación antes que a las víctimas, situación que se acentuó en las últimas semanas. Además, las autoridades incumplieron con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes”.

Y enumeraron 10 puntos en los que argumentan por qué la investigación sobre la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa no debe cerrarse.

–¿Qué es una verdad histórica? –se le pregunta a Vidulfo Rosales.

–En derecho hay dos verdades: la verdad formal, la que se deduce de un hecho conocido y de un hecho que aún no se conoce, y la histórica, que resulta del conjunto de pruebas y hechos como la verdad última, indubitable.

–¿La versión de PGR es una verdad histórica?

–En lo absoluto. No es una verdad absoluta ni histórica porque falta el elemento fundamental para determinar que los hechos esgrimidos estén corroborados. Ellos están diciendo que en el basurero de Cocula –de acuerdo a declaraciones de cuatro imputados– nuestros compañeros fueron asesinados e incinerados.

“Esa es sólo una hipótesis, importante, sin duda, que da un indicio. Pero para que alcance el grado de verdad histórica necesita estar plenamente acreditada. La acreditación de la PGR, además de declaraciones, sólo tiene peritajes químicos y biológicos para ver el grado de calcinación del suelo, plantas, piedras, según los cuales presuntamente hubo una exposición de calor y de fuego.

“Hasta ahí vamos bien; pero falta la prueba contundente para que alcance el grado de certeza jurídica: la prueba genética del ADN. Si no la tenemos, es difícil hablar (de ‘verdad histórica’).

“Por otro lado, organismos internacionales han señalado que en México los peritajes del Ministerio Público se construyen a modo, no hay objetividad, sobre todo en un caso tan politizado como el presente, en el que hay un interés deliberado y una intención política de cerrarlo.”

Rosales Sierra insiste: los peritajes presentados por Murillo Karam fueron elaborados sólo por peritos de la PGR. La dependencia no permitió que los peritos argentinos colaboraran.

Si las autoridades quieren transparentar esta investigación, es necesario que los peritajes sean realizados también por el equipo argentino, cuyos integrantes sólo elaboraron el peritaje de genética identificativa para determinar cuáles de los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula se enviaron a Innsbruck.

Lo que falta investigar

Para alcanzar la verdad histórica, agrega Rosales, deben cumplimentarse las detenciones de otras personas claves como El Cabo Gil, lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, y de Felipe Flores y Jesús Valladares, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala y subsecretario, respectivamente.

Es factible que cuando declaren, cambie el curso de la hipótesis que la PGR presenta como verdad histórica. También es necesario que el caso sea procesado por desaparición forzada, no por secuestro; pero sobre todo, deben esperarse los resultados de las pruebas que envíen los investigadores de  Innsbruck, comenta.

Tampoco hay certeza, indica, de que los militares no participaron en la desaparición de los estudiantes. Además, la investigación sobre su implicación en Iguala no quedó cerrada; hay dos elementos probatorios contundentes que lo vinculan.

Uno, los testimonios de los normalistas sobrevivientes. Ellos afirman que la noche del 26 de septiembre fueron sacados de un hospital por soldados, quienes los agredieron y les quitaron identificaciones; otro, la afirmación del policía Salvador Bravo Bárcena, quien expuso que el 27 Batallón de Infantería sabía cómo operaba Guerreros Unidos y aludió a los vínculos que tenían sus integrantes con la policía de Cocula y de Iguala. Las autoridades, dijo, no hicieron nada. Esos elementos están en la averiguación previa y deben investigarse.

“Debemos esperar los resultados de Innsbruck, porque lo que tenemos es el ADN de Alexander Mora. Para alcanzar el grado de verdad, necesitamos acreditar plenamente que los compañeros fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, reitera el abogado.

–Murillo presentó las imágenes de El Cochiloco, El Patilludo y El Flaquito, quienes fueron plenamente identificados por los autores materiales como estudiantes de Ayotzinapa que presuntamente fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula –le comenta la reportera.

–Sí, pero lo que dice Murillo Karam se sustenta en cuatro imputaciones. Para darles certeza se requieren más pruebas.

“Los imputados hacen esa declaración para decir que ellos interrogan a José Luis González Parral, El Flaquito, y a su hermano Dorian. Durante el interrogatorio ambos lloran y dicen que no saben nada, que quien sabe es El Cochiloco, porque él iba al mando del contingente de normalistas.

Sin embargo se confunden y en lugar de decir que también iba con ellos Cutberto Ramos, El Comander, aseguran que era El Patilludo. Incluso en la foto en la que, según la  PGR, aparece El Patilludo, en realidad es El Comander.

Y cuando los sicarios de Guerreros Unidos interrogan al Cochiloco, él  contesta que secuestran camiones porque hacen marchas y boteos para recabar dinero. Luego le preguntan por el director de la Normal Raúl Isidro Burgos y él responde que está enterado de eso.

–En el video que la PGR mostró el 7 de noviembre no aparecen los tres estudiantes mencionados y en la conferencia del 27 de enero sí. ¿Es omisión o la PGR administra la información? –se le pregunta a Rosales Sierra.

–Tuvimos un acuerdo con la PGR para que no mencionaran sus nombres y así evitar afectar a sus padres.

–¿Qué cambió para que la PGR mostrara el video completo?

–Estamos arribando a un nuevo tipo de relación. Hay una decisión política de cerrar el caso, animada por intereses ajenos a la justicia y al dolor de las víctimas. Hay una decisión de la PGR de cerrar el caso. La verdad histórica es que los 43 normalistas están muertos.

“El objetivo es disminuir la protesta social, desinflar el movimiento social, quitarle ese centro simbólico porque hoy el epicentro en México está en los 43 desaparecidos. Si ya no existen, no hay movimiento.

“Me preguntaste, ¿qué cambió? Bueno, hoy hay una ruptura. El 7 de noviembre, cuando se presentó el otro video, había un diálogo; en esa ocasión hubo un pacto para evitar afectar a los padres de los normalistas desaparecidos.”

De acuerdo con el abogado en noviembre se omitió esa parte del video porque las declaraciones de los indiciados no eran concluyentes; no están robustecidas con otros medios de prueba. Por lo tanto, no alcanzaban el grado de verdad.

Hoy a la PGR “ya no le interesa lo que sientan las víctimas, el dolor que pueda causarles el video. Hay más un interés político de cierre, por eso pasan el video tal cual”, insiste.

Además el mismo 27 de enero la PGR citó a declarar a José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Raúl Isidro Burgos, quien hasta el viernes no se había presentado. Asimismo algunos estudiantes de esa institución fueron detenidos por la Policía Federal cuando intentaban tomar la caseta de cobro de la Autopista del Sol en Palo Blanco. Los jóvenes fueron liberados el día 28.

El 29 de enero, en entrevista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, justificó el envió de fuerzas federales a Guerrero. Su argumento fue que el gobierno no permitirá que personas ajenas al movimiento de los 43 desaparecidos “dañaran” las instituciones. Y el 30 de enero, el funcionario negó que el gobierno haya “endurecido” sus  acciones contra quienes protestan por la desaparición de los 43 normalistas. “Es simplemente asumir la responsabilidad que nos toca como gobierno”, expuso.

Rosales asegura que el último diálogo se realizó el 13 de enero. Y remata: Las pláticas se rompieron cuando el gobierno federal decidió cerrar el caso e intensificó la presencia policiaca y militar en Guerrero.

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