La CIDH manda un “equipo pesado”

En acuerdo con el gobierno mexicano y los padres de los normalistas desaparecidos, la CIDH formó un grupo de expertos que colaborarán en la investigación del caso Ayotzinapa. Y se trata de un verdadero “equipo pesado”: además de la colombiana exfiscal “de hierro” Ángela María Buitrago, forman parte de este colectivo una exfiscal guatemalteca que se enfrentó a Los Zetas y llevó a juicio a dos expresidentes, un penalista que logró condenar a Chile por un caso de discriminación, un experto en derecho internacional humanitario gracias al cual la Fuerza Aérea de Colombia fue imputada de una matanza, y un médico y psicólogo español dedicado a la atención de víctimas de conflictos atroces en África y América Latina.

Cinco expertos en materia de derechos humanos forman parte del “grupo interdisciplinario” que dará asistencia técnica a México en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los designó después de consultar con el Estado mexicano, con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con sus abogados.

En virtud de un Acuerdo de Asistencia Técnica –firmado por representantes del Estado y por los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas para este caso–, el grupo interdisciplinario tendrá las siguientes atribuciones: “Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria”, informaron la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto fechado el pasado 16 de enero.

De acuerdo con este comunicado, el grupo interdisciplinario tiene un mandato de seis meses y “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”. Afirma que los expertos podrán formular “recomendaciones técnicas relevantes”. Sin embargo omite precisar si éstas serán vinculantes para el Estado mexicano.

A continuación se esbozan los perfiles biográficos de cuatro de los cinco expertos designados por la CIDH. La quinta es la criminóloga colombiana Ángela María Buitrago, quien en texto aparte conversó con este semanario.

La “fiscal de la dignidad”

Nunca antes en la historia de Guatemala habían despedido a un fiscal general con claveles. “¡Claudia Paz y Paz: fiscal de la dignidad!”, coreaban los integrantes de las organizaciones de derechos humanos que acudieron a la sede del Ministerio Público el pasado 16 de mayo para expresar su agradecimiento hacia quien llevó a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.

Seis días antes Ríos Montt había sido condenado por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad cometidos contra el pueblo maya ixil durante los 17 meses que ejerció el poder (1982-83).

Un año antes Paz y Paz se había anotado otra victoria legal: procesó judicialmente al expresidente Alfonso Portillo, quien había sido extraditado a Estados Unidos en mayo de 2013 para enfrentar cargos por conspiración para el lavado de dinero durante su gestión (2000-2004) y fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión en marzo de 2014.

Paz había entrado por la puerta chica pero había salido por la grande. Cuando fue juramentada el 9 de diciembre de 2010, la breve ceremonia en un salón pequeño al cual sólo llegaron seis embajadores, contrastaba con el bombo y platillo con que fueron juramentados sus antecesores.

De 48 años, de baja estatura y voz suave pero firme, Paz llegó a revolucionar el Ministerio Público (MP) y a realizar cambios de fondo. El primero de ellos: aplicó un sistema de evaluación por resultados, bajo el cual los fiscales que resolvían más casos eran recompensados con oportunidades de ascenso, mientras que aquellos que no cumplían las metas debían justificar por qué no reportaban avances y podían enfrentar procesos disciplinarios si se lograba comprobar que habían actuado con negligencia. Muchos fiscales renunciaron, abriendo espacios para profesionales más jóvenes y mejor preparados.

El proceso de depuración, sin embargo, se vio frenado por el Congreso, que pasó los cuatro años siguientes sin nombrar al Consejo Asesor del MP, el cual autoriza las decisiones administrativas como los despidos. Paz y Paz destituyó a 286 fiscales y empleados del MP por ser inoperantes o corruptos pero no logró despedirlos y al momento de dejar el cargo, muchos seguían cobrando su salario pese a que no llegaban a trabajar.

Los cambios también se hicieron sentir en la Oficina de Atención a la Víctima. El MP comenzó a llamar a una muestra aleatoria de denunciantes para verificar cómo habían sido atendidos y si habían sufrido algún tipo de discriminación.

El MP logró resultados sin precedente en sentencias por homicidio, violación sexual, extorsión y secuestro. Más de 100 integrantes de Los Zetas recibieron condenas por secuestros, asesinatos y ataques a las fuerzas de seguridad, como el desmembramiento del fiscal auxiliar Allan Stowlinsky Vidaurre, en Cobán, Alta Verapaz, y la matanza de 27 jornaleros en la finca Los Cocos, en La Libertad, Petén, ambos crímenes cometidos en 2011.

Édgar Gutiérrez, quien trabajó con Paz y Paz cuando ambos participaron en la elaboración del Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica y quien actualmente dirige el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, considera que la exfiscal podrá aplicar estas experiencias al contexto mexicano.

“La investigación de Ayotzinapa se asemeja a casos de operaciones clandestinas donde los perpetradores son miembros de organizaciones criminales que a la vez son agentes estatales. Hay muchas similitudes, como el empleo de la violencia extrema por parte de los narcos o la capacidad de obtener protección y hasta lograr una relación simbiótica con autoridades locales”, afirma Gutiérrez.

Eric Olson, director asociado de la Oficina en Washington para América Latina, recalca: “A pesar de las diferencias entre los dos países, creo que (Paz y Paz) conoce bien la situación que se vive en México. Guerreros Unidos es una organización poderosa y peligrosa. No hay mucha transparencia, hay mucha ilegalidad, es difícil llegar al fondo de este asunto. Habrá presiones y no me cabe la menor duda de que hay personas en el gobierno federal a quienes no les interesa que se esclarezca el caso. Pero ella ya se ha visto en esta clase de situaciones en Guatemala y sabe cómo responder políticamente y avanzar con el trabajo de investigación”.

El penalista Cox

Francisco Cox Vial, de 46 años, es uno de los penalistas más prestigiados de Santiago de Chile. Es socio del bufete Balmaceda & Cox, abogados y representante en Chile del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Hasta hace poco trabajó en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y es miembro de la Fundación Iguales, que defiende los derechos de las minorías sexuales.

Viene de una tradicional y derechista familia de la élite chilena. Su infancia la vivió entre Chile, Inglaterra y Estados Unidos, dado que su padre era funcionario del Banco Mundial. En 1980, cuando tenía 12 años, volvió a Santiago, donde terminó sus estudios básicos en el jesuita Colegio San Ignacio. Luego de estudiar derecho en la UDP, partió a Nueva York, donde se desempeñó en la Defensoría Penal Pública, entidad en la cual adquirió gran experiencia en el ejercicio del derecho.

Posteriormente hizo una maestría en leyes en la Universidad de Columbia, y más tarde trabajó en Human Rights Watch. En representación de esta entidad visitó Ruanda, Sierra Leona, México (Chiapas) y Guatemala.

Según comentó en una nota del diario electrónico Small Medium Large, fechada en octubre de 2014, Cox fue militante del centroizquierdista Partido Por la Democracia (PPD), formando parte de un grupo conocido como “Los Vitacura”, en alusión al exclusivo lugar donde vivían. Cox contó a ese diario que abandonó el PPD cuando “se convirtió en una agencia de empleos”.

Alcanzó gran notoriedad al conseguir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Chile –en marzo de 2012– por violar el derecho a la igualdad y discriminar a la juez Karen Atala, a quien en 2004 la Corte Suprema despojó de la tuición (tutela) de sus dos hijas como castigo por su reconocida convivencia con una pareja homosexual.

Polémica generó su defensa del gerente de política monetaria del Banco Central, Enrique Orellana, enjuiciado por los cargos de violación contra sus tres hijas, acusación presentada por la madre de ellas, Yamile Cabas, en agosto de 2010.

El caso concentró la atención de la opinión pública y permitió poner en evidencia las arbitrariedades del Servicio Médico Legal, el cual validó en contra de Orellana pruebas de un ginecólogo forense sin experiencia, quien presentó como violación heridas que no correspondían a ese delito.

Los deberes del Estado

El abogado colombiano Alejandro Valencia Villa es el principal experto en derecho internacional humanitario dentro del grupo de la CIDH que supervisará la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El especialista tiene una amplia trayectoria académica y como consultor de organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y México. También fue asesor de las comisiones de la verdad en Ecuador, Paraguay y Perú.

“Es una persona muy comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos y un profesional de gran rigor intelectual y académico”, dice a Proceso el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, con quien trabajó en varios casos en el pasado.

Valencia Villa es abogado por la Universidad de Los Andes, profesor de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University en Washington y autor de una vasta obra académica, entre la que destacan los libros La humanización de la guerra: derecho internacional humanitario y conflicto armado en Colombia y Derecho internacional humanitario. Conceptos básicos. En este último plantea que “el deber de respeto y garantía de los derechos humanos está en cabeza de los Estados”.

Dentro del grupo de expertos de la CIDH, será el encargado de determinar, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, las obligaciones del Estado en el caso Ayotzinapa.

En su libro Derecho internacional humanitario, Valencia Villa señala que el homicidio “comprende no sólo los casos de asesinato, sino también los de omisión intencional que pueda ocasionar la muerte”. Además indica que, de acuerdo con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugos­lavia, no se requiere que se presente el cadáver como prueba de la muerte, aunque “debe haber prueba para ligar las lesiones recibidas con la muerte resultante”.

En su calidad de perito de la CIDH se presentó ante ese tribunal en 2012, dentro del caso de la matanza de Santo Domingo, en la cual la Fuerza Aérea de Colombia bombardeó un caserío y provocó la muerte de 17 civiles, entre ellos seis niños, y otros 27 resultaron heridos.

En relación con ese hecho ocurrido en diciembre de 1998 y por el cual el Estado colombiano fue condenado como responsable de violar los derechos a la vida y a la integridad personal, Valencia señaló: “Por lo menos, lo que se exige dentro de los principios de una debida diligencia en las investigaciones de violaciones de derechos humanos es que estemos ante una justicia lo suficientemente independiente, lo suficientemente imparcial, que pueda sacar adelante la investigaciones. El Estado tiene que hacer todos sus esfuerzos por hacer una investigación profesional con el propósito de identificar a los presuntos responsables, garantizarles un debido proceso, dictar una sentencia y también reparar a las víctimas de los hechos”.

Con las víctimas

Carlos Martín Beristáin, médico y doctor en psicología con una reconocida trayectoria de 25 años dedicado a la atención a víctimas de conflictos, grabó un mensaje en video, en noviembre pasado, en el que defendió el papel de los defensores de los derechos humanos en México:

“Me parece que hay una comunidad de defensores de derechos humanos que han asumido la defensa de la vida”, apuntó. Sin embargo, esos defensores “se han convertido en un actor incómodo y se suele verlos como enemigos, como alguien que molesta, en lugar de verlos como un elemento fundamental para mejorar las condiciones de los derechos humanos y también para mejorar la calidad de la democracia en el país”, explicó.

Beristáin es originario del País Vasco. Ha trabajado en países de África y América Latina que han padecido matanzas, desapariciones y desplazamientos de población. Es especialista en temas de justicia, salud mental y reparación de daños a las víctimas, pero desde un enfoque de “la relación entre salud y determinantes sociales y diferencias culturales”, según expone su currículum.

Ha participado en informes de rescate de la memoria histórica, como el Guatemala nunca más, y formó parte de comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador. Igualmente ha participado en proyectos de salud mental de poblaciones que han padecido masacres, como la ocurrida en Xamán, Guatemala; o padecido desplazamientos forzosos, como los de BarrancaBermeja, Urabá, Nariño, Antioquia y Valle, en Colombia.

Incluso, colaboró en la evaluación del programa de atención en salud a las víctimas de la dictadura chilena y ofreció cursos de formación al equipo jurídico de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina.

Para él, México no es desconocido. En 2000, en colaboración con Amnistía Internacional, ofreció aquí talleres a organizaciones de derechos humanos sobre salud mental y manejo de la seguridad en contextos de represión política.

Un dato extra habla de su idoneidad para formar parte del grupo interdisciplinario: fue perito en evaluaciones psicosociales en cinco casos presentados ante la CIDH por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura en Colombia y Guatemala.

Es autor de una veintena de libros publicados en España y Estados Unidos. Uno de ellos, Historias de andares, recoge historias trágicas en países de América Latina: de familiares de desaparecidos, de pueblos que defienden su tierra de la guerra, de comunidades que resisten ante al expolio y de defensores de derechos humanos que persisten en su labor pese a estar en el punto de mira.

Quizá por eso demanda mayor reconocimiento para los defensores de derechos humanos en el video que grabó en noviembre pasado. Estos defensores, señala, necesitan “reconocimiento”, apoyo a sus acciones y “protección porque, como en otros países, hay amenazas a su labor”.

“Pensábamos que estas cosas ya no pasaban en el país (México), que sólo pasaban en Centroamérica, en Colombia, pero se han venido dando casos” y la “labor de observación en México es muy importante y, por supuesto, me parece una tarea clave, por eso este mensaje de solidaridad”, declaró en el video. (Louisa Reynolds, Francisco Marín, Rafael Croda y Alejandro Gutiérrez)

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