Ninguna línea descartada

Bogotá.- La abogada, criminóloga y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien forma parte del grupo de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificará la investigación oficial sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es calificada en su país como “la fiscal de hierro”.

Está habituada a participar en casos judiciales de fuerte impacto político. Como fiscal, en Colombia encabezó las investigaciones contra altos oficiales del Ejército que dirigieron en 1985 la operación para retomar el Palacio de Justicia tras un asalto a ese recinto por parte de la guerrilla del M-19. En esos hechos murieron 98 personas en los combates y 11 resultaron desaparecidas. Por dichas desapariciones mandó a la cárcel al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, quienes cumplen sentencias de 35 y 30 años de prisión, respectivamente.

En su lista de imputados –por delitos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos– figuran gobernadores, congresistas y miembros prominentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien descalificó reiteradamente sus actuaciones como fiscal.

En entrevista con Proceso, Buitrago dice que tiene referencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la investigación que se sigue por lo leído en la prensa.

Sabe que el pasado 27 de enero el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró legalmente muertos a los estudiantes, quienes hasta entonces figuraban en la averiguación previa como desaparecidos.

De acuerdo con la también profesora universitaria, esa decisión será analizada por el grupo de expertos de la CIDH una vez que celebre su primera reunión. “Es un tema que hay que tratarlo con el grupo”, indica, y anuncia un posible viaje de los expertos a México este mes.

Aunque advierte que es prematuro hablar sobre las labores que desarrollarán en México los cinco expertos de la CIDH, expresa que no debe descartarse ninguna hipótesis y “hay que investigarlo todo”.

Según un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, el equipo interdisciplinario realizará “una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes”, ocurrida en septiembre pasado.

Los especialistas convocados por la CIDH podrán elaborar planes de búsqueda en vida de personas desaparecidas; analizar las líneas de investigación emprendidas por las autoridades, “para determinar responsabilidades penales”, y evaluar el plan de atención integral a las víctimas.

Buitrago, doctora en derecho y en sociología por la Universidad Externado de Colombia, además de maestra en criminología por la española Universidad de Salamanca y especialista en derecho penal, indica que los expertos que viajarán a México elaborarán un plan de trabajo de acuerdo con lineamientos establecidos por la CIDH. Por ello, explica a este semanario, “no puedo referirme a cuál sería nuestra actividad en específico ni puedo hablar de la situación de ese caso (la desaparición de normalistas) en particular”.

Por su experiencia como fiscal cree, sin embargo, que lo primero que debe garantizar una investigación judicial es tener apertura hacia todas las hipótesis.

Expone que “la idea genérica –no en este caso (el de Ayotzinapa) en concreto, para evitar suplantar al grupo y esperar a que nos reunamos– es que todos los elementos que usted tenga a disposición deben ser investigados. Esa es mi percepción. Es decir, usted no puede dejar de oír ni de recibir ninguna información, porque todo puede ser relevante”.

–¿Incluso información que apunte al involucramiento de las mismas autoridades mexicanas, del mismo Ejército mexicano? ¿Todo eso tendrían que investigarlo? –le preguntamos.

–Yo pienso que todo es, como digo yo, un rayito de luz. Así que hay que mirarlo y evaluarlo y se tomará la decisión con el grupo –responde.

Estima que, por lo expuesto en el comunicado conjunto, hay disposición del gobierno mexicano para tomar en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos, “pero esperaremos a ver cómo se dan las condiciones”.

–Como usted sabe, el caso Ayotzinapa es complejo en términos forenses y periciales. ¿Cree que se puede resolver? –le inquirimos.

–Yo pensaría, hablando sólo del tiempo, que sería factible si se encuentran y se hacen los hallazgos debidos, para poder tratar de dar una solución al asunto de manera general, con todas las personas que desaparecieron. Pero también la misma complejidad de la forma en que se realizó el delito juega un papel importante.

–¿Esto pudiera dificultar su solución?

–¡Claro! –exclama–. Pero hay que mirar el caso, conocerlo de primera mano. Como investigadora soy muy reacia a manejar información externa. Me gusta ver qué hay dentro de la investigación real, porque las especulaciones pueden debilitar las hipótesis o pueden generar daños a las investigaciones.

Parapolítica

Durante sus años como fiscal especial, entre 2005 y 2010, Buitrago no sólo investigó violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y agentes del Estado, sino que tuvo a su cargo otros casos de relevancia nacional que aún estos días sacuden a Colombia, como la alianza criminal entre dirigentes políticos y grupos narcoparamilitares, la llamada “parapolítica”.

Las organizaciones de derechos humanos valoran su trabajo, mientras que la derecha política y sectores de las Fuerzas Armadas le reprochan haber enviado a prisión a dos destacados oficiales que repelieron la toma guerrillera del Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial en Colombia.

En los casos de “parapolítica”, Buitrago presentó cargos y logró condenas contra los exgobernadores Edilberto Castro y Miguel Ángel Pérez, y otro tanto hizo con los excongresistas William Montes, Ciro Ramírez y Heriberto Castro.

En 2010 el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, le pidió su renuncia cuando indagaba la actuación de otros militares de elevado rango implicados en las desapariciones del Palacio de Justicia, así como al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (el hoy disuelto organismo nacional de inteligencia) Jorge Noguera, cercano colaborador de Uribe Vélez, quien resultó ser aliado de los paramilitares y autor intelectual del homicidio del profesor universitario Alfredo Correa de Andréis.

Buitrago debió dejar su cargo cuando también se disponía a presentar los alegatos finales en un juicio por presuntos nexos con el narcotráfico contra el exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio –hermano del entonces ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio–, y a imputar por calumnia al saliente vicepresidente Francisco Santos.

Es difícil saber con precisión cuál asunto determinó su salida de la Fiscalía, pero ella cree que fue, principalmente, la indagación en torno a la operación militar en el Palacio de Justicia, que la penalista retomó dos décadas después de haber ocurrido y la cual irritó al alto mando militar y al entonces presidente Uribe.

“La salida mía (de la Fiscalía) fue por el Palacio de Justicia y por una decisión que tenía que ver con el vicepresidente de la República (Francisco Santos), a quien iba a imputar por calumnia en el caso de unos sindicalistas a los que vinculó (en una rueda de prensa en 2007) con la guerrilla y la lucha armada”, precisa la jurista, quien se mantiene rodeada de guardaespaldas asignados por el Estado.

–¿Cree que puede haber similitudes entre los hechos del Palacio de Justicia y el caso Ayotzinapa?

–Sí. En ambos casos hay el delito de desaparición forzada, que forma parte de la categoría de delitos de lesa humanidad y, por tanto, involucra el derecho humanitario y el derecho internacional humanitario. Pero el caso de México tiene una ventaja: es un caso reciente. El caso del Palacio de Justicia tenía 20 o 22 años de haber sucedido. Entonces ahí hay por lo menos una ventaja temporal para términos de investigación –plantea la litigante.

–Por su experiencia, usted sabe que este tipo de investigaciones son muy controvertidas.

–Voy a abstenerme de pronunciarme sobre temas de México, pero le voy a contar lo que pasó en la investigación del Palacio de Justicia en Colombia: hay mucha polarización en torno a estos temas y eso lleva a una serie de presiones y comportamientos particulares. Esa realidad es ineludible en casos como estos.

–¿Ello obliga a los investigadores a ser especialmente rigurosos?

–Digamos que son investigaciones que tienen que hacerse con todo el rigor, con toda la responsabilidad y además sin importar las consecuencias. Pienso que uno tiene que realizar su labor a carta cabal y eso implica que uno muchas veces ni mida ni quiera medir las consecuencias frente a esa polarización.

–¿Los investigadores deben tomar en cuenta el contexto sociopolítico que rodea estos casos?

–Uno debe concentrarse en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la atención de las víctimas, que están padeciendo una serie de consecuencias nocivas frente al comportamiento criminal. Uno tiene que ir como un caballo de coche (de carreta) al que le ponen tapaojos a los lados, y hay que enfocarse sólo en lo que encuentra, en la prueba, y con base en eso dictamina. La prueba debe ser contundente.

–¿Usted sabe que el caso Ayotzinapa ha conmocionado a México y que ha suscitado una gran movilización social en demanda de justicia?

–Creo, y haciendo un símil, que aquí en Colombia no hemos sido ajenos a esas circunstancias. En el caso del Palacio de Justicia también ha habido mucha movilización y la sigue habiendo, con muchas aristas. Pero hay que asumir los asuntos sin importar esa clase de reacciones. Uno debe decidir de acuerdo a lo que encuentre, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste…

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