Elecciones en medio de la convulsión

El próximo 7 de junio Guerrero enfrentará una durísima prueba para su gobernabilidad: el proceso electoral. En un contexto de inmensa agitación social y política, con seis cárteles y cinco guerrillas disputándose el territorio, las autoridades de todos los niveles deberán lograr en un día lo que no han podido hacer en años: darle credibilidad al entramado gubernamental. El problema, asegura el senador Armando Ríos Piter, es que ni el INE ni la federación se están portando a la altura.

Con elecciones en puerta, Guerrero es el estado donde hay mayor riesgo de violencia en los comicios del 7 de junio. Sobre la entidad, la más violenta del país, se cierne la posibilidad de anular los comicios para elegir gobernador, diputados locales y 81 presidentes municipales debido a la presencia de seis grupos del crimen organizado que operan en 70% de su territorio, cinco guerrillas en las regiones de la Montaña, Costa y Centro, así como organizaciones sociales que amenazan con quemar 20% de las casillas.

Para todos los partidos la elección en Guerrero tiene una pinta peligrosa. No es para menos, en 2014 el estado registró más de 2 mil homicidios, lo que significó una tasa de 36 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 12.

Además, la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa incentivó la crisis política y de gobernabilidad. Esto tiene en jaque al PRD, que no logra zafarse de la sospecha de complicidad con las bandas del crimen organizado que pululan en 62 de sus 81 municipios.

Aguirre se convirtió en un lastre que no debería participar en el proceso electoral hasta que no quede clara su responsabilidad política en el caso Ayotzinapa, sostiene el senador Armando Ríos Piter, quien rechazó negociar con el exmandatario para acceder a la candidatura gubernamental.

“Algo que le critico al partido es que no puede permitirse presentar como candidatos a posibles actores con nexos criminales. Ya nos pasó en Iguala, con José Luis Abarca. La gente sabe quiénes son”, sostiene el legislador originario de Tecpan de Galeana.

Además “el partido debería ser el más preocupado de que la gente tenga una mala percepción de sus actores políticos”, advierte el senador, y acusa a la dirigencia nacional del PRD –encabezada por Carlos Navarrete– de no aceptar que Aguirre es parte del problema.

“Creen que puede seguir participando en política, que (Aguirre) tiene activos y liderazgo sobre ciertos actores. Aquí se trata de ver a cada político en su contexto histórico y Aguirre es un gobernador que posibilitó durante tres años un tejido que generó estas condiciones. No tomar una posición clara y firme de rechazo a esa complicidad política es un error que no estoy dispuesto a aceptar.”

–¿Qué pasó con la negociación que le propusieron? –se le pregunta.

–Me propusieron llegar a acuerdos políticos con Ángel Aguirre, y la posición que tomé es que él no debería estar participando en política porque todavía está pendiente definir con claridad cuál es su responsabilidad política y social respecto de Ayotzinapa. No se trata de responsabilidades penales, eso la autoridad tendría que resolverlo, pero me parece que la sociedad de Guerrero lo que demanda de un partido político es que tenga una posición clara y firme sobre estos hechos, y no simplemente pensar que no pasó nada.

“La verdad y la justicia que piden los padres de familia de Ayotzinapa no solamente tienen que ver con los hechos concretos del 26 y 27 de septiembre. Eso es parte de una investigación que no genera la credibilidad suficiente. También se exige una garantía de que no se repitan hechos similares, se trata de entender cuál es la interacción de las autoridades municipales y del estado que permitieron y generaron este tejido social.”

Mapa de caos social

Desde 2011 el gobierno federal y el de Aguirre tenían conocimiento de la infiltración del narco entre las autoridades municipales (Proceso 1825). En octubre de ese año, el propio gobernador entregó a esta revista una copia de un documento elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el cual se detallaba la guerra que desde 2005 sostenían en Guerrero el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana y Los Zetas.

El corresponsal Ezequiel Flores documentó desde 2013 la colusión del crimen organizado con autoridades en Guerrero. En diciembre de ese año dio a conocer que la Procuraduría General de la República había iniciado una investigación contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Uno de ellos era el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de quien el gobierno federal ya tenía indicios de sus vínculos con Guerreros Unidos, cártel afincado en el norte de la entidad.

“La esposa del edil perredista, María de los Ángeles Pineda Villa, es hermana de Alberto Pineda Villa, El Borrado, exoperador del extinto capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y de Salomón Pineda, El Molón, actual jefe de una célula al servicio de Guerreros Unidos. En la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, abierta durante la administración del expresidente Felipe Calderón, El Borrado es señalado como enlace entre altos funcionarios de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada con el Cártel de los Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales”, publicó esta revista en 2009.

Además de los seis grandes grupos del crimen organizado que actúan en Guerrero, el panorama se complica con la presencia de los grupos de autodefensa y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, fundada hace 18 años, que actúa en 46 de los 81 municipios y en seis de las siete regiones guerrerenses.

Otro factor es la reactivación de cinco grupos guerrilleros: el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, algunos de los cuales anunciaron, tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, acciones no sólo contra el gobierno sino también contra el crimen organizado. Estos grupos tienen presencia en 25 municipios.

En este contexto, Ríos Piter reconoce que la gobernabilidad en Guerrero está agarrada con pinzas: “Si entendemos la gobernabilidad como un ejercicio pleno de la autoridad en municipios de la Tierra Caliente, eso sería falso. Sería difícil afirmar que hay garantía plena en la Montaña para que se lleve a cabo el proceso electoral. Hay que entender que la situación de gobernabilidad es precaria.

“Guerrero vive desde hace cuatro meses –desde la desaparición de los normalistas, en septiembre– una situación de convulsión social. Tiene un contexto complejo, en el que está actuando la sociedad organizada, distintos grupos que exigen que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa y que se esclarezcan los hechos que motivaron su desaparición”, menciona el senador tras recordar las marchas, tomas de casetas y quema de edificios gubernamentales, partidos políticos y el Congreso por parte de maestros, estudiantes, agrupaciones sociales y familiares de las víctimas.

A este coctel, advierte, se suman la caída de la industria turística y la pobreza y la marginación en comunidades de la Montaña o en la parte alta de la Costa Chica, donde se asientan los municipios más pobres del país, con índices de desarrollo similares a los del África subsahariana.

“Todo esto crea una situación de enorme complejidad en donde se entrelazan demandas legítimas, movilización social, zozobra por el crimen organizado y presencia de la actividad criminal coludida con autoridades. Es una situación única en el país.”

Comicios en riesgo

La convulsión social que atraviesa Guerrero, advierte Ríos Piter, no está siendo prevista por el Instituto Nacional Electoral (INE) ni por el gobierno federal.

“El INE no está pensando en cómo realizar de manera diferente las elecciones para el caso de Guerrero. Normalmente unas elecciones se realizan con una gran participación de ciudadanos, que son los que capacitan, los que forman parte de las casillas, los insaculados… pero ese cronograma se retrasó en Guerrero, y me parece que el INE no está generando actividades o acciones alternativas que impidan que este retraso no lleve al colapso”. A esto se debe agregar un seguro para que no triunfen candidatos como José Luis Abarca, continúa.

“Quiero subrayarlo, si se hacen las cosas bajo una inercia burocrática, si se sigue la misma línea de organización que se hace en otros estados, se corren graves riesgos de que no haya elecciones en Guerrero”, advierte.

Califica como una estrategia prioritaria para el gobierno de Enrique Peña Nieto la realización del proceso electoral de Guerrero, sin violencia y con certidumbre, lejos de la sospecha de pactos con el crimen organizado.

“Es importante para el estado y para el país, porque es la única forma de no caer en la anarquía o el autoritarismo, de evitar que alguna autoridad sea nombrada por dedazo sin tener legitimidad social. La elección en Guerrero es un tema de Estado, no es sólo de una entidad. Que no se genere una impresión de zozobra es fundamental para mantener las garantías de una convivencia democrática”, abunda.

“Habrá elecciones también en otros estados y de lo que se trata es de generar un efecto dominó para que algunos grupos no decidan de manera unilateral si se instala o no un proceso electoral. Sería peligroso que (…) algunos actores lograran desarticular un proceso de participación democrática.”

–¿La señal desde el Estado mexicano sería de debilidad? –se le pregunta.

–Sería de incapacidad de mantener un modelo político donde la democracia electoral es uno de sus pilares. Sería una fractura de ese tamaño.

–En caso de que no hubiera elecciones, ¿quién pierde y quién gana?

–Pierden los ciudadanos, quienes pensamos que la democracia es un elemento para tomar decisiones y nombrar autoridades. Sería una derrota histórica para quienes pensamos que la democracia es importante para que una sociedad logre dirimir sus controversias de una manera ordenada.

–¿Quién gana?

–Quienes creen que la anarquía puede ser un mejor instrumento, quienes creen que el modelo de decisión autoritaria puede ser el que conduzca las riendas del país. Ganan los criminales, quienes piensan que este modelo tiene que colapsar, quienes piensan que desde la marginalidad hay que imponer una visión a las mayorías.

Acerca del autor

José Gil Olmos, reportero desde 1998. Colaboró en el periódico El Nacional y en el diario La Jornada. Desde el 2001 es reportero de la revista Proceso. Es autor de Los Brujos del Poder, La Santa Muerte la virgen de los olvidados, Los reporteros mexicanos en la guerra de Chiapas y Batallas de Michoacán.

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