El gobierno mexicano emprendió una ofensiva para evitar un juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, por el sinnúmero de delitos de lesa humanidad perpetrados merced a su guerra contra el narco. Todo parece indicar que el gobierno de Peña Nieto teme una ampliación de la indagatoria en la cual se incluyan crímenes cometidos en esta administración, como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. Así, presiona a la fiscal a cargo del expediente e incluso fanfarronea con la cantidad de dinero que dona al tribunal.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde finales del año pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a presionar intensamente a la Corte Penal Internacional (CPI) para impedir que ese tribunal de las Naciones Unidas investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque en el gabinete presidencial hay diferencias por defender al expresidente panista, el gobierno federal decidió desplegar un intenso cabildeo –incluso con referencias a las aportaciones económicas que hace a organismos internacionales– para evitar que la comunidad internacional indague y sancione las violaciones graves cometidas por agentes estatales y los grupos de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.

Ante la cercanía del pronunciamiento de la CPI sobre la denuncia contra Calderón presentada en septiembre pasado por tres organizaciones no gubernamentales (Proceso 1977), una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) viajó a La Haya, Holanda, sede de la Corte, para evitar que la fiscal Fatou Bensouda admita a análisis preliminar la denuncia enderezada contra Calderón y el exsecretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado Guillermo Galván.

A esa denuncia se suma la presentada ante la misma CPI por otras organizaciones, en la que también se pide investigar por crímenes de guerra al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, a Joaquín El Chapo Guzmán y a otros narcotraficantes, pero en la cual se señala a Calderón como el principal responsable de las miles de ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados durante su sexenio... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1996 de la revista Proceso, actualmente en circulación.