MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por “detención arbitraria, retención ilegal, tortura y trato indigno” contra dos personas procesadas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, recluidas en el penal de Villa Aldama, Veracruz. La recomendación 372015, en la que el organismo instruye a la Semar a reparar el daño, se refiere a hechos ocurridos el 27 y 28 de septiembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, en plena “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón. El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también anunció que presentará una denuncia penal ante la PGR y la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Semar, luego de advertir que a más de cuatro años de los hechos las dependencias no han intervenido para sancionar los abusos. La recomendación confirma que la tortura y malos tratos son prácticas comunes entre los marinos durante sus capturas, tal como lo documentó Proceso en su edición 1966, actualmente en circulación, en un reportaje sobre detenciones de presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, supuestos responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. En un comunicado, la CNDH refiere que las víctimas fueron detenidas por elementos de la Semar “en distintas acciones de investigación como respuesta a una denuncia anónima”, lo que derivó en la aprehensión de varias personas que fueron señaladas por los marinos de pertenecer a “un grupo delictivo que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales”. Se explica que los quejosos fueron arrestados en Matamoros, Tamaulipas, acto en el cual “denunciaron violencia física y psicológica en su contra antes de ser puestos a disposición de la autoridad ministerial”. Pese a que los hechos ocurrieron hace cuatro años, tiempo en que la CNDH recibió la queja, el ombudsman resaltó que a la fecha “no ha recibido constancia alguna en el sentido que se hubiera iniciado una averiguación previa en la PGR y/o procedimiento de investigación administrativa contra los elementos de la Secretaría de Marina”. De acuerdo con el expediente de queja, las víctimas denunciaron “haber sido golpeados con objetos contundentes, permanecer amarrados de pies y manos, vendados de los ojos, haber recibido descargas eléctricas y que les fueron colocadas bolsas en la cabeza para tratar de asfixiarlos , lo que fue corroborado por visitadores adjuntos (…) y en los correspondientes dictámenes médicos. También dijeron haber sido amenazados con ser privados de la vida y atentar contra sus familiares”. Luego de la revisión de las evidencias integradas en el expediente, “la CNDH cuenta con elementos que permiten acreditar trasgresiones a los derechos humanos de ambas personas, específicamente a la integridad, seguridad personal y al trato digno por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y tortura, atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina”. El organismo consideró incompatible “el uso de técnicas aptas para producir daños físicos y psicológicos en las personas en las labores de investigación de delitos y el respeto de los derechos humanos, así como los principios que deben regir la actuación de las autoridades, ya que el uso de tales técnicas no es congruente con el respeto a la dignidad de las personas y constituye una actuación ilegal de la autoridad”. En la recomendación, la CNDH insistió al titular de la Semar a que dé “instrucciones para que los elementos de este instituto armado respeten los derechos humanos y observen el orden jurídico en operaciones contra la delincuencia organizada, y pongan a las personas detenidas sin demora a disposición de la autoridad ministerial”. En el reportaje de Proceso “Se lastimaban solos”, se exponen diez casos de personas implicadas en el caso de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, detenidas por integrantes de la Semar. Según el expediente de la PGR, los detenidos fueron puestos a disposición del MP hasta 11 horas después de las capturas, con evidentes huellas de golpes y maltrato certificados por médicos legistas de la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam. Las violaciones a derechos humanos documentadas en la recomendación 3/2015 certifican que, por lo menos en los últimos cuatro años, la Semar ha recurrido a esas prácticas en el marco de operativos de captura contra presuntos integrantes del crimen organizado.