MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Las trabajadoras que denunciaron hostigamiento y malas condiciones laborales en la gasolinería de la empresa “Súper Servicio Coapa”, en esta capital, acusaron que ahora enfrentan represalias por parte de sus patrones. El pasado 26 de enero, Apro informó que despachadoras de la gasolinería ubicada en Calzada Acoxpa, delegación Tlalpan, son obligadas a firmar recibos de nómina sin recibir un sueldo, que deben pagar “uso de suelo” para poder trabajar y reponer las mermas de la empresa entre otras arbitrariedades laborales que violentan sus derechos humanos. Ahora las trabajadoras dicen que desde que denunciaron a la empresa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, son hostigadas laboralmente por Eduardo Cohen Carabier, dueño de la empresa; Edgar Vázquez, abogado de Cohen; y representantes del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Comercio General, Industria Gastronómica, Cantinas, Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del Distrito Federal. En represalia por lo publicado por esta agencia de noticias, Edgar Vázquez –en representación de Cohen Carabier– acudió acompañado de una patrulla a las 6:00 de la mañana de hoy a la estación gasolinera donde laboran las mujeres que rindieron su testimonio. Según las denunciantes, el abogado solicitó a dos policías del DF, presuntamente coludidos con la parte patronal que se llevara a dos trabajadores por un supuesto “allanamiento de morada”. Los dos empleados que ahora están detenidos en el Ministerio Público (MP) de Tlalpan (bajo el expediente D/00064/02-2015) ya habían sido despedidos en meses anteriores por supuestas “faltas de probidad” que no se les comprobaron. Sin embargo, las despachadoras afirman que el despido se debió a que ellos –que entonces se desempeñaban como gerentes– fueron quienes aconsejaron a las empleadas que defendieran sus derechos laborales. Tras su despido ambos trabajadores insistieron en trabajar en la estación como despachadores, sin ingresar a las oficinas, en lo que se aclaraba su situación laboral, ya que impugnaron la rescisión de contrato y hasta el momento no han firmado o recibido liquidación alguna. Las trabajadoras explican que la detención de sus compañeros –como su despido hace unos meses– es un acto de intimidación por haberse decidido a reclamar mejoras laborales, y por haber hecho públicas las condiciones a las que son sometidas cotidianamente. A la par de las detenciones, las despachadoras comentan en entrevista que la empresa sigue contratando personal, la mayoría hombres, a fin de reducir el monto de sus propinas. De 30 personas que se contabilizaron el pasado 20 de enero, actualmente laboran al mismo tiempo de 36 a 40 personas sólo en el horario matutino. Las despachadoras inconformes también aseguran que son obligadas a cumplir de manera estricta el reglamento de la empresa, mientras que al personal de nuevo ingreso se le da más libertad. Según Salvador Arellano Ayala, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF –que ahora busca representar a las trabajadoras–, es una “arbitrariedad” que un conflicto laboral quiera convertirse en una acusación penal en contra de los empleados. La manera en la que los trabajadores fueron retirados de las instalaciones de la empresa viola sus derechos humanos, y el sindicato que los representa no ha aparecido. Según Arellano Ayala –quien acompañó a las personas presentadas ante el MP–, los inspectores de la Secretaría del Trabajo que revisan el caso ya fueron notificados de la situación que están enfrentando las y los empleados, por lo que espera que la instancia presente una demanda contra la empresa. A la par, las trabajadoras que presenciaron la detención de sus compañeros decidieron marchar en un acto de protesta desde la gasolinera hasta la agencia del MP.