Coahuila bajo el terror policiaco

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, fue testigo la semana pasada, en Ginebra, Suiza, de los cuestionamientos al Estado mexicano en el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas. Como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), conoció de primera mano que la comunidad internacional tiene a México bajo examen por la extendida práctica de ese delito de lesa humanidad en el país.

Aunque en esa reunión que tuvo lugar el 1 y 2 de febrero no se analizaron casos en específico, Moreira supo que Coahuila no escapa a esa revisión. Las denuncias de desaparición forzada en ese estado no son pocas en contra del cuerpo policial que ha impulsado, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y sus derivados municipales.

Las denuncias también son en contra de civiles que actúan con el aparente consentimiento de las autoridades, una realidad que Naciones Unidas también pide que se esclarezca y, sobre todo, que se castigue. De acuerdo con testimonios de habitantes de Piedras Negras, Acuña y Allende, muchas de las desapariciones son atribuidas a esa fuerza estatal o a municipales en colaboración con la delincuencia.

Las quejas en contra del GATE por violaciones a los derechos humanos se dispararon luego de la violencia de la delincuencia organizada. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en 2013 abrió 101 expedientes contra esa corporación policial. El año pasado, 127 y hasta finales de enero ya iban nueve.

En la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas ha documentado desde hace año y medio diversos casos de desaparición forzada atribuidos a efectivos del GATE. Familiares de esos municipios han iniciado denuncias penales y han recurrido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para saber el paradero de los suyos. Hasta ahora, sin mucho éxito por la negativa del Ministerio Público local a tomar las denuncias o a investigar.

Es lo que ha ocurrido con Víctor Manuel Guajardo Rivas, desaparecido desde el 10 de julio de 2013 y que según sus familiares fue golpeado y sacado de su casa por un grupo del GATE (Proceso 1996). El subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola, de la Procuraduría General de Justicia del estado, asegura que la averiguación sigue abierta, pero exculpa al GATE y responsabiliza de la desaparición a policías municipales.

En carta enviada a este semanario, el funcionario asegura que hay tres elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales del Municipio (GATEM) identificados como responsables y que dos ya están detenidos.

Midiam Iriceda Valdez Cantú, pareja del desaparecido, asegura en entrevista que los dos policías fueron detenidos por la Marina en un operativo para rescatar a una pareja de novios, él de origen estadunidense, que había sido secuestrada por los uniformados después de un concierto de La Trakalosa, en Piedras Negras.

La señora María Hortensia Rivas Rodríguez insiste en que a su hijo Víctor Manuel se lo llevó un comando de esa fuerza policial, según constató en las instalaciones del GATE en Piedras Negras. “Ustedes fueron. Ustedes se lo llevaron. Yo lo vi”, le dijo en una ocasión a una policía del GATE. Encapuchada, la mujer policía le contestó: “Si usted hubiera estado ahí, no estaría aquí”, refiere Valdez Cantú.

Entre los detenidos por la Marina estaba un escolta del entonces director de Seguridad Pública de Piedras Negras, el mayor de Infantería del Ejército José Antonio Campa Arredondo, quien renunció tras el hecho. Poco antes de su dimisión, requerido por un juez federal que dio entrada a un amparo por el probable delito de desaparición, explicó que su corporación se limitaba a dar apoyo logístico para los operativos del GATE en el municipio. Precisó que la operación estaba al mando de un comandante que respondía al GATE.

Denuncias acumuladas

Las quejas contra las corporaciones estatales no sólo son de ciudadanos. Policías municipales también han interpuesto quejas contra la Unidad de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable (PEA). En Acuña, en un operativo realizado en mayo del año pasado, esa corporación detuvo a cinco policías por su presunta colaboración con la delincuencia organizada.

Los policías Juan Veloz Favela, César Rosales Favela, Ramiro Montalvo Galindo, Rodolfo Rico Chávez e Israel Ramírez Martínez están presos desde entonces acusados de facilitación delictiva y de ser halcones de Los Zetas, según la imputación hecha por otros dos policías, Marco Antonio Castillo Torres y Luciana Ábrego González.

Pero de acuerdo con la causa penal 78/2014, que se instruye en el Juzgado Tercero de Distrito del Octavo Circuito, con residencia en Piedras Negras, los dos policías fueron detenidos, torturados e incomunicados por civiles de la PEA para obligarlos a inculpar a sus compañeros.

Con esa acusación, el gobierno del estado organizó un operativo en la Policía Municipal de Acuña, que en octubre de 2012 se vio involucrada en el asesinato de José Eduardo Moreira, sobrino del gobernador e hijo del exgobernador y expresidente del PRI, Humberto Moreira.

Según los videos que se han presentado en la causa penal, en el operativo participaron la PEA, el GATE y las Fuerzas Especiales Élite de la Comisión Estatal de Seguridad. También, aparecen civiles con chalecos con la leyenda Police y otros con un pantalón verde parecido al de la Patrulla Fronteriza, además de un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas.

Las quejas contra el Grupo de Armas y Tácticas Especiales se acumulan. José Gilberto Pérez Rodríguez, un joven de 19 años, ayudante de albañil, fue detenido y torturado en Piedras Negras por un grupo del GATE para que aceptara que trabajaba para Los Zetas. “Mi historia comienza el 18 de septiembre de 2013, cuando estaba pisteando con unos amigos”, cuenta en entrevista.

Cerca de las seis de la mañana, uno de ellos le pidió que lo llevara a su casa porque por la borrachera ya no podía manejar y que él le pagaba el taxi de regreso. Cuatro jóvenes que habían pasado la noche tomando se subieron al coche. “Cuando iba manejando por la calle Durango para salir al bulevar que va a la carretera hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, nos topamos con un choque. Ahí estaba un grupo GATE, con sus trocas negras y vestidos todo de negro. Nos pidieron que nos bajáramos, que era una revisión de rutina”, dice.

Pero de inmediato detuvieron a dos de los jóvenes y los subieron a una camioneta negra de cuatro puertas. A los otros dos, incluido José Gilberto, los pasaron atrás del vehículo y los ataron juntos con cinta canela.

Los llevaron a una brecha, en dirección al monte, casi afuera de Piedras Negras. Ahí empezó el tormento. Los golpearon, los tablearon, les colocaron bolsas en la cabeza “para que aceptáramos que éramos zetas”.

En las instalaciones del GATE, a cielo abierto, arreció el tormento: toques eléctricos, bolsas y agua a presión en la cara, sin miramiento a su condición de asmático. Había otras personas a las que también torturaban. “A una de ellas le decían, ponme a alguien y te dejo ir. Pero yo vendo carros, nomás, le contestó. A mí me vale madres. Tú ponme a alguien”.

La tortura continuo al día siguiente. Como a las nueve de la mañana nos dijeron: ¿Ya van a cantar o quieren que los sigamos vergueteando. Hagan lo que les decimos para que ya no les peguen”.

Esa noche los llevaron al Ministerio Público. Eran 11, en total, divididos en dos grupos: seis jóvenes y cinco adultos. Cuando llegaron a la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Piedras Negras, los policías bajaron dos maletas. Una con cartuchos y otra con mariguana. A ellos los encerraron en los separos.

Al otro día los trasladaron en avión a la Ciudad de México, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a donde llegaron bajo el cargo de ser zetas. Ahí los amenazaron con recluirlos a un penal donde hay gente del Golfo y El Chapo, enemigos de Los Zetas. La PGR los consignó y fueron encarcelados en el penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, el más grande de su tipo en el mundo, donde permanecieron 14 meses.

La muerte de “Willie”

El cercano municipio de Allende también fue escenario de intensos enfrentamientos entre la delincuencia organizada que dejaron decenas de desaparecidos, desplazados­ y casas destruidas (Proceso 1856 y 1956). Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos son atribuidas a particulares con el consentimiento de agentes estatales.

Las familias han empezado a contar sus historias. Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, y José Luis Martínez García, de 55, relatan la desaparición de su hijo a manos de particulares con el aval de la policía municipal. Su hijo José Wilibaldo, Willie, de 24 años, desapareció la noche del 2 de marzo de 2012, luego de haber sido detenido por uniformados del ayuntamiento, acusado de tomar en la calle.

Fue encerrado en la comandancia municipal de Allende, de donde al siguiente día, tras golpearlo, lo sacó un grupo de delincuentes que habían sido sus compañeros de primaria. Querían que trabajara para ellos. A pesar del maltrato que le habían dado, se les escapó y pudo ir a su casa.

Los delincuentes fueron por él tres días después, el 5 de marzo. Se lo llevaron junto con otro de sus hermanos. Eran cuatro individuos, a los que los padres identifican como El Canelo, El Cubano, El Romo y La Vaca. Los amarraron con cinta canela, a plena luz del día, a las 10:30 de la mañana, cuando los niños de la escuela de enfrente de la casa estaban en el recreo.

“No sabía ni a dónde dirigirme, si la policía estaba con ellos”, relata Ana María Sandoval. Como a las ocho de la noche, una patrulla de la Policía Municipal se estacionó frente a su domicilio, conducida por un primo de la señora. Le entregó sólo a su hijo Luis Ángel, torturado, quemado. La madre le preguntó dónde estaba su hermano.

Luis Ángel comenzó a llorar. Le dijo que los habían llevado a un lugar que se llama Galeras y ahí los torturaron, hasta que mataron a Willie de un golpe que le dieron en la nuca con una tabla.

Desde ese día la familia empezó a buscar el cuerpo de Willie y a peregrinar en las oficinas del gobierno de Coahuila. Luis Ángel puso una demanda y señaló a los culpables. Poco después, un grupo GATE lo detuvo, tras una riña callejera.

Hace nueve meses Luis Ángel está en la cárcel de Piedras Negras, encausado por un supuesto enfrentamiento con el Ejército hace cuatro años, a pesar de que su familia ya había pagado una fianza de 35 mil pesos para que fuera puesto en libertad.

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