Incumplen gobiernos sentencia de la Corte sobre acueducto: tribu yaqui

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles y representantes de la tribu yaqui acusaron a los gobiernos federal y de Sonora de incumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena consultar a los pueblos indígenas sobre la operación del Acueducto Independencia.

Acompañados de indígenas mazahuas y triquis, los yaquis e integrantes de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui presentaron este miércoles un segundo informe sobre la situación que priva en esa región del país, al que titularon: “Una sentencia fallida”.

En dicho documento, que entregaron a los ministros de la SCJN para su análisis, alertan sobre violaciones a los derechos humanos, culturales, sociales y económicos de los yaquis, luego de la puesta en marcha del Acueducto Independencia.

Frente al edificio de la Corte, los miembros de la Misión Civil exigieron a los ministros que ejerzan sus facultades para hacer cumplir su sentencia 631/2012, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre la construcción de megaproyectos en sus territorios, en este caso sobre el trasvase de agua del río yaqui al río Sonora, a través del acueducto, para abastecer a la ciudad de Hermosillo.

Por su parte, el vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo, exigió la liberación de los dirigentes indígenas Mario Luna y Fernando Jiménez, quienes antes de su aprehensión fueron nombrados por el pueblo como interlocutores con el gobierno federal para la realización de la consulta pública, que hasta ahora se mantiene en suspenso en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El dirigente indígena sostuvo que el pueblo yaqui se encuentra en riesgo porque de abril de 2013 a la fecha “se han trasvasado ilegalmente 50 millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui al Acueducto Independencia, ante la incapacidad de la Semarnat para suspender la operación del mismo”. El trasvase, subrayó, se ha hecho violando los derechos humanos de los habitantes.

Rojo lamentó que después de recurrir a todas las instancias legales para obtener una sentencia de la SCJN, que les reconoció su derecho a ser consultados, “hemos sido perseguidos, criminalizados y encarcelados, mientras quienes violan la ley no son sancionados”.

Edmundo del Pozo, del Centro de Investigación y Análisis, Fundar, destacó que la sentencia a favor de la tribu yaqui “reconoce por primera vez el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre los megaproyectos, pese a que desde hace 20 años México había reconocido ese derecho en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Luego de señalar que los derechos de los pueblos indígenas en México “son violados de manera sistemática” con la implantación de obras que impactan en sus territorios, Del Pozo sostuvo que la sentencia de la SCJN se ha incumplido, entre otras cosas, porque el gobierno federal ha fallado en la entrega de un estudio antropológico sobre el impacto que tiene el Acueducto Independencia sobre la cultura yaqui.

“Se mandó a hacer un primer estudio que estuvo a cargo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pero el resolutivo fue que no sabían si el Acueducto afectaría la preservación de la cultura yaqui, desconociendo que el agua forma parte fundamental de esa cultura indígena, por lo que se pidió un nuevo estudio al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que no lo ha entregado, de ahí que esté en suspenso la consulta”, resaltó.

Areli Sandoval, del Equipo Pueblo, enlistó los derechos económicos, alimentarios, sociales y  culturales que han sido violados, así como los daños irreparables causados al pueblo yaqui.

Destacó que antes de la puesta en operación del Acueducto Independencia, en 2013, la tribu yaqui sembraba y cosechaba alimentos en 25 mil hectáreas, y un año después sólo pudieron cosechar 17 mil 400 hectáreas.

La especialista señaló que en el proceso de presión para que la tribu ceda sus derechos del uso y disfrute de agua se han restringido los beneficios sociales, como la entrega de becas a estudiantes de bajos recursos.

Antes de la entrega del informe de la Misión Civil, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), pidió al Estado mexicano garantías para la consulta libre del pueblo yaqui, “y eso pasa por dejar en libertad a Mario Luna y Fernando Jiménez, y poniendo fin a  la criminalización contra los yaquis”, subrayó.

En nombre de las más de cien organizaciones que respaldan la Misión, Guevara exigió suspender la operación del Acueducto Independencia, entregar el peritaje antropológico y respetar el resultado de la consulta, “la cual debe tener carácter vinculante para el Ejecutivo federal”.

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