Los Juegos Centroamericanos realizados el pasado noviembre en Veracruz fueron un muestrario de problemas y malas decisiones. Pero el fin de la justa no acabó con los conflictos. Contrariamente a las promesas del gobernador Javier Duarte, el certamen no contribuyó a disminuir la violencia, fomentar el turismo, reactivar la economía ni ampliar la oferta deportiva. La opacidad, la corrupción y las irregularidades encontraron otro nicho en el cual enquistarse.

A poco más de dos meses de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC), el gobierno de Javier Duarte enfrenta las consecuencias de los llamados “Juegos del Hambre”, caracterizados por la opacidad, la improvisación, el incumplimiento de pagos a centenas de colaboradores, el hospedaje de atletas en moteles y el acarreo de empleados públicos para evitar rechiflas contra el mandatario.

La afluencia a algunas disciplinas fue prácticamente nula en ciertos recintos. En la Arena Córdoba –sede de las pruebas de volibol en ambas ramas–, los hoteleros y restauranteros invirtieron en promociones y arreglo de sus locales, pero esperaron en vano la llegada de los 2 mil turistas y visitantes que les garantizó el Comité Organizador de los JCC.

Además, en plena ceremonia de premiación de los equipos femeninos, los aficionados recibieron con abucheos a Duarte y su comitiva, motivo por el cual fue cesado el funcionario encargado de ese estadio, Juan Gerardo Perdomo, coordinador del Comité Municipal del Deporte (Comude), a quien se le acusó de ser el principal responsable de la afrenta al gobernador en su municipio natal.

Los problemas comenzaron mucho antes del arranque de los JCC: hubo atrasos en la construcción de los inmuebles, se canceló la edificación de la villa centroamericana –un caso sin precedente en las 22 ediciones del certamen– y empeoró la violencia que la entidad padece desde hace años.

De hecho, en lo que va de 2015 y hasta el cierre de esta edición, se contaban 56 homicidios violentos, entre éstos los de los comandantes policiacos emboscados en Alvarado, el del reportero Moisés Sánchez y los seis cuerpos hallados en una fosa clandestina, ubicada cerca de la zona de playas en Coatzacoalcos.

No hay villas pero sí hay caos

Después de presumir durante meses que el estado edificaría “las mejores villas centroamericanas de la historia”, Duarte tuvo que solicitar a la Organización Deportiva, Centroamericana y del Caribe (Odecabe) que autorizara hospedar a los 5 mil 562 atletas en 50 hoteles y moteles, pese a los riesgos de seguridad y logísticos que ello implicaba.

El informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, cuya copia tiene Proceso, revela que la extinta Secretaría de Comunicaciones (Secom), hoy Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), invirtió más de 51.5 millones de pesos para dotar de infraestructura el desarrollo habitacional Crystal Lagoons, en la congregación Mata de Pita, cercana al puerto de Veracruz. El objetivo era convertir ese sitio en las Villas Centroamericanas de la ciudad sede, pero el gobierno priista decidió abortar el plan a sólo tres meses y medio de que se iniciara la justa. No quedaba dinero para equiparlas y las obras iban muy atrasadas.

El Órgano de Fiscalización estatal (Orfis) –ente similar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)– denunció un presunto daño patrimonial a causa de esa inversión inútil. De acuerdo con esa instancia, la constructora ARA “no ha cumplido con la recuperación de la aportación” convenida en un contrato.

Las obras de infraestructura costeadas por la Secom fueron tres colectores pluviales y el Canal Mata de Pita, vialidad de acceso a la unidad habitacional ARA Crystal Lagoons Veracruz.

El gobierno pagó, pero al cancelarse la conversión a villas deportivas sólo ARA resultó beneficiada. Pese a esta situación, el consorcio se resiste a devolver los recursos, según se lee en la Observación FP-016/2013/019, redactada por el Orfis acerca del Convenio de Colaboración celebrado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Inmobiliaria El Globo S.A. de C.V., mediante la subsidiaria Constructora y Urbanizadora ARA S.A. de C.V.

Carlos Sosa Ahumada, aún director del Comité Organizador de los JCC (Cover), comenta vía telefónica que “había un convenio de patrocinio que estuvo en proceso de ejecución, con cláusulas que no se cumplieron, y nosotros decidimos hospedar exitosamente (sic) a los atletas en la industria hotelera, que fue muy bien visto por las demás autoridades participantes en la justa”.

El Orfis puntualizó: “La inmobiliaria daría en comodato inmuebles con servicios habilitados en el desarrollo habitacional antes mencionado. Sin embargo, no existe evidencia de la contraprestación del apoyo otorgado por la inmobiliaria o, en su caso, de la recuperación de la aportación convenida”. Y Sosa Ahumada abunda: “ARA sería la institución responsable de responder al Orfis y de ver el resarcimiento de recursos”.

Carpin, la constructora encargada de edificar las Villas Centroamericanas en Xalapa, no fue considerada por el Orfis como parte de la “muestra auditable”.

Sin ciudadanos ni turistas

El director del Cover asienta que podría concluir en marzo la entrega de las 26 instalaciones deportivas en favor de los ayuntamientos, el Instituto Veracruzano del Deporte, la Secretaría de Educación de Veracruz y la Dirección de Educación Física del Estado. Sólo para estas transferencias el comité organizador dispondrá de más de 30 millones de pesos.

El Velódromo de Xalapa, cuya edificación superó los 400 millones de pesos, sólo fue utilizado durante cinco días en los JCC y desde entonces permanece cerrado. Algo similar acontece con el Complejo Omega, cuyo mobiliario incluso fue retirado la semana pasada.

“Como lo prometió el señor gobernador, todas las instalaciones estarán para el uso de los veracruzanos. Ya hicimos entrega de la Arena Córdoba, la Unidad Deportiva Hugo Sánchez y la pista de canotaje de Tuxpan”, revira el responsable del Cover.

El estadio Heriberto Jara Corona fue reabierto al público en general el 22 de diciembre –casi un mes después de concluidos los Juegos Centroamericanos. No obstante, el gobierno estatal cobra una “cuota simbólica” de cinco pesos por cada deportista que usa las instalaciones. Es la primera vez que esto ocurre.

En el rubro turístico, la competición tampoco arrojó el éxito esperado. En las tiendas y boutiques de Xalapa continúan en remate los productos oficiales de los JCC ante las pocas ventas logradas en noviembre pasado.

Por ejemplo: los muñecos de peluche de Toto y Bamba, las mascotas oficiales, salieron a la venta con un precio de 250 pesos. A partir de enero cuestan 100 pesos.

Opacos e incumplidos

El director del Cover refiere que se realizarán diversas “auditorías por las autoridades correspondientes” para revisar todo lo relacionado con los gastos del comité organizador. Se trata de 3 mil 176 millones de pesos, admite el tesorero de Veracruz, Mauricio Audirac.

Sosa asegura que esa es la razón de que el desglose de recursos y el listado de las empresas participantes se encuentren en calidad de “reservados”, como difundieron medios de comunicación locales.

Para colmo, la empresa Genera Producciones S.A. de C.V., responsable de reclutar a decenas de empleados de seguridad, edecanes y voluntarios para la justa, retrasó el pago a todos sus colaboradores. Los empleados temporales afectados han protestado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río al menos en siete ocasiones.

Tanto el secretario de Turismo, Harry Grappa, como Carlos Sosa responsabilizan del retraso a la compañía, pero sostienen que la Sectur y el Cover se harán cargo de la situación.

Como sea, los JCC se convirtieron literalmente en los “Juegos del Hambre” para un centenar de ciudadanos de Guadalajara que laboraron en la organización del certamen. Exempleados consultados por este semanario revelan que sólo pasaron penurias, maltrato y hostigamiento por parte de los organizadores, que hasta la fecha se niegan a finiquitarles sus honorarios.

A “Margarita” –quien oculta su nombre real por temor a represalias– le ofrecieron empleo temporal durante los JCC con un pago de 22 mil pesos. Su contrato, al igual que el de los 100 tapatíos que viajaron al puerto, se firmó con una corporación de outsourcing que buscaba personal para la empresa Genera Producciones, con domicilio en la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal. Esa compañía, a su vez, fue contratada por el gobierno de Veracruz para operar la logística de los JCC.

La empresa les prometió hospedaje, alimentación, viáticos, uniformes y el pago puntual del salario, dividido en dos quincenas, la primera el 15 de noviembre y la segunda al concluir el mes. No cumplió nada de eso. Los trabajadores terminaron poniendo de su bolsillo para pagar sus comidas, pasajes e incluso la lavandería.

Algunos echaron mano de sus ahorros y otros recurrieron a familiares y amistades para pedirles préstamos. Margarita denuncia que a ella todavía le adeudan 5 mil pesos por concepto de viáticos, pero renunció a emprender acciones legales porque esa prestación sólo se estableció verbalmente.

“Al final no hubo villas ni alimentos de bufet caliente. Muchas veces la comida llegaba incompleta o, en el peor de los casos, en estado de descomposición. Las porciones se completaban con papas Sabritas, galletas procesadas y una fruta. En ocasiones nos llevaban un sándwich o baguette muy pequeños. Una vez nos dieron un sándwich con la lechuga totalmente echada a perder. En adelante sólo comíamos lo que venía en paquete”, recuerda.

El contrato firmado con Genera Producciones lleva la rúbrica de Juan Martín, quien se ostenta como la parte patronal, pero nadie lo conoce. El dueño, explica Margarita, es un empresario de origen argentino que se hace llamar Gustavo Ruiz.

“No entendía muy bien la referencia de los ‘Juegos del Hambre’ sino hasta que vi las películas, y tristemente así fue: hubo momentos en que tuvimos que robar comida, mendigar comida, comprarla con nuestro propio dinero o pedir prestado.”

La trabajadora, quien vive sola y desde junio pasado no tiene un trabajo estable, acusa a la compañía contratante de haberlos hospedado en sitios de muy baja calidad.

Un compañero de Margarita fue alojado en una casa particular cerca del Centro Acuático Leyes de Reforma, a la que llamaron “Villa Pitufo” porque ahí hacinaron hasta a 20 personas. La vivienda carecía de agua caliente, y el baño no tenía puerta ni muros que separaran las recámaras.

“La tensión por el incumplimiento de los acuerdos llegó a tal grado que incluso los jueces y árbitros amenazaron con irse a huelga, ya que ni siquiera les proporcionaron alimentos. Todo el esfuerzo que realizamos por sacar adelante una celebración internacional, sonriendo y dejando en alto el nombre del país, fue en detrimento de nuestro propio salario y de nuestra condición de seres humanos. Si en ese momento hubiésemos hecho algo, toda la prensa internacional hubiera difundido la realidad de los juegos, lo que hubiera sido terrible para el país, el estado, la empresa y para nosotros”, expresa Margarita.

Los voluntarios y bailarines participantes en la inauguración y en la clausura tampoco escaparon de las carencias durante los 16 días de ensayos exigidos por el Cover. En principio, el gobierno les prometió un pago único de 2 mil 500 pesos, pero luego lo redujo a mil 500 pesos. Y al final les dieron a elegir: pagos o la asistencia de sus familiares a la preinauguración.

Durante los ensayos, los bailarines –en su mayoría estudiantes que se ausentaron de sus clases– fueron sometidos a rutinas de seis horas diarias. Tras cada sesión recibían un Frutsi, unas galletas y un mini Bubulubu. “En 16 días de trabajos, los organizadores sólo fueron generosos una vez: nos dieron un hotdog acompañado de una pera batida”, revela una participante.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Córdoba (Canaco Servytur), Leonardo Penagos, y el diputado local panista Hugo Fernández atribuyen la falta de turistas en esa ciudad a la desorganización del certamen: Los boletos debían adquirirse vía internet pero no había suficiente información al respecto.

“No llegaron los 2 mil visitantes prometidos por los organizadores, pues no hubo forma de que los turistas tuvieran acceso a los boletos”, acusa Penagos. “Nos hubiera gustado que estos juegos sirvieran como trampolín para promover la ciudad y sus alrededores con los visitantes que nos quedamos esperando”.

Fernández dice que el temor reinante por la inseguridad y las manifestaciones en contra del gobernador Javier Duarte causaron que los boletos fueran distribuidos mayoritariamente entre gente cercana al mandatario. “La Arena Córdoba lució vacía en las primeras jornadas, a las que sólo asistieron funcionarios públicos. Lo anterior ocasionó que, al no encontrar lugares disponibles, muchos visitantes perdieran todo el interés por los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe”.