MÉXICO, D.F. (apro).- En momentos en que la Sedena y la PGR se han visto obligadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) a entregar información sobre la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió sumarse al debate sobre el acceso a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos. La Primera Sala del máximo tribunal anunció que se pronunciará sobre la reserva de las averiguaciones previas en el caso de graves violaciones a los derechos humanos y quiénes están facultados para solicitar acceso a información de esa naturaleza. En un comunicado en el que reiteró una decisión tomada el año pasado, la Primera Sala anunció que a propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, atraerá un amparo sobre el caso de migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. El recurso tiene como fondo la solicitud de información promovida por la asociación civil Fundación para la Libertad y el Estado Democrático de Derecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) para acceder a la averiguación previa sobre la masacre de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que fueron asesinados en 2010 por Los Zetas. Ante la negativa de la PGR a dar información, la asociación civil logró el año pasado que un juez de distrito le diera un amparo. Ambas partes se inconformaron y la Primera Sala decidió atraer la revisión del amparo. La facultad de atracción fue ejercida por la Corte desde septiembre del año pasado, pero decidió informarlo en momentos en que se discute una iniciativa gubernamental para restringir el acceso a la información y cuando la propia PGR y la Secretaría dela Defensa Nacional (Sedena) han sido obligadas por el IFAI a proporcionar información sobre la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas. “La atracción de este asunto reafirma la trascendencia e importancia jurídica del caso, tal como se había evidenciado cuando la propia Primera Sala atrajo otros amparos en revisión promovidos tanto por asociaciones civiles como por familiares de las víctimas, cuyos temas centrales consisten en analizar el acceso a la información pública contenida en averiguaciones previas, cuando se trate de escenarios como el referido”, de violaciones graves a los derechos humanos, explicó la Corte. Señaló que los ministros se pronunciarán sobre el alcance y los límites de las facultades de las entidades y dependencias gubernamentales en materia de transparencia en relación con las atribuciones de los jueces constitucionales. En particular, la Primera Sala revisará la excepción a la regla general de reserva de las averiguaciones previas, la determinación de violación grave a los derechos humanos y los órganos facultados para determinar cuándo se está ante un caso de ese tipo. También, qué instancias están facultadas para determinar la clasificación de las informaciones y quiénes pueden solicitar versiones públicas de averiguaciones previas.