IFAI: La lucha por la transparencia

La sede del IFAI, al sur de la ciudad de México. Foto: Eduardo Miranda

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Ante la negativa de la PGR de acatar las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) en asuntos que implican violaciones graves a los derechos humanos, como los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, el órgano de transparencia advierte que echará andar procedimientos ante el Órgano Interno de Control de la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.

En momentos en que el Senado de la República revisa el dictamen de la Ley General de Transparencia y la PGR recurre a argucias legales para no entregar información sobre estos casos que han captado la atención del mundo, el comisionado del Ifai, Francisco Javier Acuña Llamas, afirma que es necesario dotar al órgano de transparencia de mecanismos de sanción que obliguen a los entes obligados a acatar sus resoluciones.

En entrevista vía telefónica con Apro el comisionado acusa que a más de un mes de que el pleno del Ifai instruyó a la PGR entregar a un particular los peritajes de cada uno de los 22 ejecutados en Tlatlaya, Estado de México, la dependencia federal incumplió el ordenamiento legal.

Por ello, dice, se iniciarán los trámites para pedir al Órgano De Control Interno abrir un procedimiento y aplicar la sanción correspondiente.

Esta decisión se dio a conocer el miércoles pasado, el mismo día en que el órgano de transparencia resolvió otro recurso de revisión e instruyó a la PGR entregar a otra peticionario la versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de los normalistas muertos.

Acuña Llamas relata que el 6 de octubre del año pasado ingresó una solicitud de información a la PGR en la que solicitó: “Copia en versión pública de los peritajes generados por la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México”.

También “copia de los peritajes y otros documentos entregados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por este mismo caso”.
Como era de esperarse, sigue, al emitir su respuesta, en noviembre, la PGR reservó la información con el argumento de que se trataba de una averiguación previa en trámite, por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, en el que están consignados diversos servidores públicos sujetos a proceso penal.

El peticionario interpuso entonces un recurso de revisión ante el Ifai que en la sesión del miércoles 14 de enero pasado, con el voto unánime de los comisionados, resolvió que debería entregar la citada información en un plazo de 10 días hábiles posteriores.

La PGR no sólo no entregó la información en el plazo referido, que era el jueves 5 de febrero, sino que además envió un oficio al Ifai ocho días después, el viernes 13, en el que señaló que la citada averiguación previa ya había sido consignada ante un juez de la causa penal.

En pocas palabras, fustiga Acuña Llamas, “la PGR se burló de la resolución del Ifai, a pesar de que fue categórica como el caso ahora de Ayotzinapa, y se le instruyó la versión pública de los 22 peritajes.

“Desgraciadamente lo que ocurre es que se tardó, y luego ya tarde nos mandó un oficio en el que por desgracia revela otro problema grave relacionado con el caso”, comenta el comisionado.

Y explica:
“La PGR lo que hace, es que nos avisa ya tarde, los 10 días hábiles vencieron el 5 de febrero y nos manda un oficio el viernes 13 de febrero, en el que nos dice algo que es peor: Que cuando la pregunta de Tlatlaya se le respondió en noviembre (al peticionario), ya la PGR había consignado el expediente ante el juez federal desde cuatro días antes, y que por tanto ya no podía entregarle nada porque ya había mandado todo al juez”.

Lo peor, sigue el comisionado, es que la PGR argumenta que mandó el expediente al juez federal antes de responderle al ciudadano que la averiguación previa estaba reservada. “Literalmente hay una contradicción en esta situación”, advierte.

Acuña Llama subraya que incluso durante la etapa de alegatos, la PGR envió personal para explicar que había negado la información porque al ser una averiguación previa en proceso estaba en calidad de reservada.
“Y ya luego con el oficio del 13 de febrero nos dice que desde cuatro días antes de responderles y negarle al peticionario ya había entregado el expediente al juez.

“Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que se burló en falsedad del solicitante, que se condujo con falsedad ante nosotros. Y que ahora lo único que nos queda es echarle a andar al órgano interno de control de ahí misma de la PGR, que se abra una investigación y llegue a saber si hay violación en los procedimientos, que por supuesto los hay en este caso. Violó el Código de Procedimientos Penales, se violó la Ley de Archivos y la Ley Federal de Transparencia”, denuncia.

Necesarias las facultades para sancionar

Acuña Llamas considera que ante la falta de voluntad de la PGR de acatar sus resoluciones es necesario que se dote al Ifai de mecanismos que obliguen a las instancias de gobierno a cumplirlas.

“Qué pena, pero acá debemos ver otro tema muy importante, lo que es el capítulo de sanciones y apremios de la Ley en la materia.

“Hay algunos senadores que creen que no es conveniente que el Ifai tenga estas potestades. Entonces de qué sirve que tengamos toda la fuerza del trabajo e instruir a una autoridad que entregue la información pública que está guardando indebidamente y que la ha negado”, cuestiona.

Por lo pronto, dice, lo único que les queda es exhibir el caso públicamente en los medios, en demérito del prestigio de la institución porque “desgraciadamente” a la mera hora no pueden hacer cumplir la resolución porque no tienen las herramientas para hacerlo.

A diferencia de la CNDH que emite recomendaciones, el ifai –dice—gira instrucciones pero al final de cuentas tienen el mismo peso, porque sin la capacidad de sancionar o apremiar, la dependencia federal, como en este caso, termina burlándose del órgano garante de acceso a la información pública.

“El problema está aquí, debemos debatir, en el sentido de darle más herramientas al Ifai para que pueda sancionar, y en este debate de la Ley General de Transparencia es la ocasión propicia, de lo contrario, seguiremos igual o peor de aprobarse las otras medidas restrictivas”, alerta.

Aun cuando la PGR incumplió la resolución del Ifai en el caso Tlatlaya, en su sesión del miércoles los comisionados volvieron a resolver forma unánime un asunto similar pero ahora por el caso Ayotzinapa.

La comisionada Areli Cano presentó al pleno el recurso RDA 5151/14 contra PGR, luego de que negara información pública que le fue requerida por un peticionario y que a su vez la dependencia federal declaró reservada.

La información solicitada señala textual: “Solicito copia de la averiguación previa relacionada con los sucesos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre de este año y que lleva la PGR después de que le fue turnada por la fiscalía General de Justicia de Guerrero.

“La averiguación previa versa sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de los estudiantes muertos”.

Los comisionados ordenaron a la PGR entregar la información, en versión pública, en un plazo de 10 días hábiles que corren a partir de la notificación, este mismo jueves, en la oficialía de partes de la dependencia a cargo de Murillo Karam.

Acuña Llamas insiste que en este contexto de los Tlatlaya y Ayotzinapa, se debe considerar el primer punto del decálogo enviado por el Ifai al Senado mexicano el pasado lunes 16 de febrero:

En el primer punto se señala que “es importante tomar en consideración la importancia de que permanezca la cláusula interpretativa prima facie en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo por ‘autoridad competente’, ya que podría anular la competencia de los organismos garantes para determinar la existencia de esos supuestos de excepción para efectos del acceso a la información; lo que sería acorde con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, previsto en el artículo 1° constitucional”.

Además de las resoluciones emitidas contra la PGR por los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, el Ifai emitió otra hace dos semanas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la que le ordenó entregar fotografías y registros tomados a los normalistas por el Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, así como informes sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.

El plazo para que la Sedena proporcione dicha información vence este viernes 20 de febrero.

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