MÉXICO, D.F. (apro).- Piedras de carbón y 65 cruces blancas con los nombres de los mineros víctimas de la explosión de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero del 2006, decoraban hoy la entrada de las oficinas de Grupo México en la zona de Polanco. A nueve años de la tragedia, las familias siguen sin poder enterrar a sus deudos, las autoridades continúan bloqueando el rescate de los restos y Germán Larrea, el director ejecutivo de Grupo México, goza de impunidad. Eso denunciaron los miembros de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) que viajaron a la Ciudad de México para exigir justicia y recordar a sus parientes con una misa. Después de cinco años de haber interpuesto una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su petición, la P-178-10, sea admitida, solicitaron que su caso sea votado en el próximo periodo ordinario de sesiones del 13 al 27 de marzo. Un niño con el rostro tiznado por el carbón y casco azul, nieto de uno de los fallecidos en el accidente, tomó una cruz blanca con el nombre de su abuelo Julián Martínez, trepó al pequeño escenario que se encontraba adornado con bordados que relataban las historias de muerte de los trabajadores de las minas carboníferas. Mientras, su madre denunciaba en el micrófono: "Las familias viven el calvario de que se les arrebaten a sus seres queridos... el pasado nos alcanza en cada minero muerto porque no se hace nada para que no se repita la tragedia." Este año a la misa concelebrada por media docena de sacerdotes acudieron algunos padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, para dar un mensaje de solidaridad a las familias. Miembros de la OFPC dijeron a los parientes de los estudiantes: "Nosotros escuchamos las cosas que les dicen (desde el gobierno), la manera en que los tratan y escuchamos de nuevo nuestra historia". Durante el mitin, una docena de familiares dio su testimonio de nueve años de lucha y todos los asistentes rezaron para que haya pronta justicia. "Tres presidentes, dos administraciones, dos partidos y nadie nos hizo caso", dijo Juanita Álvarez, mamá de uno de los mineros, "estamos igual o peor de muertos que ellos". La defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, quien acompaña a las familias, mencionó en entrevista que a pesar de la nula respuesta del Estado por intentar rescatar los restos de los mineros y darle seguimiento cabal al caso, ONG trabajan e impulsan a los mineros a denunciar anónimamente para que se cumplan las medidas de seguridad que deben tener las mineras carboníferas y para que accidentes como el de Pasta de Conchos no se repitan. Desde hace dos años, organizaciones de derechos humanos como la OFPC se han coordinado para hacer campañas de denuncia sobre las irregularidades y peligros que se viven en centros de trabajo, lo que ha traído mejorías. "De tener de 32 a 34 mineros muertos por año, pasamos a tres, redujimos la mortalidad a 90% en toda la zona carbonífera. Es un trabajo titánico y esta es la prueba de que si el Estado tuviera una política en la materia, las cosas cambiarían, y de que la participación de las familias y de los trabajadores hace la diferencia", dijo. Las familias convertidas en defensoras de derechos humanos denuncian día a día ante empresarios y la Secretaría del Trabajo las deplorables condiciones de trabajo que sufren los mineros, no sólo en cuestión de seguridad, sino de salud y de derechos laborales. "La idea es llegar antes de que pase algo, nos la pasamos levantando muertos, es estar una semana sí y una no en funerales. Hay que llegar antes”. Por eso, dijo Auerbach, “ahora ellos denuncian cuando ven que las cosas están mal". Por su labor Auerbach ha sufrido hostigamiento, persecución y agresiones. La organización espera la respuesta de la CIDH para saber si, a casi una década de ocurrida la tragedia, se admitirá su caso, una ventana de esperanza para la recuperación de los restos de sus familiares.