MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos consideraron que las declaraciones a favor del Ejército por parte del presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ponen en riesgo a defensores y víctimas de abusos cometidos por efectivos castrenses. En entrevistas por separado, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, y el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez Morales, cuestionaron los aplausos a los militares durante la celebración del Día del Ejército. Fresca en la memoria colectiva la ejecución sumaria de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el Ejecutivo afirmó ayer que la honorabilidad del Ejército “está por encima de cualquier sospecha”, y Cienfuegos aseguró que los señalamientos sobre abusos se hacen “para desprestigiar” a las Fuerzas Armadas. Con al menos 10 casos en los que están involucrados militares y que se litigan en el ámbito nacional e internacional, Guevara Bermúdez se dijo “aludido” por las afirmaciones del titular de la Sedena y consideró como “alarmante que en el contexto tan difícil que está atravesando el país se busque descalificar como infundado todo señalamiento al Ejército”. Añadió: “Valdría la pena que aclare el presidente de la República a qué se refiere este señor secretario, porque es agraviante para víctimas y defensores de derechos humanos que hable en términos abstractos (en el sentido de) que cualquier acusación en contra del Ejército es infundada. Eso no es cierto, nosotros sí lo podemos probar y tenemos muchos casos en que no hay responsables sancionados por abusos cometidos, abusos que ellos reconocen”. Luego citó de memoria 10 casos “de la guerra sucia, de la guerra contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la guerra contra el narcotráfico” en los que están señalados militares “por desaparición forzada de personas, violación sexual, tortura y ejecuciones extrajudiciales, y no hay ni un solo militar sancionado, a pesar de que –subrayó– hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), informes de la Comisión Interamericana, comunicaciones con el Comité contra la Tortura de la ONU y recomendaciones de la CNDH aceptadas por los militares”. En la página de internet de la Sedena se incluyen 119 recomendaciones de la CNDH giradas de 2007 a diciembre de 2014 por diversos abusos cometidos por integrantes del Ejército, todas ellas admitidas. Para el director ejecutivo de la CMDPDH, las declaraciones de respaldo incondicional de Peña Nieto y de Salvador Cienfuegos a las tropas “lo que hace es poner en duda el trabajo de los defensores de derechos humanos, cuando nosotros no hacemos nada por desprestigiar a nadie. Nosotros buscamos que se cumplan las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado mexicano”. Y advirtió que a ese afán de cuestionar el trabajo de organizaciones sociales que defienden a víctimas del Ejército se han sumado los empresarios, quienes la semana pasada, a través del presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solano Sentíes, respaldaron a los militares frente a padres de los 43 normalistas desaparecidos, asegurando que “por ningún motivo” permitirán el ingreso a los cuarteles. “Hay un ambiente enrarecido en el que no entiendo el papel de los empresarios para defender al Ejército de esa manera y no estar pidiendo y exigiendo que haya una investigación imparcial, independiente, que se deslinden responsabilidades y que se castigue a los malos funcionarios públicos, vengan de donde vengan”, sostuvo Guevara Bermúdez. De su lado, Edgar Cortez Morales aseguró que “los discursos de los empresarios, del secretario de la Defensa y de Peña Nieto comparten un gen autoritario: quieren que sea el argumento de autoridad el que resuelva los asuntos y no los procesos de investigación, de justicia y de reparación, que son los que tendrían que darnos certeza y satisfacción a toda la sociedad de que sabemos resolver nuestros problemas de manera adecuada, responsable y sobre todo constructiva”. Luego de señalar que las declaraciones de absoluta defensa al Ejército “polarizan” a la sociedad, puntualizó que también “generan un ambiente adverso para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, para los familiares que buscan a sus desaparecidos o que han denunciado tortura, porque se puede echar sobre ellos la mirada no como víctimas, con toda la legitimidad que les da la ley para reclamar derechos, sino como personas o grupos que quisieran menoscabar las instituciones”. Sin embargo, apuntó, “no es la denuncia ni el señalamiento lo que menoscaba a las instituciones, sino la impunidad, la falta de investigaciones efectivas, eso es lo que ha puesto y ha deteriorado la imagen del Ejército, no somos nosotros”. Según el investigador del IMDHD, la pérdida de confianza en instituciones como la militar radica en la falta de respuestas “claras y convincentes de qué fue lo que pasó en Tlatlaya, qué fue lo que pasó en Iguala, qué fue lo que pasó en la guerra sucia”. Cortez Morales sostuvo que hay una “historia de impunidad” que arrastra el Ejército, pues apenas hace un año se modificó el Código de Justicia Militar, que permite que casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles sean investigados y sancionados en el fuero civil, lo que no ocurría anteriormente. Consideró que las afirmaciones presidenciales reflejan “la total dependencia de Peña Nieto y los anteriores gobiernos con esa institución (el Ejército) respecto de su política de seguridad. Saben que si el Ejército no sostiene su estrategia, ésta se desmorona”. Lo anterior, dijo, sin reconocer que “si algo le ha hecho daño al Ejército es, primero, el mismo Ejecutivo, por haberlo llevado desde hace varios años a una tarea de seguridad pública que no es la de él; segundo, el sistema de justicia, que no genera certeza ni credibilidad”. Para Cortez, los pronunciamientos durante el Día del Ejército “intentan defender a la institución a través del discurso político, en lugar de que cada quien cumpla sus responsabilidades”. Remató: “Ese discurso de responsabilizar a la sociedad de los problemas que tiene el Ejército termina afectando, al fin de cuentas, al Ejército y a otras instituciones, pero no somos los ciudadanos los responsables, son ellos, los políticos y los encargados de las instituciones que no cumplen la tarea que tienen encomendada, lo que genera estos problemas”.