El IFT, de rodillas ante las televisoras

En el primer borrador de los lineamientos para autorizar la multiprogramación a los concesionarios de televisión abierta, se establecía el pago de una contraprestación por la mayor explotación del espectro radioeléctrico, un bien original de la nación. Sin embargo, bajo la presión mediática y política, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anuló esa obligación, que favorece a las empresas dominantes.

En una sesión que se prolongó hasta la madrugada del lunes 9, cuatro de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidieron, en vez de acotar, beneficiar por vía triple a Televisa y TV Azteca.

Las dos empresas concentran 95% de las concesiones de televisión abierta, 99% del mercado publicitario en la pantalla, y la primera 66% de la televisión restringida. Pero gracias al IFT podrán colocar canales adicionales de programación sin pagar contraprestación y “rentar” esos canales sin necesidad de garantizar una cuota de pluralidad ni calidad en los contenidos.

Esta política, que los especialistas consultados consideran  “anticonstitucional” y un nuevo “desacierto” a favor de las empresas dominantes, fue acordada por la mayoría de los comisionados del instituto tras una clara presión de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el organismo cúpula que representa los intereses de los concesionarios, y despachos de abogados ligados a las televisoras.

Entre el 23 de diciembre de 2014 y el 14 de enero de 2015, el IFT realizó una consulta pública sobre los lineamientos generales en materia de multiprogramación. Sólo participaron ocho organismos. De éstos, cuatro se opusieron claramente al pago de una contraprestación por el servicio de multiprogramación que estaba incluido en el artículo 5 del proyecto original elaborado por el instituto.

Los argumentos de la CIRT, del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), de la Cadena Radiodifusora Mexicana S.A., y del despacho García Herrera, Valdez y Asociados fueron prácticamente los mismos. El documento más extenso fue el de la CIRT, que lo envió el 14 de enero pasado a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, encabezada por Leticia Salas.

En su texto, la CIRT calificó de “incongruente” una nueva contraprestación y argumentó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones “no establece una obligación al IFT de fijar una contraprestación para el acceso a la multiprogramación, sino una posibilidad”.

En su alegato, firmado por Miguel Orozco Gómez, la CIRT afirmó:

“Obligar en todos los casos al pago de una contraprestación por la autorización para el acceso a la multiprogramación no se justifica, ya que los concesionarios tienen autorizada la misma capacidad espectral, esto es, no se otorgan más frecuencias del espectro radioeléctrico ni se prestan servicios adicionales, sino que simplemente se aprovecha de manera más eficiente el uso de la capacidad espectral ya concesionada en beneficio de los usuarios, en razón que tendrían acceso a más programación de carácter gratuito y directo.”

La CIRT también advirtió que cobrar la contraprestación “generaría un desincentivo al uso eficiente del espectro, así como un freno a la prestación del servicio de radiodifusión”. Además, desde su punto de vista representaría “un trato discriminatorio entre concesionarios, ya que los concesionarios que accedieron a ella con anterioridad no tuvieron que pagar una contraprestación como ahora se pretende”.

Son los mismos argumentos que ha publicado TV Azteca en sendos desplegados de prensa contra la cobertura informativa de la decisión del IFT por el periódico Reforma. Y a juzgar por el audio de la sesión del 9 de febrero, cuatro de los siete comisionados del instituto retomaron ese razonamiento.

La televisora de Ricardo Salinas Pliego presumió en los desplegados que pagó “el equivalente a 650 millones de dólares por las concesiones y las frecuencias que hoy opera. Este pago se realizó por el uso pleno de las frecuencias, lo que incluye la multiprogramación”.

Pero en 1993, cuando se privatizaron los canales de Imevisión, no existía la tecnología para la multiprogramación.

Ninguna obligación para el duopolio

La CIRT no sólo presionó para eliminar el cobro de la contraprestación, sino que le demandó al IFT que “en ningún caso se deberá forzar a un concesionario solicitante a dar acceso a terceros a los canales multiprogramados”, y logró que en el ­artículo 18 de los lineamientos se estableciera la posibilidad de rentar estos canales.

De acuerdo con los lineamientos publicados el 17 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, “los concesionarios de radiodifusión podrán celebrar contratos libremente para el acceso a los canales de programación en multiprogramación en condiciones de mercado con terceros que podrán tener el carácter, entre otros, de Programadores Nacionales Independientes, Programadores Nacionales, Programadores Extranjeros o Concesionarios de Radiodifusión”.

La CIRT demandó que la calidad de la programación se reduzca a la “calidad técnica” y solicitó que se eliminara la definición de derecho a la información “referido como un derecho ejercido por las audiencias, lo cual restringe sustancialmente a los beneficiarios del mismo”.

Con argumentos muy similares a la CIRT, el Idet, dirigido por Gerardo Soria, subrayó que “no existe obligación alguna por parte de los concesionarios” de televisión a pagar contraprestación ni a ofrecer el acceso a canales multiprogramados para terceros.

El único organismo que habló a favor de las estaciones de servicio público fue el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara (UdG), en un oficio enviado por José Guadalupe González Plascencia, apoderado de esta casa de estudios, que administra la señal del Canal 44, una red de estaciones radiofónicas y servicios de producción.

En su oficio, enviado el 15 de enero, la UdG demandó que se establezca “un límite de canales de multiprogramación” para los agentes económicos preponderantes (es decir, Grupo Televisa) y que el resto de los canales sean “liberados obligatoriamente para los terceros que no tengan esta clasificación, dando preferencias del uso a los concesionarios de uso público, social y privado”.

La posibilidad de dar acceso a terceros en los canales multiprogramados fue severamente vetada por Televisa y TV Azteca a través del oficio de la CIRT. Ésta incluso pidió que se vetara la participación de programadores extranjeros que se planteaba en los lineamientos originales del IFT, porque “se permite de manera indirecta la inversión extranjera hasta el 100% mediante este mecanismo y sin la aplicación del principio de reciprocidad”.

Durante el debate de estos lineamientos, la comisionada Adriana Labardini advirtió: “Con este proyecto pierde Hacienda, pierden las audiencias y pierde la pluralidad”.

El comisionado Adolfo Cuevas, que también votó en contra, argumentó que compartía la idea de que “la carga regulatoria que planteemos para la multiprogramación debe tener objetivos sociales”, lo que fue ignorado por los cuatro comisionados que hicieron mayoría.

Gabriel Contreras, comisionado presidente, argumentó que meter nuevas regulaciones “nos metería en un problema jurídico a mi entender”,  porque “la ley dice que en cada canal autorizado extra se deberán cumplir las mismas reglas” de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones.

El fantasma de la Ley Televisa

La definición del pago de una contraprestación o de derechos por parte de los concesionarios al IFT debe pasar por la autorización o la consulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Fuentes del instituto rechazan que se hiciera tal consulta, pero especialistas en la materia afirman que la CIRT presionó al IFT a través de la dependencia que encabeza Luis Videgaray.

El despacho García Herrera, Valdez y Asociados, opositor al pago de la contraprestación, solicitó al IFT que hiciera “una consulta general a la SHCP sobre la aplicabilidad y procedencia del pago de una contraprestación adicional para el acceso a la multiprogramación”.

Los documentos de la consulta pública que el IFT subió a su portal no incluyen ninguna opinión de la SHCP sobre el asunto, a pesar de que el primer borrador de los lineamientos planteaba dicho pago.

Para el profesor y economista del ITAM, Ramiro Tovar Landa, exentar a las televisoras del pago de contraprestación es violatorio del artículo 134 constitucional, que protege como valor fundamental el manejo de los recursos económicos de la federación. Este es el caso de la enajenación de “todo tipo de bienes”, como el espectro radioeléctrico.

Tovar recuerda que una de las razones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decretar la anticonstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, de 2006, “radicaron sustancialmente en que el refrendo del uso de frecuencias no debía someterse al proceso de licitación pública establecido en el artículo 17 de la entonces Ley Federal de Radio y Televisión”.

Para el especialista, la decisión del IFT en materia de multiprogramación “significa un incremento de la capacidad efectiva y el valor económico de las frecuencias concesionadas a los agentes económicos solicitantes, concesionarios y permisionarios de televisión abierta”, y la SCJN ya resolvió que sí procede “la contraprestación en el (caso de) incremento de capacidad del espectro concesionado, dado que es un bien originalmente propiedad de la nación”.

Jorge F. Negrete, director del portal especializado Mediatelecom, considera un “­desacierto” que el IFT no previera el pago de una contraprestación, “por la sencilla razón de que los concesionarios, cuyo modelo de negocio es la publicidad, pero también la multiprogramación, utilizarán los canales multiplexados para programar servicios o contenidos adicionales, por los cuales seguramente obtendrá ingresos extraordinarios a los obtenidos en su señal básica”.

Explica que “la presunción de ingresos adicionales y la comercialización de canales nuevos dentro del mismo espectro concesionado, justifican plenamente el cobro de una contraprestación que, desde luego, no debe tener fines recaudatorios, pero sí de recuperación por el uso adicional del espectro”.

El otro tema polémico es por qué no se realizó una consulta pública a la SHCP sobre el pago de la contraprestación. El ­artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Congreso en 2014, estableció que es facultad del IFT “fijar tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, previa opinión no vinculante de la SHCP”.

La intervención de la dependencia se ratifica en el artículo 99: “Todas las contraprestaciones a las que se refiere esta ley requerirán previa opinión no vinculante de la SHCP, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales. Transcurrido este plazo sin que se emita dicha opinión, el instituto continuará los trámites correspondientes”.

Asimismo, el artículo 158 establece que el IFT otorgará la autorización a los concesionarios que soliciten la multiprogramación , “incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones” debidas, con cinco criterios: el número de canales y la calidad técnica; límites al agente económico preponderante; lineamientos para el pago de contraprestación; y que en ningún caso servirán para televisión o audio restringidos.

En otras palabras, la misma ley le da atribuciones a la SHCP para intervenir. Sin embargo, en su comunicado del 12 de febrero el IFT no aclaró si consultó el asunto con la SHCP. Se limitó a emitir argumentos similares a los de la CIRT.

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