OAXACA, Oax. (apro).- El padre Alejandro Solalinde Guerra denunció que agentes de Investigación dependientes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado detuvieron y extorsionaron a un grupo de migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús en el tramo carretero Unión Hidalgo- Juchitán. El responsable del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” precisó que los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero entre las 09:30 y 11:00 horas cuando cuatro individuos armados y con chaleco antibalas impidieron la circulación de un autobús y obligaron al chofer y al cobrador a descender de la unidad. Detallaron que uno se colocó en la puerta delantera y otro en la trasera, mientras que otros dos se subieron a pedir documentos de identificación a los pasajeros –labores que le corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de Migración (INM) según la Ley de Migración– y bajaron a siete migrantes que no acreditaron su legal estancia en el país. Para su mala fortuna los elementos de la Procuraduría no se percataron que en el autobús viajaban otros dos migrantes que posteriormente los denunciaron en el albergue del padre Solalinde para pedir ayuda y localizar a sus compañeros. Alberto Donis Rodríguez manifestó que desde el albergue empezaron a investigar el paradero de los siete migrantes al tiempo que solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con sede en Ixtepec, que monitoreara a dónde se llevaron a los centroamericanos. Fue la CNDH la que localizó a los migrantes en la Garita de Migración de la Ventosa donde los agentes estatales de investigación los abandonaron porque no les dieron dinero. Tanto el INM como la Agencia Estatal de Investigaciones, señaló el organismo, “fabricaron” un oficio donde los ponen a disposición para justificar una detención ilegal. Ante estos hechos, el personal del Albergue de Migrantes junto con los afectados, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía de Atención al Migrante donde se inició el legajo de investigación 852/FM/2015. A los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones asignados a la base de Juchitán se les acusó de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tentativa de extorsión y los que se configuren en su contra. También se inició una queja ante la CNDH. Donis Rodríguez mencionó que la extorsión a migrantes es una práctica que los “judiciales” o “ministeriales” cometen desde muchos años atrás en la región del Istmo de Tehuantepec y que el albergue “Hermanos en el camino” no ha dejado de denunciar y lo seguirá haciendo hasta que la Procuraduría tenga la voluntad de ponerles un alto. “Estos malos servidores públicos en vez de extorsionar a migrantes deberían de abocarse a investigar una serie delitos que han venido padeciendo los migrantes en la región desde finales de julio del año pasado justo cuando inicio el Programa de la Frontera Sur”, finalizó.