Se entrampa pleito entre refresquera y comuneros por extracción de agua

OAXACA, Oax. (apro).- A 10 años de que las autoridades comunales de San Bartolo Coyotepec iniciaron un litigio judicial en contra de la empresa refresquera Gugar por la extracción ilegal de agua en su territorio, el caso aún no se resuelve porque hay de por medio millonarias ganancias.

Así lo afirmó el presidente de Bienes Comunales de San Bartolo Coyotepec, Gregorio Mateo Vicente, quien comentó que el pasado 23 de febrero se realizó el desahogo constitucional del amparo que interpusieron a fines del 2014, mismo que quedó asentado en el expediente 1534/2014 en espera de que el Juzgado Octavo de Distrito resuelva.

Mientras tanto, la empresa cuyo apoderado legal es Ernesto Javier Guzmán Gardeazabal, sigue fraccionando el terreno de 15 hectáreas que está en conflicto y cede derechos a terceras personas con el único fin de retrasar la devolución de los terrenos comunales al núcleo agrario de San Bartolo Coyotepec.

Mateo Vicente, acusó que el abogado de la empresa, Enrique Toro Ferrer, llegó a las amenazas aduciendo que para él no existen los bienes comunales, porque las autoridades hacen a la familia Guzmán Gardeazabal como a su abogado, responsables de cualquier agresión en contra de los comuneros.

Recordaron que el 24 de marzo del año pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó un título de concesión a la empresa Gugar SA de CV para explotar y usar aguas que extrae de terrenos comunales de San Bartolo Coyotepec, trámites que se hicieron a espaldas de la comunidad agraria de ese municipio conurbado.

Para la población, la extracción de agua que realiza Gugar en sus terrenos comunales es ilegal porque no se les consultó como comunidad indígena y menos se les autorizó, por lo que consideran las acciones la empresa refresquera un robo.

Se quejaron de que la Conagua en ningún momento les consultó para autorizar esos permisos cuando la que cuida y da mantenimiento a sus represas es la comunidad, mientras la que obtiene millonarias ganancias es la empresa Gugar.

Fue en el 2007 cuando el núcleo agrario de San Bartolo Coyotepec demandó ante el Tribunal Unitario Agrario número 21, la restitución de la superficie total que conforman dos fracciones de terreno comunal.

Sin embargo, dicho expediente aún no concluye dado que el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito revocó la sentencia dictada en un primer momento y ordeno reponer el procedimiento, lo que significa que la empresa Gugar “por medio de artimañas está retrasando la tramitación de dicho expediente”, afirmó Mateo Vicente.

El caso de San Bartolo Coyotepec es una muestra de la política que pretende aplicar el gobierno federal en la materia a partir de la iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas, cuya finalidad última es entregar al sector privado la distribución del líquido.

El semanario Proceso publica en su edición número 2000, en circulación, un reportaje sobre la modificación a la norma que se ha bautizado como “Ley Korenfel”, llamada así por ser obra del director de la Conagua, David Korenfel.

De acuerdo con dicha iniciativa, se pretende cambiar el término de asignación por el de concesión, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.

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