COLIMA, Col. (apro).- Tras una visita de cuatro días a la entidad, la Misión Internacional de Observación del Caso Zacualpan responsabilizó al gobernador Mario Anguiano Moreno de “cualquier hecho violento, derramamiento de sangre o incluso muertos por la falta de oficio político para resolver asuntos que están totalmente relacionados a la falta de garantías para la aplicación del Derecho”. En su informe preliminar, el grupo de observadores denunció que el gobierno estatal ha procurado la impunidad, la recurrencia en la violación de los derechos humanos, el irrespeto a la ley, la discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas, la atomización de los conflictos sociales para facilitar el despojo de los bienes naturales de los pueblos, así como la criminalización y la amenaza a defensores de los derechos humanos, como el caso de los miembros de la organización Bios Iguana. Integrada por representantes de 18 organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos procedentes de Canadá, Estados Unidos y diversas entidades de México, la Misión se mostró preocupada por las implicaciones y los riesgos derivados del conflicto derivado de las intenciones, hace más de un año, de poner en marcha un proyecto minero en Zacualpan. Además exigieron la cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio de esa comunidad, ya que éstas se mantienen vigentes hasta la fecha, a pesar de que algunas instancias han afirmado que ya no habrá mina en ese lugar. “Queremos resaltar –manifestaron– que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el gobierno federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada”. Luego expusieron que esta “política entreguista y de despojo” ha generado que 44% del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe “el deshonroso” primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado. Después de haber tratado de ingresar a la comunidad de Zacualpan sin éxito, debido a que un grupo de comuneros priistas bloqueó la carretera para impedir el paso a la caravana, los miembros de la Misión demandaron el cumplimiento de la ley y la restitución del estado de derecho, así como las garantías de libre tránsito y acceso para cualquier persona a esa comunidad. No sólo eso, pues a dos meses del bloqueo del camino al balneario Ojo de Agua realizado por el mismo grupo –lo que ha evitado la administración del lugar por parte de las autoridades comunales electas–, los observadores se pronunciaron por la restitución inmediata del usufructo de los bienes naturales para el pueblo de Zacualpan a través de su autoridad agraria en turno, encabezada por el comunero Taurino Rincón Lorenzo. Los activistas se solidarizaron con los integrantes de Bios Iguana Esperanza Salazar Zenil, Víctor Andrés Cruz Chi, Alejandro Bueno Salazar, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Gabriel Martínez Campos y Misael Andrade Simental, contra quienes “hay expresiones de hostigamiento y amenazas de muerte” en el sitio del bloqueo que mantiene el grupo de comuneros priistas. Por lo tanto, demandaron la implementación inmediata de medidas cautelares para garantizar su seguridad y el retiro de mantas y carteles en su contra. La Misión Internacional estuvo integrada por organizaciones como MiningWatch, Greenpeace, Action for Peace, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Red Mexicana de Afectados por la Minería; Environmental Defender Law Center; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras. Este mismo miércoles, el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, afirmó en rueda de prensa que “es una prioridad absoluta del gobierno del estado recuperar la armonía en la comunidad de Zacualpan, privilegiando el diálogo y respetando los distintos puntos de vista”. Añadió: “Los colimenses sabemos que tenemos un gobierno que no es represor y que opta siempre por el diálogo, antes que el uso de la fuerza”. En alusión a la solicitud de la Misión, de que el gobierno estatal garantizara el libre tránsito a Zacualpan, Rueda Sánchez acusó a los observadores de pretender “criminalizar la protesta” de un grupo de residentes, argumentando que son “gente extraña a la comunidad que insisten en que se les consigne por presuntos delitos”. Expuso Rueda Sánchez: “Creemos que encarcelar a la gente no debe ser nuestra prioridad, sino lograr que ese diálogo se dé, y aunque nos tome más tiempo y aunque nos tome más esfuerzo, recuperar la vida cotidiana y el orden en Zacualpan, esas son las instrucciones que tenemos del gobernador y a eso estamos dedicados”. Sin embargo, el martes en Zacualpan el gobierno estatal estuvo a punto de implementar un operativo para desalojar a los manifestantes con una tanqueta y el grupo antimotines, pero esta decisión fue cuestionada por los integrantes de la Misión, quienes se retiraron del lugar para “no avalar un acto de represión”, pues insistieron que demandaba al gobierno garantizarles el derecho al libre tránsito por la vía del diálogo y la negociación política con los inconformes. Rueda Sánchez adujo que cuando ha sido necesario legitimar el uso de la fuerza pública se ha hecho, privilegiando siempre la protección de los derechos de los colimenses, como la protección de la salud, el derecho al agua y el desbloqueo de carreteras. En cuanto a la labor de Misión Internacional, señaló que este grupo de visitantes “se presentó hace algunas semanas manifestando que les interesaba conocer la situación de la actividad minera en Zacualpan”, y “aun cuando se les brindó la información necesaria y les quedó claro que no hay ni habrá una mina en Zacualpan, como manifestaron era su temor”, ampliaron sus intereses hacia los temas de derechos humanos, “incluso hemos visto que pretenden inmiscuirse en la vida interna de la comunidad de Zacualpan”.