Iguala, Gro., (apro).- Por falta de apoyo del gobierno de Guerrero y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el comedor comunitario que atendía a las familias que a diario realizan búsquedas de fosas en los cerros aledaños a Iguala se vio forzado a cerrar. Ahora esas personas realizan ese arduo trabajo con el estómago vacío. Así lo denunció el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de los llamados Los Otros Desaparecidos, y manifestó su preocupación por las afectaciones que esa medida deja a las familias, ya que la mayoría de ellas son de escasos recursos y han dejado de acudir a las reuniones para organizarse, así como las terapias psicológicas o a realizar de trámites, como la toma de muestra de ADN o la revisión de su expediente. "Es la tercera semana que se suspenden los servicios del comedor comunitario porque no tenemos los recursos para que continúe funcionando. El gobierno del estado nos proporcionó una vez despensas y ahora que les hicimos nuevamente la solicitud nos indicaron que no pueden continuar por ser época de elecciones", puntualizó la coordinadora Xitlali Miranda. A su vez, el asesor jurídico del grupo, Anselmo Campuzano, señaló que como tampoco reciben apoyos a través de la CEAV, como lo ordena la Ley General de Víctimas, el grupo va a presentar "amparos masivos" contra la comisión por incumplimiento. "Ya no tenemos apoyo estatal del DIF ni de la CEAV, así que las personas no se pueden llevar un bocado a la boca. Un día la CEAV propuso dar 60 pesos por familia para que acudieran a las reuniones, pero vienen familias enteras y eso no les alcanza", explicó Miranda. Muchas de las familias son campesinas y de comunidades aledañas o de colonias apartadas de Iguala, agregó. Y la mayoría de los ausentes eran el sostén de sus familias, dijo. El comité surgió a partir de las primeras búsquedas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando fueron encontradas varias fosas con cuerpos que no eran de los estudiantes. Eso originó que otras familias denunciaran que ellas también tenían familiares desaparecidos. Se organizaron, crearon el Comité, se autonombraron "las familias de los otros desaparecidos", los casos aislados, los que no son los 43, e hicieron de su sello la búsqueda, en cerros, de los muertos anónimos sepultados en fosas. Hasta el momento han localizado a 52. La organización tiene registradas a 380 familias que acuden a Iguala porque sospechan que su pariente pudiera estar enterrado en alguno de esos cerros. Era tanta la afluencia que a finales de noviembre pasado instalaron un comedor comunitario en la Parroquia de San Gerardo María Mayela, lugar en el que se reúnen diariamente para llevar a cabo las expediciones a las fosas, donde niños y adultos reciben atención psicológica o realizan los trámites correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR). La semana pasada la CEAV instaló una manta en la que informó que en adelante toda persona que requiera servicios, tendrá que transportarse a Acapulco, Guerrero, o a Cuernavaca, Morelos. Cada martes que tienen reunión, explicó Miranda, acuden cerca de 150 personas. Algunos, pocos, acompañan diariamente a la PGR a supervisar las excavaciones, y los domingos decenas de familias suben a los cerros a ubicar fosas, bajo el sol, el día entero. Ahora lo hacen sin alimento. Esta semana se pudo verificar que pocos niños acudieron a su cita con los psicólogos. Ambos representantes de la organización lamentaron la situación. "Viene poca gente por falta de recursos, antes subíamos al cerro con una torta para cada uno, ahora subimos al cerro todo el día y la gente no tiene que llevarse a la boca", dijo la coordinadora entrevistada en el templo. Amparos contra la CEAV El abogado Campuzano anunció que la próxima semana recabarán los amparos contra la CEAV, por su incumplimiento de la ley, y espera juntar alrededor de 300, uno por familia. "La CEAV no ha tenido la más mínima intención de cubrir las necesidades de las víctimas como marca la ley, de cubrir las necesidades de atención, el traslado y alimentación, a pesar de tener presupuesto federal para eso", continuó. De acuerdo con el entrevistado, un funcionario de dicha comisión dijo a las familias que "las verdades no buscan dinero", lo que consideró una falta de respeto y una burla, ya que la ley establece que les tienen que pagar sus gastos para que no pierdan su patrimonio a causa de la búsqueda o por todos los trámites que deben realizar. Familias igualtecas han quedado "en la precariedad, casi en la indigencia", porque dejan todo por buscar, según el abogado. En su desesperación, el Comité ha "tomado" dos veces las casetas de las carreteras a Iguala por un par de horas, con el fin de recabar recursos para mantener el comedor y llenar los tanques de gasolina de los carros destinados a la búsqueda. Ahora, explicó Miranda, están bajo advertencia de las autoridades de que tomarán represalias si realizan ese tipo de acciones. Una vez el DIF les dio una despensa y 20 bicicletas para los niños, además de algunos insumos de cocina, pero no volvieron a recibir apoyo. En otro momento presentaron una carta ante la CEAV pidiendo despensa para sostener el comedor, pero se los negaron, de acuerdo con los entrevistados. Los representantes denunciaron que a partir del corte de alimentos, los padres y madres no llevan a los niños al templo. Antes iban a la ludoteca y a recibir atención psicológica, ahora los dejan en casa porque no hay recursos para alimentarlos. El comité envió una carta a la nueva titular de la PGR, Arely Gómez, en la que le solicitan que mantenga en su puesto a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Eliana García, y a Joaquín Torres, el enlace en Iguala, porque ellos han facilitado las búsquedas. Según las cifras oficiales, entre enero de 2007 y octubre de 2014 desaparecieron en México 23 mil 272 personas. Se perdió la pista de 9 mil 384 de ellas durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, 13 mexicanos cada día, el doble que en el periodo de Felipe Calderón. Incluso en ese contexto, la gestión del alcalde José Luis Abarca, en Iguala, fue especialmente brutal, a pesar de que las cifras no concuerdan entre sí ni con la realidad. Hay 102 desaparecidos, incluidos los 43 normalistas raptados por la policía el 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con los registros federales. La Procuraduría General de la República, por su parte, da cuenta de 207. En el templo igualteco de San Gerardo María Mayela, donde se reúnen los miembros del Comité de Familias de Víctimas de la Desaparición Forzada —una de dos organizaciones de familiares de las personas faltantes—, afirman que 247 familias se han realizado los perfiles genéticos necesarios para identificar los restos exhumados, y que la cifra asciende a 470 desaparecidos, sin contar a los 43 estudiantes.